El Gobierno de México destinará un 3,3% del total del Presupuesto para 2022 en reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres. Más de 232.000 millones de pesos (11.193 millones de dólares) que representan un 75% más que la partida de hace un año. Sin embargo, casi el 90% de dicha cantidad irá destinada a los programas prioritarios de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que los programas que atienden a víctimas de violencia o se encargan de las alertas de género en los Estados verán recortado su presupuesto o tendrán incrementos insignificantes por debajo de lo que ha crecido la inflación.

Mientras el Gobierno dobla los recursos para Jóvenes construyendo el futuro, las Becas Benito Juárez para jóvenes, Sembrando Vida o el Programa de pensiones de adultos mayores, especialistas en el combate contra la violencia de género e integrantes del movimiento feminista miran con desconfianza que se alimenten los programas insignia de la Cuarta Transformación con el presupuesto destinado para igualdad, no discriminación y erradicación de la violencia, cuando es cuestionable si realmente cumplen con ese fin por su falta de perspectiva de género. “No queda muy claro cómo [los programas prioritarios] contribuyen a cerrar la brecha de desigualdad que es para lo que fue creado el Anexo 13 en los presupuestos. Por ejemplo, no está claro cómo la bolsa de pensiones va a combatir la brecha de género, cuando ni siquiera se da más pensión a las mujeres por representar el 52% de la población”, señala Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar. La experta en presupuesto Magdalena García Hernández lo explica como “transversalidad inexistente” y advierte que se corre el riesgo de que realmente con el gasto destinado a igualdad no se cierren las “desigualdades existentes entre mujeres y hombres”.

Desde 2008 el movimiento feminista en el país impulsó de manera legislativa la creación de una partida presupuestaria, conocida como Anexo 13 del Presupuesto General, que asegura cada año una parte del dinero público para programas de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, año tras año las cuentas salen peor.

Por mucho que los gobiernos pretendan aparentar que cada año se destine más al tema, la realidad es que los mayores recortes en el Anexo 13 se los llevan los programas de deberían ser prioridad. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.

Por cuarto año consecutivo la Secretaría de Bienestar es la que cuenta con más asignación de recursos con 139.945 millones de pesos; seguida por las Secretaría de Educación Pública y Agricultura con 54.829 millones de pesos y 11.296 millones, respectivamente. Del total del presupuesto de Bienestar, el 91% de los recursos se destinaron al programa de pensiones. El Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en los Estados (PAIMEF) tuvo un aumento del 0.04%, mientras que el Programa de Apoyo a para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras experimentó un retroceso de 3,6%, respecto al año pasado. Dentro de las pequeñas subidas el Programa de salud sexual y reproductiva se incrementó 0,1% y el de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres un 3%.

“El planteamiento del Gobierno es que si hay receptoras mujeres en el programa ya tiene perspectiva de género, y esto no es así”, argumenta Matilde Pérez del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Fundar. De acuerdo con las investigadoras, la ley solo obliga a las dependencias a justificar cuánto presupuesto entregan para la partida de Igualdad, pero no para qué sirvió y cuáles fueron sus impactos. En palabras de García Hernández “no existe un indicador con el que constatar si los programas sirvieron para reducir la desigualdad”. De esta manera, en el Anexo 13 se pueden encontrar epígrafes tan dispares como: Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral, Fertilizantes, Adquisición de leche nacional o Programa de vacunación.

Recortes para luchar contra la violencia machista

La violencia feminicida en México crece tan deprisa que el poco avance en el presupuesto y los recortes durante la pandemia han impedido poner un verdadero freno a un problema que desangra al país. “Nos parece que los recursos no solo son insuficientes frente a este contexto de violencia, sino que no están siendo progresivos, han decrecido”, recalca Matilde Pérez. “El presupuesto destinado a igualdad de todo el Estado es muy poquito para los problemas de violencia machista que tiene México”, agrega Andrea Larios.

Con 11 asesinadas cada día, las consecuencias de esos recortes se traducen en vidas de mujeres y niñas. Rebasadas por el aumento de las llamadas de auxilio durante la pandemia — un 32% en 2020, según datos oficiales —, las organizaciones exhortan al Gobierno a que no las condene al ostracismo. “La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia provocada por la covid. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión”, afirma Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Ciudad de México.

En 2022 la red de albergues para mujeres recibirá 420 millones de pesos (20 millones de dólares) un 0,04% más que en 2021. Esta cantidad solo representa el 0,3% del total del presupuesto de la Secretaría de Bienestar. “Si se analiza con detalle el aumento en la asignación no es significativo porque ha aumentado la cantidad de refugios entre los que se va a repartir el monto”, explica la directora que valora el esfuerzo de parte del Gobierno por aumentar un poco el presupuesto para albergues. Sin embargo, tendrán que buscar recursos adicionales en la iniciativa privada. De lo contrario, tendrán que cerrar. “Hay que encontrar la manera de conseguir el recurso porque no vamos a dejar de atender a las mujeres que requieren ayuda profesional”, asegura.

En un análisis desagregado los recortes continúan en acciones clave contra la violencia machista. Por ejemplo, en el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra la mujeres, el conocido como programa E015, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) se recortó 1,5% del presupuesto de 2021. También se han guillotinado las Acciones para implementar las alertas de género en el país 3,6%, pese a que 22 de 32 Estados tienen activado este mecanismo contra la violencia, por ser entidades especialmente peligrosas para la seguridad e integridad de las mujeres. Sumado a lo anterior, el Programa de construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) también sufrió un recorte de 3,6% al pasar de 126 millones de pesos a 122 millones y el Programa para la atención y prevención de la violencia se rebajó 0,3%.

Al margen de los recortes, el Instituto Nacional de las Mujeres, entidad responsable de impulsar y garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el Gobierno mexicano tiene una pequeña subida en sus montos, aunque todavía sigue por debajo del presupuesto del que disponía a principios del sexenio. Para 2022 InMujeres contará con 873 millones de pesos, un 1,4% más que en 2021. Sus dos programas: Fortalecimiento de la Igualdad y Transversalidad en 2020 sufrieron un fuerte mazazo tras el decreto presidencial que obligaba a las dependencias públicas a recortar el 75% de su presupuesto. Del monto de 805 millones aprobados, InMujeres solo pudo ejercer el 68% del presupuesto, el resto quedó congelado por la Secretaría de Hacienda. Un retroceso para las políticas públicas de igualdad.

En 2020, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano asegurar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva en el país. Las alarmas de organizaciones, activistas e integrantes del movimiento feminista vuelven a saltar después del año de recortes de la pandemia.

“Mantener relegado el presupuesto para la igualdad en una ínfima posición es el reflejo misógino de un Gobierno que no termina de asumir que las mujeres somos una pieza fundamental del desarrollo de México”, asegura Lucía Lagunes. Y sentencia: “Cuando las mujeres consiguen mayor igualdad y mejores condiciones de vida, nuestro entorno mejora porque solemos ser una pieza fundamental en la sociedad para revertir la pobreza y la desigualdad”.

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