La venta de niñas para el matrimonio aviva el escándalo en la montaña de Guerrero

Dos niños están recogidos en un centro de apoyo a las familias de Chilpancingo. Ella tiene 15 y él quizá un año más. Pertenecen a la comunidad na savi, en la alta montaña de Guerrero, y han huido de sus casas. Más bien, ella huyó y se refugió en la vivienda de él, su novio, porque la querían casar con otro a cambio de 200.000 pesos (más de 8.000 euros). No es un caso extraordinario, ocurre con frecuencia en esas tierras y en otras comunidades mexicanas. Lo que es extraordinario es que nadie sabe muy bien qué hacer con ellos, cómo darles una salida, porque volver a la comunidad no parece factible, han quebrantado el honor de la familia y del pueblo entero, les acusan. Es usual también lo que le ocurrió en la misma comunidad, unas semanas antes, a Angélica, otra muchacha vendida en matrimonio: su marido marchó a los campos de cultivo y ella se quedó sola a merced de su suegro, que la violó varias veces. Lo extraordinario, de nuevo, es que ella está escondida en una comunidad sin nombre, como si fuera una delincuente, por el delito de haberse rebelado contra la vida que le impusieron.

El pasado 10 de noviembre, la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se presentó en Tlapa con varios funcionarios, la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman, y autoridades de la zona. Al ritmo de tambores iban a presentar una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en la zona. Durante su campaña electoral ya prometió hacer de Guerrero un santuario para las mujeres. Pero esa estrategia no tiene solidez, ni liquidez, porque todavía se busca que les llegue dinero a las presidencias municipales para combatir esas violencias.

Hay varias versiones para el cuento de terror de Anayeli, la que dan los vecinos y la que prestó ella misma. Abel Barrera, el fundador de Tlachinollan, un centro de derechos humanos de la montaña guerrerense, cuyo personal estuvo siguiendo este caso y resguardando a los muchachos en su rebeldía, lo relata de este modo: “Diez días después de la llegada de la gobernadora a Tlapa, este lunes pasado por la noche, nos habló de forma anónima por teléfono una persona para comunicar que una niña estaba detenida en el calabozo de Joya Real, una comunidad perteneciente a Cochoapa el Grande”.

Sigue Barrera por teléfono, palabras más, palabras menos: El día de antes se celebró la clásica convivencia. La familia del contrayente mató una vaca y repartió cerveza. La víspera, sin embargo, no iba a traer boda. La muchacha escapó al siguiente amanecer, cuando se iba a celebrar el rito. Por ella habían negociado 200.000 pesos. Con la llegada del dinero de la migración a Estados Unidos, las cifras para comprar a muchachas han causado un gran escándalo, desnudando una práctica que no encuentra acomodo en este siglo, así se trate de usos, costumbres o tradiciones. Algunas se empiezan a rebelar, pero lo hacen afrontando los riesgos, quizá un castigo que las separe para siempre de sus familias.

Anayeli buscó refugio en casa de su novio de verdad, otro chiquillo que vive cerca de ellos. Querían escapar, pero adónde, quién los llevaría. Entrar y salir de la montaña por esos caminos intransitables son horas de automóvil, si es que hay uno disponible. A las claras del día, cuando la familia fue a buscar a la novia y halló la alcoba vacía se desató una búsqueda vecinal que pronto dio con sus presas. Al calabozo ambos. Y un tío de la niña y un primo, que fue, dicen, el que negoció con la familia del contrayente los 200.000 pesos de la venta.

“Cuando nos avisaron de la detención de los muchachos, llamé al secretario de la gobernadora, les dije que era un asunto urgente, pero no de qué se trataba. Que no tenían tiempo, que iban en carretera, que al día siguiente… Hablé con la fiscalía estatal y con la regional, por ver quién podía intervenir. Llamé a la comisión de derechos humanos, pero no me contestaron, así que marqué a la regional. Ahí sí”, dice Barrera.

A las siete de la mañana del día siguiente, el martes pasado, una comitiva de agentes de seguridad de todos los cuerpos y abogados de Tlachinollan salieron para Joya Real. El viaje se prolongó seis horas. Es mucho el aislamiento que viven esos pueblos. De toda clase. El comisario [alcalde] no se encontraba así que los Principales, un comité de hombres mayores que dictan y hacen cumplir las leyes a seguir en la comunidad, se encargaron de recibir a la comitiva. En efecto, dijeron, la niña estaba encerrada por haber desobedecido la palabra dada, vulnerado un honor cuyo agravio acusa todo el pueblo. Y se había pagado un dinero. Y de la vaca, ni los huesos ya.

En México están prohibidos los matrimonio a esas edades, pero la ley es una cosa y la tradición otra. Ante los Principales y otros responsables comunitarios, las autoridades del Estado y federales ven disipada su fuerza. Con todo, los abogados de Tlachinollan consiguieron finalmente sacar a los niños de allí y bajarlos montaña abajo hasta Tlapa. Hubo conversaciones durante horas con las familias, con los novios, los de verdad, que no querían ir al centro de apoyos a las familias (DIF) de Chilpancingo. “Desde las 11 de la mañana hasta las nueve de la noche estuvimos buscando una salida”, dice Barrera, pero falta lo más arduo: que entre en razón la familia que compró a la niña y la vaca. Ellos reclaman lo pagado. Los padres de la muchacha han quedado en reunir ese dinero, “pero el asunto no es ese, sino proteger a la niña, hacerles entender que estas cosas no se pueden hacer así, que no se negocian los matrimonios”, dice Barrera. Y dice también que “hay que cerrar heridas”.

En el DIF, los psicólogos atienen a los chicos, dejan que sus familias les visiten, asegura Barrera, pero nadie ve prudente que vuelvan al pueblo por ahora. Él estaba estudiando, ella no. Ambos se dedican por largas temporadas a los jornales en el campo. “La escuela sigue sin ser una opción para mejorar sus condiciones de vida, menos para ellas, que salen pronto para casarse”, admite Barrera. La muchacha tiene una madrastra y un padre recientemente fallecido, afirman en Tlachinollan. Y una timidez extrema que la ciudad no hace más que acrecentar.

“El problema es que no hay un protocolo de ayuda urgente para esos casos. Cuando vino la gobernadora no invitaron a participar activamente a las mujeres indígenas. Nosotros sí fuimos invitados, pero tampoco pudimos hablar”, se queja Barrera. “Ni se hizo el gesto de comunicarse en la lengua materna de estas comunidades”. No es un detalle menor, porque son muchos los que desconocen el español. Barrera no sabe en qué va a acabar este asunto. “No hay mecanismos de alerta, de acción efectiva. Nosotros solo somos una asociación civil, pero el Estado es el que debe proteger a estos niños”.

Varias veces el asunto de la venta de niñas le ha salpicado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos meses, esta práctica saltó con fuerza a los medios de comunicación y fue preguntado por ella. Siempre responde que no es algo generalizado, que no se puede culpar a las comunidades y que esos pueblos están llenos de valores. El mandatario visitó un par de días Guerrero, pero ese era un asunto, dijo, que no había ido a tratar, porque no era la regla, sino la excepción. Declaró que la difusión de esos matrimonios forzados obedece a “una campaña de quienes no conocen las comunidades ni las culturas de los pueblos”.

La asociación de derechos humanos Tlachinollan lleva trabajando años en la montaña. Conoce y defiende los “valores culturales, morales y espirituales” de esos pueblos que ensalza en presidente. Pero no dejan de denunciar la venta de niñas, un asunto, dicen, que tiene que acabar.

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