Tarjetas llenas de promesas a cambio de votos: una práctica clientelar que inunda la campaña electoral en México

La última gran pelea electoral en México mide menos de nueve centímetros por seis de ancho. La entrega en campaña de tarjetas electorales, similares a las de prepago, ha arreciado el debate sobre la legalidad de este mecanismo aplicado ya en comicios anteriores y utilizado para coaccionar el voto. Vacías de crédito, pero llenas de promesas, los plásticos que han entregado decenas de candidatos garantizan apoyos económicos o planes sociales solo si el promotor resulta ganador en las próximas elecciones del 6 de junio. Un vacío legal en el que han caído las estrategias de la campaña ante la imposibilidad de repartir plásticos con dinero, considerados por la ley como una forma directa de comprar votos. Tres analistas explican a EL PAÍS cómo impacta esta práctica clientelar en los comicios más grandes de la historia del país.

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Adrián de la Garza, candidato del PRI en Nuevo León, repartió a mujeres “en condición vulnerable” unas tarjetas que, disfrazadas de política de género, prometían recibir 750 pesos mensuales, unos 37 dólares. Una promesa que se cumpliría únicamente si el priista ganaba la elección. “Está comprando el voto”, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la práctica se repite en todos los partidos. La ley mexicana castiga a aquel que “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación”. La justicia, sin embargo, se juega en la letra chica y lo que importa es la interpretación, dice César Astudillo, especialista en Derecho Electoral.

La práctica de entregar tarjetas con crédito a cambio del voto fue penada por la justicia tras el caso Monex, en el que se acusó al entonces candidato Enrique Peña Nieto de canalizar dinero a través de tarjetas bancarias para conseguir apoyos en la elección de 2012. Desde entonces los partidos se han volcado a buscarle la trampa a la ley. En lugar de entregar plásticos con dinero, los ofrecen vacíos bajo la promesa de que tendrán crédito una vez el candidato gane, algo que de momento no está penado. “No es lo mismo entregar una tarjeta con dinero que un folleto que dice que si se gana se dará el dinero. La campaña es hacer promesas. Ese es el punto débil de la ecuación”, explica Astudillo. “Es la versión más desarrollada de los métodos clientelares”.

Reynaldo Ortega, investigador del Colegio de México, afirma que de esta forma “los candidatos han encontrado un resquicio en la ley para usarlas”. Gran parte de los votantes que recibe la tarjeta siente un compromiso por el candidato que se las ha dado, asegura. “Los estudios que tenemos nos dicen que las personas a quienes se les entregan se sienten moralmente obligadas porque les dieron un regalo. Este tipo de mecanismo sí ejerce influencia, sobre todo en los actores que tienen menos recursos”, explica. Señala además que esta práctica clientelar es más eficiente en comicios que se prevén ajustados, porque ahí es donde un puñado de votos tiene más peso.

Muchas de las tarjetas ofrecen programas sociales diseñados para atender problemas que enfrenta la población, como violencia de género, inseguridad o falta de acceso a la salud. Como el caso de los plásticos promocionados por Víctor Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, y candidato de Morena a la reelección. La tarjeta violeta, como la anunció en abril pasado, estaba pensada para atender la violencia económica que sufren unas 170.000 mujeres en esa parte de la capital mexicana. “Lo que hacen es relevar al Gobierno de sus responsabilidades. Hay cosas que no son ofertas de campañas, que son obligaciones del Estado, y los políticos lo convierten en una oferta”, dice Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

El debate que no se está dando, asegura Bohórquez, es cómo impedir que estas prácticas sigan sucediendo. “La única forma para evitarlo es a través de un ingreso básico universal, que todos reciban una transferencia directa mensual para que no tengan que depender de las promesas electorales”. La raíz del problema es la incapacidad del Estado para garantizar los derechos básicos, coincide Ortega. “Tenemos un Estado muy débil, y por esas debilidades es que este tipo de mecanismos son útiles. Si existiera un Estado que garantizara la salud pública, la educación universal y las pensiones, estos mecanismos no serían eficaces”.

Pese a que no hay una forma clara de comprobar que el votante haya elegido al promotor de la tarjeta, algunos partidos exigen a las personas que saquen fotografías con sus celulares para demostrar su apoyo antes de darle el beneficio que prometieron, explican los analistas. “Es probable que quien entregó la tarjeta pida los datos del beneficiario, coaccione diciendo que tiene sus datos. Eso no se puede hacer, pero lo usan como enganche para que la gente se asuste”, afirma Astudillo. “Todos los partidos utilizan este mecanismo de condicionamiento y lucran con la necesidad de las personas”, concluye.

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