Elecciones México

Las acusaciones de fraude fiscal y vínculos con el narco sacuden el pulso entre Samuel García y Adrián de la Garza en Nuevo León

Rodeados de denuncias por lavado dinero o nexos con el crimen organizado, los dos candidatos principales a la gubernatura niegan la mayor y apuran sus opciones de triunfo

Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano (izquierda) y Adrián de la Garza de la coliación PRI-PRD.
Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano (izquierda) y Adrián de la Garza de la coliación PRI-PRD.RR.SS.

Siempre polémica, la campaña a gobernador en el rico Estado de Nuevo León, en el norte de México, llega a la recta final entre graves acusaciones contra los principales aspirantes. En abril, la prensa ventiló una investigación de la Secretaría de Hacienda contra Samuel García y su entorno por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Candidato de Movimiento Ciudadano, García lidera actualmente las encuestas. El nombre de su principal contrincante, Adrián De la Garza, contendiente por la coalición PRI-PRD, ha aparecido ligado a presuntos narcotraficantes desde hace años.

La gravedad de los señalamientos apenas parece afectar al electorado, acostumbrado a la guerra sucia en contextos electorales, vacunado contra las habituales cadenas de exabruptos que intercambian los candidatos. El actual gobernador, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, se alzó con la victoria en 2015 pese a las acusaciones de maltrato a su exmujer. “Fue una perversidad de la candidata del PRI”, se defendió entonces Rodríguez.

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El Bronco encantó a los votantes con un mensaje de fuerza, de rechazo a la delincuencia. Él mismo había sufrido un atentado como alcalde de García, uno de los municipios pudientes del área metropolitana de la capital, Monterrey. Seis años más tarde, con la población medio asfixiada por la pandemia, los candidatos alejan su discurso de la delincuencia y atajan las acusaciones en su contra aludiendo a la guerra sucia, como si los delitos no fueran más que invenciones de sus contrarios.

El caso de De la Garza es paradigmático de lo anterior. Exalcalde de Monterrey, procurador de justicia durante el Gobierno de Rodrigo Medina, burócrata de la Fiscalía estatal durante años, el candidato aparece en el centro de una polémica que lo vincula con el grupo criminal Los Zetas. Preguntado al respecto, el equipo de De la Garza contestó a EL PAÍS que la polémica en realidad es un montaje organizado por uno de sus enemigos.

En 2009, cuando De la Garza era director de Averiguaciones Previas de la procuraduría, el Ejército detuvo a varios presuntos integrantes de Los Zetas en Monterrey. Según explicó más tarde el jefe del Ejército en la zona, el general Francisco Juan Aboytes, los detenidos guardaban un documento con nombres, apodos o códigos de autoridades junto a cantidades de dinero. En el documento, del que EL PAÍS tiene copia, aparece el nombre de De la Garza.

El general Aboytes avisó entonces al jefe de De la Garza, el procurador Alejandro Garza y Garza. En una carta fechada el 23 de diciembre de 2009, el militar escribió: “Se obtuvo información en el sentido de que los individuos que se describen en la información anexa [el documento incautado a Los Zetas] se encuentran relacionados con actividades que realizan diversos grupos delictivos en la entidad”.

Cuestionado por este asunto, un vocero de De la Garza dijo a este periódico que “en esa época, el subprocurador de justicia de Nuevo León, Aldo Fasci -actual secretario de Seguridad del Estado-, implementaba este tipo de prácticas, la generación de libretas, narconóminas, para señalar a algún policía o elemento de seguridad. Ahora, la hija de Fasci está en la campaña de Samuel García”.

Preguntado al respecto, Fasci dijo que él trabajó en realidad en la procuraduría de 2003 a 2007 y que después pasó a la secretaría de Seguridad Pública, hasta octubre de 2009. Del caso concreto del documento incautado presuntamente a Los Zetas, Fasci añadió que “no le consta nada”. En todo caso, explicó, “la ley me impide hablar de cualquier tema que incida en las elecciones, salvo que exista una incriminación o acusación concreta.”

No es el primer señalamiento de cercanía entre De la Garza y este grupo criminal. En 2016, EL PAÍS informó sobre un informe elaborado por la policía española a partir de llamadas que el presunto enlace de Los Zetas en Europa, Juan Manuel El Mono Muñoz, realizó durante los años anteriores. El informe decía: “En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y ex procuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (exprocurador de Coahuila)”. De la Garza negó todo contacto con Los Zetas o Muñoz.

García y la falta de respuestas

En abril, la prensa mexicana informó de que Hacienda investigaba a Samuel García y su entorno desde hacía años. Primero, el portal La Silla Rota señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda estaba preparando una denuncia por presunta “defraudación y evasión fiscal por prácticas de outsourcing” contra el despacho de abogados del padre de Samuel García. Entonces, el candidato contestó con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Ya empezó el golpeteo y la guerra sucia”.

A finales de mes, Animal Político detalló que la indagatoria trascendía a la UIF y al propio entorno de García e incluía al mismo candidato. Según la nota del portal, García recibió transferencias por 26 millones de pesos en 2012 de una empresa catalogada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria. Además, el candidato posee el 35% de las acciones de una empresa, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, que habría recibido 170 millones de pesos de empresas que a su vez aparecen como accionistas de la primera. Según Animal Político, los investigadores analizan si SAGA “es una compañía que solo funciona como concentradora de recursos para luego dispersarlos”.

Ante este último señalamiento, el candidato contestó: “Estoy dispuesto a dar explicaciones a cualquier autoridad que lo solicite de manera formal, pero eso no va a pasar porque todo esto es solo guerra sucia que sale del búnker del PRI”.

Al menos en público, ni García ni De la Garza han dado explicaciones que eviten la lógica propagandística propia de la contienda electoral. García no ha explicado de dónde le llegaron los 26 millones de pesos en 2012, cuando aún no había ocupado cargos públicos y era socio en el bufete de su padre. Tampoco ha explicado el origen o la naturaleza de las empresas que fundó o ha sido accionista. Por su lado, De la Garza nunca ha explicado por qué la policía española lo vincula a El Mono Muñoz o por qué su nombre aparecía en un documento requisado a Los Zetas.

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