La efectividad de la Justicia y la libertad de prensa retroceden en 16 estados

México no consigue progresar hacia un mejor Estado de derecho. La organización internacional World Justice Proyect (WJP) ha evaluado por tercer año consecutivo el sistema de justicia, la percepción de corrupción y la libertad de prensa, entre otros factores, sin notar grandes mejorías para el desarrollo de un Gobierno responsable y respetuoso con los derechos fundamentales. La investigadora Lesli Solís apunta a que los resultados evidencian “un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de derecho robusto”, ya que solo hay “cambios marginales” desde el año pasado y desde el primer Índice realizado en 2018. La mayor preocupación se centra en la falta de seguridad, el declive de la libertad de prensa y la ausencia de medidas de justicia abierta y digital durante la pandemia.

El informe de Índice de Estado de Derecho del WJP es el resultado de encuestas masivas que sirven para identificar las fortalezas y debilidades de cada Estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de derecho en México. Los indicadores que se evalúan son los límites al poder gubernamental en cada país, la ausencia de corrupción, la existencia de un Gobierno abierto y transparente, la protección a los derechos fundamentales, la eficacia en el orden y la seguridad, el cumplimiento de las leyes y la competencia de su sistema judicial. Desde 2018, el primer año que se realizó este estudio, no ha habido variaciones significativas en los indicadores, y ninguna entidad federativa supera la puntuación de 0,47 en una escala que va de 0 a 1 para medir la adherencia al Estado de derecho.

Los Estados con los puntajes más altos han sido Yucatán (0,47) —que ha ocupado esta posición desde 2018—, Coahuila (0,45) y Campeche (0,44). Por el contrario, los Estados con menos puntuación han sido Quintana Roo (0,34), Puebla (0,35), y Morelos (0,36). Cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso notable en sus puntajes generales desde la primera encuesta: Baja California Sur (de 0,35 en 2018 a 0,43 en 2020-2021), Guerrero (de 0,29 a 0,36), Sonora (de 0,36 a 0,40), y Nayarit (de 0,37 a 0,42).

El principal problema para mejorar el índice es que la seguridad continúa siendo uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de los especialistas consultados durante 2020. Sin embargo, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los Estados. La ausencia de delitos mejoró en 26 Estados durante 2019.

En 16 Estados disminuyó la puntuación de la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el debido proceso. El informe apunta a que la limitación del acceso a servicios de Justicia por medios remotos y colaborativos abiertos y digitales durante la pandemia socavaron el sistema judicial.

“La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”, señala el documento. También insiste en la falta de efectividad en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público, el mayor desafío del sistema judicial. Los delitos que no se denunciaron o para los que no se inició una carpeta de investigación se estimaron en un promedio del 92,4% del total en los 32 estados.

Además, los datos del índice de 2020 muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico. En 16 Estados al medir si periodistas, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de partidos políticos o activistas podían reportar y comentar libremente sin temor a represalias, los índices se hundieron. Los investigadores señalan que, a pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país