La Fiscalía busca acelerar el juicio contra Lozoya

La Fiscalía no necesita más pruebas y quiere acelerar ya el juicio contra Emilio Lozoya. Por primera vez, el Ministerio Público ha rechazado una solicitud de prórroga del exdirector de Pemex y el laberinto de dilaciones y retrasos que empezó hace casi año y medio con la imputación de Lozoya por los sobornos millonarios de Odebrecht parece por fin cerca de encontrar una salida. Un juez federal resolverá mañana miércoles si concede, contra la posición de la Fiscalía General de la República (FGR), seis meses más a la defensa o cierra la fase de investigación para entrar en el juicio. Tras la mediática detención de Lozoya en España, su extradición y un polémico acuerdo de colaboración con la Justicia que le mantiene de momento sin pisar la cárcel, el exdirector de Pemex se enfrenta ahora al momento decisivo.

Alrededor de Lozoya gravita la derivada mexicana del caso Odebrecht, la trama de corrupción que en los últimos años ha puesto en jaque a la clase política en varios países latinoamericanos. Desde su imputación en julio del año pasado por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho, la apuesta de la defensa ha sido apuntar a lo más alto de la pirámide del poder mexicano para lograr beneficios temporales para su cliente. Lozoya ha acusado al expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, Luis Videgaray, de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.

El reto pendiente es acreditar toda esa catarata de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores, a la vez que dibujan a Lozoya como una pieza menor que apenas se limitaba a cumplir órdenes dentro de un engranaje de corrupción diseñado directamente desde Los Pinos. La estrategia de la defensa ha convertido al exdirector de Pemex en una especie de testigo colaborador protegido. La concesión del llamado criterio de oportunidad requiere que el detenido aporte “información esencial y eficaz de un delito más grave”. A cambio, puede incluso conseguir la retirada de la acción penal. Es decir, quedaría libre sin haber iniciado siquiera el juicio.

A ese punto crucial se acerca el proceso de Lozoya tras año y medio de investigación y aportación de pruebas por parte de la defensa. Si el juez decide no conceder una nueva prórroga -sería la sexta- se abriría un plazo definitivo de 15 días para preparar la audiencia en la que se determinará si cabe el criterio de oportunidad y Lozoya queda libre; o se abre la fase de juicio que desembocaría en una condena. La defensa ha justificado la enésima extensión del plazo en la no respuesta todavía desde la Procuraduría de Brasil a un requerimiento para saber si sigue vigente el acuerdo de colaboración con Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien acusó por primera vez a Lozoya de recibir sobornos de la constructora.

La negativa de la FGR de dar más tiempo al acusado y la posterior decisión del juez federal llegará después de una nueva polémica en torno a Lozoya. Una foto subida a las redes sociales un sábado del mes pasado en la que aparece cenando en un restaurante de lujo con un grupo de amigos volvió a despertar la indignación en México sobre un caso que se perfilaba emblemático en la lucha contra la impunidad.

Pese a estar formalmente imputado de graves delitos de corrupción, gracias al polémico acuerdo con la FGR, el castigo del exdirector de Pemex se ha limitado por ahora a la retirada de su pasaporte y la colocación de un brazalete de seguimiento durante todo este periodo de estancamiento en las investigaciones, que ya ha superado de largo el plazo legal de seis meses. De momento, tampoco las acusaciones de Lozoya han tenido apenas consecuencias. Tan solo uno de los señalados está en prisión. En abril, el exsenador del PAN Jorge Lavalle fue procesado por recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética a comienzos del mandato del expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto.

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