Después de ‘La Lista’

Han pasado nueve meses y no hay certeza de que algo vaya a cambiar. Rumores, de eso sí hay. Rumores sobre el cierre de la prisión federal de Villa Aldama, cerca de Perote, en Veracruz; sobre el presunto traslado del preso Francisco Soto a una cárcel distinta; de brotes de covid desatendidos en el centro penitenciario… Pero son solo eso, habladurías. Lo único que Tanya Páramo sabe de verdad es que hace nueve meses que no ve a Soto, su esposo.

La última vez que le visitaron fue el 10 de febrero. Viajaron Tanya y sus hijas, Marifer, de 16 años y Aitana, que acaba de cumplir 14 meses. Salieron el día anterior de Ciudad de México, como hacen siempre, tomaron un autobús y llegaron a Perote. Se hospedaron en el hotel Alcatraz, a unos cientos de metros de la prisión. Hacía frío en el pueblo, frío “normal de ahí”, como dice Tanya.

Tantos años después, el caso que llevó a Soto a prisión apenas aparece en las conversaciones entre ellos. Y menos en los días de visita, las pocas horas al mes en que todos están juntos. Esta cárcel ya forma parte de la leyenda familiar: aquí celebró Marifer su fiesta de 15 años, aquí fue concebida Aitana.

Pero el caso aparece de vez en cuando, en forma de comentarios sobre acciones procesales, el estado de un amparo, de un recurso, la admisión a trámite de un escrito. Es difícil ignorarlo, su vida gira en torno a este asunto desde hace casi 10 años. Y si bien ya no hablan del principio, la detención, aquellos días raros en Saltillo, los malos ratos en el cuartel militar, el recuerdo mueve todo lo demás.

Hace casi 10 años, el 13 de marzo de 2011, agentes de la Fiscalía militar mexicana detuvieron al subteniente Francisco Soto en su cuartel, en Saltillo, Coahuila. Soto vivía con Tanya y Marifer en los departamentos del cuartel, como la mayoría de sus compañeros. Entre otras tareas cuidaba de los perros del batallón, los “binomios canófilos”, como le dicen en el Ejército. La historia de Soto y Tanya es el núcleo de la serie en podcast que ha publicado EL PAÍS en colaboración con Así Como Suena desde septiembre, y que este viernes estrenó su último episodio.

Aquel 13 de marzo de 2011, domingo, su comandante le llamó temprano. Le pidió que fuera al batallón, a menos de un kilómetro de casa. Soto no trabajaba, pero obedeció y subió al cuartel. El comandante llamó a otros compañeros de Soto esa mañana. En total fueron 15. Algunos libraban, otros no. A todos les dio alguna excusa para que fueran a verle: el turno de vacaciones, una misión, el estado de la pezuña de una de las perras del batallón.

Excusas, porque en realidad el comandante solo trataba de atraer a sus hombres al cuartel. Él no los buscaba, otros lo hacían. Policías judiciales de la fiscalía militar habían llegado al cuartel para detenerlos. Soto y los demás no tardaron en saber que la justicia les acusaba de colaborar con el cartel de Los Zetas.

El Noreste

En aquel entonces, México se adentraba en un túnel de violencia del que aún no sale. El Gobierno de Felipe Calderón entraba en sus últimos dos años con el país incendiado. Unas pocas cifras: en 2007, primer año de Calderón, el país había registrado 8.800 asesinatos. En 2008 esa cifra se disparó a 14.000. En 2009 aumentó a casi 20.000. Y en 2010 superaron los 25.000. Un incremento del 70% en tres años.

Era la primera ronda de consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Desde 2007, Calderón había ordenado operativos militares en varias regiones del país con el objetivo de minar al crimen organizado: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua… Y también en el noreste. En 2010, los niveles de violencia aumentaron bastante en Tamaulipas y Nuevo León, dos de los Estados más grandes en la región. La incidencia de peleas entre grupos criminales y de esos grupos con el Ejército aumentó respecto a los años anteriores. Si en 2009, Tamaulipas había registrado 315 asesinatos, en 2010 fueron 934. En Nuevo León, el cambio fue muy parecido.

La presencia del Ejército se hizo muy evidente en todo el noreste en esos años. En 2010, militares y civiles se enfrentaron a balazos en 621 ocasiones en todo México y más de la mitad de las veces, esos enfrentamientos ocurrieron en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila o San Luis Potosí. En 2011 hubo 1.009 enfrentamiento en todo el país y de nuevo, más de la mitad —646 concretamente— ocurrieron allí.

La violencia llegó a Saltillo, capital de Coahuila, a principios de 2011. La lucha entre dos grupos criminales antes hermanados, Los Zetas y el Cartel del Golfo, alcanzó lo que había sido una ciudad relativamente tranquila. Dos semanas antes de la detención de Soto y los demás, en febrero de 2011, las balaceras y enfrentamientos llegaron incluso al centro de la ciudad. Una semana antes de su detención, Soto y otros soldados se enfrentaron a un grupo de criminales en la ciudad. Soto recibió un balazo en el casco.

