Un soldado israelí de viaje por España es denunciado en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra en Gaza

Alhaf Arafat, ciudadano palestino residente en España, ha presentado en la mañana de este sábado en la Audiencia Nacional una denuncia contra el miembro de las fuerzas armadas israelíes Shaul Shcherbatov tras conocer a través de sus redes sociales que ha viajado este fin de semana a Madrid para asistir al partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Le acusa de delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado, delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio por su actuación en operaciones de destrucción de infraestructura civil en Gaza. Arafat se presenta como víctima en este caso, ya que, según los abogados que llevan el caso, su familia en la Franja ha perdido su vivienda en la zona donde actuó el batallón de maquinaria pesada al que pertenece Shcherbatov.

La pista hasta el militar israelí ha llegado a través de las redes sociales. Su presencia en España se conoció después de que el pasado jueves recogiera en su perfil de Instragram que se encontraba alojado en un hotel de Madrid. Y son las redes sociales también las que documentan su actuación en la guerra de Gaza en imágenes en las que aparece con su equipo militar frente a varios bulldozers D9.

En una historia publicada también en Instagram, en este caso el pasado 18 de abril, se ve al militar junto a una excavadora en Gaza. La denuncia considera probable que se trate del área de Dar Tuffah, en Ciudad de Gaza, según un informe publicado en la cuenta oficial en Instagran del Batallón 601 del Ejército israelí, al que pertenece, que había anunciado la entrada a la zona tres días antes. En otra historia de ese mismo día se ve a bulldozers demoliendo viviendas y edificios residenciales. “Shcherbatov está específicamente etiquetado y se encuentra visiblemente posicionado encima de su excavadora, sonriendo mientras observa la destrucción realizada por otros bulldozers. La marca de tiempo del vídeo indica las 17.47, hora de Jerusalén, confirmando que ambas historias, una de la mañana y otra de la tarde, provienen de la misma tarde. Esto establece que Shaul Shcherbatov, junto con sus bulldozers, participó directamente en la demolición de estas viviendas”, asegura el anexo presentado junto a la denuncia.

Raúl Maíllo y Antonio Segura, los abogados que han presentado la denuncia, admiten que hay pocas posibilidades de que esta prospere y que la justicia española encause al militar israelí o lo ponga a disposición del Tribunal Penal Internacional. “Queremos mandar un mensaje de que no puede haber impunidad. Que una persona no puede cometer un genocidio durante la semana y luego irse de turismo a Madrid a ver un partido de fútbol”, asegura Maíllo. Los abogados reclaman al juzgado una actuación de urgencia porque dan por hecho que Shcherbatov abandonará en breve territorio español.

Schervatov tiene el rango de sargento mayor en la Unidad D9 de maquinaria pesada del Batallón 601 de Ingenieros de Combate de las Fuerzas Armadas israelíes, responsables de demoliciones masivas con explosivos de edificios en Gaza. “Las escenas de tierra arrasada que surgen en la Franja de Gaza son principalmente el resultado de operaciones realizadas por estas unidades, que ingresan al territorio después del violento desplazamiento forzoso de la población civil y destruyen barrios enteros”, asegura la denuncia, que considera probado que Shcherbatov prestó servicio, al menos, desde el 9 de octubre de 2024 hasta el 1 de mayo de 2025, según la última información conocida.

La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional le acusa de haber cometido acciones que suponen “infracciones claras” al artículo 147 de las Convenciones de Ginebra, específicamente por “violación grave de destrucción arbitraria no justificada por necesidad militar conllevando actuaciones militares contra la población civil”. Las demoliciones tienen como objetivo convertir las condiciones de vida en la Franja en insoportables.

No es la primera vez que se presenta una denuncia en la Audiencia Nacional para actuar contra soldados israelíes que están de paso en España. El pasado 22 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, rechazó la presentada días antes por la asociación belga propalestina Hind Rajab Foundation contra Tameer Mula, un sargento del ejército israelí que supuestamente se encontraba de vacaciones en Barcelona. Según la denuncia de esta asociación (que lleva el nombre de una niña palestina de 12 años muerta por disparos del Ejército israelí cuya se recoge en la película La voz de Hind), el militar pertenecía a la 35ª Brigada Paracaidista y supuestamente había intervenido entre octubre de 2023 y noviembre de 2024 en la destrucción de infraestructuras civiles y en el desalojo forzoso de un hospital de Gaza.

Por ello, le acusaba de “implicación en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos potencialmente constitutivos de delitos de genocidio”. La querella reclamaba su inmediata detención tras asegurar que se encontraba en la capital catalana, según se desprendía de la publicación de varias imágenes que había hecho en redes sociales. En el auto de inadmisión de la querella, el juez Pedraz ―en línea con lo que defendía la Fiscalía― concluía que la justicia española no es la competente para investigar los hechos denunciados, sino que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI), donde es “notorio de la existencia de un procedimiento” por los crímenes perpetrados en la Franja, recalcaba el magistrado en su resolución.

Estas denuncias han coincidido en el tiempo con la autorización que, el pasado 18 de septiembre, dio el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para la apertura de una investigación que determinese si los actos llevados a cabo por Israel en Gaza pueden ser considerados “graves violaciones del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. La indagación había sido solicitada por la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, que había abierto un expediente en junio pasado tras recibir un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional sobre las acciones del ejército israelí contra la población civil en la franja de Gaza. El documento policial recogía el testimonio de testigos protegidos y aportaba otras pruebas “sobre las acciones y circunstancias en el terreno”, que, según el decreto firmado por el fiscal general, constituirían graves violaciones contra los derechos humanos.

España, según el decreto firmado por García Ortiz, ha asumido la obligación de colaborar y canalizar la asistencia necesaria para la investigación de los ataques de Israel a Gaza, lo que legitima la investigación en el marco de las competencias de la Fiscalía para hacer efectivo el principio de cooperación internacional. El escrito recuerdaba la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que España tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los tratados suscritos por España.