México avanza a paso lento hacia la conectividad 5G

La quinta generación de redes móviles, mejor conocida como conectividad 5G, está aún lejos de llegar a México. No solo la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus ha demorado el despliegue de este tipo de redes en el país, sino el alto costo que supone la adquisición de espectro para las compañías operadoras, el cual constituye la materia prima principal para que el 5G empiece a funcionar.

La tecnología 5G trae nuevas posibilidades para los usuarios de telecomunicaciones, pero también para la industria, como un mayor ancho de banda que se traduce en mayores velocidades de descarga (de hasta 10 gigabytes por segundo), además de que se aumenta la capacidad de dispositivos que pueden estar conectados, lo que abre la puerta al internet de las cosas.

Desde inicios de año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso en marcha la licitación de espectro para el despliegue de 5G, que deberá terminar a finales de año. Sin embargo, la más reciente subasta resultó un fracaso, al solo colocar tres bloques de espectro de un total de 41 bloques subastados, repartidos entre dos únicos interesados: Telcel, propiedad de América Móvil, y la estadounidense AT&T.

El propio IFT ha reconocido que los altos precios que deben de pagar las empresas “inhiben la participación en las licitaciones”, según indicó al finalizar la subasta realizada hace unos días. Para Gonzalo Rojón, director de análisis de la firma especializada The Competitive Intelligence Unit (CIU), el precio provoca que el despliegue vaya retrasado por lo menos tres años. “El espectro es esencial para que funcionen las redes de nueva generación, las empresas se encuentran con la disyuntiva del costo para poder ofrecerlo”, señala en entrevista. Por esta subasta, el Estado mexicano percibirá ingresos por 1.351 millones de pesos (unos 66 millones de dólares), al que se suman otros 6,7 millones de pesos que deben gastar los operadores por el uso de espectro en los siguientes 20 años.

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos aprobada por el Poder Legislativo para este año supone un precio 60% superior a los que se cobran a las empresas a nivel internacional, de acuerdo con datos del IFT. El paso hacia el 5G resultaría natural gracias a la rápida adopción de los usuarios de tecnología. Hacia la primera mitad de 2021, se contabilizan 127,7 millones de líneas móviles activas en el país y de ellas, el 92,7% se asocia a un teléfono inteligente, capaz de hacer uso de las mejores frecuencias para obtener una velocidad de conexión óptima. Sin embargo, el despliegue actual sigue siendo poco eficiente para los dispositivos.

De acuerdo con la asociación internacional GSMA, para el 2025 el despliegue de la red 5G debería llegar al 12% de los dispositivos actualmente conectados a redes 4G, pero el poco apetito de las empresas por participar en las subastas se suma a una baja en los ingresos de los tres principales operadores durante el 2020 de hasta 18,2% y que apenas se ha empezado a recuperar en el segundo trimestre de este año.

Menos despliegue, menor competencia

Pero no solo se trata de baja participación. A mediados de 2020, Telefónica inició un proceso de devolución de espectro debido a los altos costos que le supone, con lo que pretendía ahorrarse unos 5.000 millones de pesos (unos 210 millones de euros) y compensó con una alianza con AT&T para hacer uso de sus redes y así ofrecer el servicio. “El espectro también es un vehículo para que haya más competidores y así mejores ofertas para los usuarios, cosa que actualmente no sucede”, refiere Rojón.

Telefónica, quien optó por regresar el recurso, cuenta con 25,7% del total de líneas móviles a mediados de 2021 en México, en contraste con el 61,6% de participación que tiene Telcel, de América Móvil o el 14,9% de líneas que ostenta AT&T, mientras que los operadores móviles virtuales cuentan con 4,2 millones de líneas o 3,3% del total del mercado en el país.

Así, para que haya despliegue de infraestructura en zonas con poca oferta de redes corresponde al Congreso y a las legislaturas locales, quienes en los próximos meses determinarán si el costo de la materia prima para el despliegue seguirá alto en función a la recaudación fiscal o permitirán precios más accesibles para las compañías participantes.

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