La acusación contra el subteniente Soto nació días después del balazo en el casco. El 11 de marzo, otros militares detuvieron en Saltillo a varios integrantes de Los Zetas. Uno de ellos, Pedro Toga, alias El Guacho, tenía una lista, un documento que recogía los pagos a los militares que Los Zetas tenían en nómina en la ciudad. En esa lista estaba Soto.

Con la lista y la declaración posterior del Guacho, policías de la fiscalía militar detuvieron a Soto y los demás apenas dos días más tarde, el 13 de marzo. Los policías judiciales encerraron a Soto y los demás en un local del cuartel y allí los torturaron durante días. Su intención, según han contado Soto, su esposa Tanya y su abogado, Ramiro Ramírez, era que confesaran la relación con Los Zetas. Luego los mandaron a la fiscalía de delincuencia organizada, en Ciudad de México y de allí a prisión. Nunca han salido.

A lo largo de los años, el proceso consistió en un intento desesperado de Ramiro por desestimar pruebas y de la justicia mexicana, civil y militar, de ignorar estos esfuerzos. El documento original de la lista nunca apareció en el expediente; las declaraciones de Soto y los demás, obtenidas horas después de la tortura, fueron las que contaron y no las que dieron meses después, ya sin presión. Un segundo testigo, otro zeta detenido que había secundado los dichos de El Guacho, se desdijo años después…

Soto y otros de los militares detenidos llegaron a juicio en abril de 2017. Iniciado en 2011 por la fiscalía civil de delincuencia organizada, el proceso cambió con los años y se fue a la justicia militar. El juicio se celebró ante un tribunal castrense compuesto por un presidente, un juez y cuatro vocales. El presidente, un general sin formación en derecho, era quien decidía en última instancia el destino de los militares. Después de una semana de juicio los declaró culpables de delitos contra la salud, es decir, narcotráfico. 26 años de cárcel.

El cajón de Tanya

Irregular o no, el proceso contra los militares formó parte de la cruzada fallida del Gobierno de entonces contra la corrupción. Fue una cruzada fallida por varios motivos, pero quizá el primero es que sus responsables no vieron —o no quisieron ver— que el mayor corrupto de todos encabezaba el aparato policial del Gobierno, Genaro García Luna. Al menos eso se desprende de la acusación de la fiscalía de Estados Unidos contra él por narcotráfico, entre otros delitos.

Y fallida también porque de los procesos que inició entonces el Gobierno contra funcionarios federales, entre ellos otros militares —el general Tomás Dahuahuare, por ejemplo—, o funcionarios estatales —el famoso michoacanazo—, solo aguantó el del subteniente Francisco Soto y sus compañeros. No parece que la investigación de la fiscalía fuera en este caso mejor. La diferencia es que aquí, el proceso cayó del lado de la justicia castrense.

Después del juicio, el abogado Ramiro Ramírez apeló y consiguió finalmente que un tribunal civil suspendiera la condena y ordenara a la justicia militar que repusiera el procedimiento. Esto es, que volviera a juzgar de acuerdo a pruebas que en primera instancia no había considerado, como las segundas declaraciones de los militares, donde negaban su colaboración con Los Zetas. La justicia militar juzgó de nuevo a los militares y los volvió a condenar y Ramiro ha vuelto a apelar. Su esperanza es que el tribunal civil entré de fondo al asunto. Es decir, que sustituya al militar y aplique directamente su criterio a partir de su propio estudio de las pruebas. “Estamos en un limbo jurídico”, decía Ramiro este viernes.

El abogado ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es un camino igualmente trabado. La comisión no suele entrar en casos que aún no se hayan agotado en los tribunales nacionales.

El podcast La Lista termina con una visita a casa de Tanya a mediados de este año. Fuimos a ver fotos antiguas de Soto y a conocer la casa, que nunca habíamos visitado. Tanya nos llevó a un sótano con cajas y cajas de expedientes judiciales. Sacó álbumes de foto. Hablamos mucho aquella tarde. Luego nos enseñó su cuarto, el armario y dentro del armario, un cajón con las cosas que le ha guardado a Soto todos estos años: playeras, desodorante, chanclas…

Este viernes, Tanya escuchó el último capítulo y enseguida escribió un mensaje: “Buenos días, hoy lloré muchísimo, ¡gracias por todo el apoyo!”. Durante el proceso de escritura de los guiones de La Lista, muchas veces pensamos si Tanya nos perdonaría por decir algunas de las cosas que hemos dicho. Dudar de Soto, preguntarnos sobre su culpabilidad: cosas que no podíamos dejar de hacer. Pero este viernes Tanya no ha dicho nada de eso. Solo ha preguntado si sabemos algo de Villa Aldama, sobre los rumores de que van a cerrar la cárcel. El posible traslado de Soto. Luego ha mandado una foto de Aitana, la pequeña, que ahora tiene 14 meses. Era difícil obviar la idea de que la niña ha pasado más de la mitad de su vida sin ver a su padre.