Un juez federal dicta prisión preventiva contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya
El magistrado ha cambiado la medida cautelar tras considerar que existía riesgo de fuga del exfuncionario, implicado en la trama de corrupción de Odebrecht
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, implicado en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pasará su primera noche en una prisión mexicana. En un giro inesperado, un juez federal ha dictado prisión preventiva justificada contra el exfuncionario de la petrolera estatal a petición de los fiscales, quienes aseguraron que Lozoya utilizó su petición de criterio de oportunidad para “dilatar y obstaculizar el proceso en su contra”. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el abogado de Pemex respaldaron la petición de prisión preventiva asegurando que el implicado contaba con los recursos suficientes para darse a la fuga. Durante su intervención, el exdirector de la petrolera estatal aseguró que era inocente y que está llegando a un acuerdo para reparar el daño, aunque no haya tenido responsabilidad. Por los delitos que se le imputan, lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, Lozoya podría pasar hasta 35 años en prisión.
A su salida del Reclusorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros, parte de la defensa de Lozoya, ha adelantado que se interpondrá un recurso para solicitar la suspensión en el ejercicio de la acción penal y con ello lograr la liberación de su cliente. “Estamos ciertos que la vía es el acuerdo con la Fiscalía de la República, confiamos en los jueces. (Lozoya) está muy tranquilo muy confiado y vamos a trabajar para el acuerdo de reparación del daño”, ha declarado a su salida del penal. El litigante aseguró que en la audiencia se ofreció a Pemex una propuesta de reparación del daño para que proceda el criterio de oportunidad por lo que esperan que puedan reunirse a la brevedad con los abogados de la petrolera estatal.
La primera audiencia presencial de Lozoya, desde su extradición desde España, tuvo una duración de cinco horas. El exdirector de Pemex llegó a bordo de una camioneta de lujo al penal de la Ciudad de México alrededor de las 9.00 horas, acompañado de sus tres abogados. Una hora más tarde comenzó la audiencia en la que, por sexta ocasión, la defensa solicitó una prórroga de 60 días para terminar con la investigación complementaria. La Fiscalía, por el contrario, pidió al juez que se declarara cerrada la etapa de investigación, argumentando que los documentos a los que aludían los abogados del acusado ya están integrados en la carpeta de investigación. Al final, el juez optó por conceder una prórroga de solo 30 días bajo los argumentos del debido proceso y los derechos de la defensa, además de que instó a la Fiscalía a recabar más datos y pruebas contra el imputado.
Los acuerdos con la Fiscalía se agotaron para Lozoya. Hasta ahora, el exfuncionario había gozado de restricciones leves a pesar de estar formalmente imputado de graves delitos de corrupción gracias al polémico acuerdo con la Fiscalía bajo la figura de colaborador protegido por el caso Odebrecht. La prisión preventiva justificada en su contra es dictada a poco menos de un mes de la difusión de una serie de fotografías en las que se observa al exdirector de Pemex disfrutando con un grupo de amigos en un exclusivo restaurante del norte de la capital. Las imágenes fueron parte de las pruebas de la defensa de Pemex para asegurar que el exdirectivo no estaba cumpliendo con las medidas cautelares dictadas por la Fiscalía.
La #UIF participa en la audiencia del caso Odebrecht. Hemos argumentado a favor de la postura de la @FGRMexico de revocar la medida cautelar a Emilio L y sustituirla por prisión preventiva.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 3, 2021
Desde su llegada a México, en julio de 2020, la apuesta de la defensa de Lozoya ha sido apuntar a lo más alto de la pirámide del poder mexicano para lograr beneficios temporales para su cliente. El acusado ha señalado al expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, Luis Videgaray, de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.
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