¿Dónde cuesta más caro contaminar?

Cuando planeas tus vacaciones y compras los pasajes de avión, ¿estás al tanto de la huella de carbono que deja ese vuelo? Algunas aerolíneas ahora te informan cuántas toneladas de CO2 serán emitidas si, por ejemplo, viajas de Buenos Aires a Madrid. Muchas empresas e industrias están tomando consciencia sobre lo que significa la huella de carbono. Sin embargo, los esfuerzos por controlar las emisiones van mucho más allá.

Un planeta que se calienta peligrosamente no es solo un desastre ambiental, también es un reto económico y social que aumenta la pobreza, el número de conflictos y la presión migratoria. Asignarles un valor o un precio a las emisiones de carbono ataca el problema del cambio climático en su origen, según los expertos.

¿Pero cómo estipular el valor de algo intangible como las emisiones de carbono?

La fijación del precio del carbono tiene el potencial de descarbonizar de forma radical la actividad económica mundial cambiando la conducta de consumidores, empresas e inversores, a la vez que impulsa la innovación tecnológica, generando recursos que pueden dedicarse a fines productivos. Esta acción ayuda a transferir la responsabilidad por los daños a aquellos que son sus responsables. En lugar de dictar quién debe reducir emisiones, en dónde y cómo, fijar un precio del carbono envía una señal económica: los contaminadores deciden si interrumpen su actividad contaminadora y reducen las emisiones, o bien si siguen contaminando y pagando por ello.

Existen dos tipos principales de fijación del precio del carbono: sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y los impuestos al carbono. Los ETS ponen un límite al total de emisiones de gases de efecto invernadero, bajando el nivel permitido con el tiempo. Las empresas tienen autorizado un número limitado —y decreciente— de permisos de emisión. Las industrias con bajas emisiones pueden vender sus permisos sobrantes a emisores más grandes. Al generar un mercado para los permisos de emisión, el ETS establece un precio de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los impuestos al carbono, por su parte, fijan directamente un precio al carbono a través de un tipo impositivo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero o sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Difiere de un ETS en el sentido que los resultados en términos de reducción de emisiones de un impuesto al carbono no están definidos de antemano, pero el precio al carbono sí.

De acuerdo con el informe Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono en 2018 del Banco Mundial, los gobiernos recaudaron alrededor de 33.000 millones de dólares en ingresos derivados de la fijación del precio del carbono en 2017, unos 11.000 millones de dólares más que lo recaudado en 2016. El informe también concluye que los precios del carbono están subiendo; hoy en día alrededor de la mitad de las emisiones están cubiertas por iniciativas de fijación del precio del carbono de más de 10 dólares/tCO2e, comparado con un cuarto de las emisiones en 2017.

El Banco Mundial, grupos empresariales e inversores están trabajando con gobiernos y corporaciones de todo el mundo en la fijación del precio del carbono para reducir las emisiones y fomentar las inversiones en tecnologías más limpias. La convocatoria ha sido exitosa: en la última década se han triplicado las iniciativas para la fijación del precio del carbono.

El 80 % de las emisiones aún no están cubiertas

Para 2018, 46 gobiernos nacionales y 24 subnacionales de todo el mundo estaban fijando un precio al carbono. Los ingresos derivados de fijar el precio del carbono superaron los 20.000 millones de dólares por segundo año consecutivo, mientras que unas 1.400 empresas incorporan un precio interno del carbono a sus planes de negocios, incluidas más de 100 empresas Fortune Global 500 con ingresos anuales colectivos de siete billones de dólares.

Los sectores que lideran el uso de precios internos para el carbono son servicios públicos y energía, seguidos de materiales y telecomunicaciones.

Estas tendencias resaltan la importancia de integrar el impacto y las oportunidades del cambio climático a las opciones de inversión. Si bien existe una mayor participación por parte de los gobiernos y más asimilación de la fijación interna de un precio al carbono entre empresas, se debe aumentar el precio del carbono y su cobertura. A pesar de los avances auspiciosos, el 80% de las emisiones aún no están cubiertas por la fijación del precio del carbono.

La fijación del precio del carbono en Latinoamérica

La mayoría de las iniciativas de fijación del precio del carbono más recientes tuvieron lugar en la región: 

• Un impuesto al carbono en Chile grava las emisiones de CO2 de grandes emisores en los sectores energético e industrial. El impuesto al carbono forma parte de una visión deseable y positiva para el futuro, vinculada a la innovación, nuevas oportunidades de empleo y mejoramiento de la salud. Para el 2020, el país tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel 20% inferior a los niveles de 2007.
• Colombia lanzó un impuesto al carbono sobre todos los combustibles fósiles líquidos o gaseosos utilizados para la combustión, como parte de un paquete de reformas fiscales para apoyar la consolidación de la paz. El dinero recaudado se destina al Fondo Colombia en Paz para apuntalar la protección de ecosistemas y la gestión de la erosión costera.
• Costa Rica está elaborando una política de fijación del precio del carbono que gira en torno al problema de la contaminación del aire. El impuesto a las emisiones propuesto abarcaría otros contaminantes aéreos, como monóxido de carbono, óxidos nítricos y partículas, tendiente a fomentar tecnologías más limpias y de mejor desempeño.
• Argentina adoptó un impuesto al carbono en diciembre de 2017. En 2019, este impuesto se gravó al tipo completo en la mayoría de los combustibles líquidos; seguirá aumentando 10% por año hasta alcanzar 100 % en 2028. Se espera que el impuesto al carbono recaude aproximadamente ARS 11.500 millones (571 millones de dólares) por año.
• En diciembre de 2017, unas enmiendas a la Ley General de Cambio Climático estipularon el diseño y puesta en marcha de un ETS en México. Este ETS operará en fase piloto durante 36 meses, seguidos de una fase operativa formal planeada para 2022.

Durante la Declaración de París sobre el Precio del Carbono en las Américas, 12 gobiernos nacionales y subnacionales de las Américas se comprometieron a implementar la fijación del precio del carbono como política central para la acción contra el cambio climático y profundizar la integración regional de los instrumentos de fijación del precio del carbono.

Emily Bartels-Bland es comunicadora digital del Banco Mundial.