Pensiones: el modelo chileno, pero muy reformado

No es extraño que Brasil quiera hacer una reforma previsional. En todo el mundo hay un drama en curso derivado de la longevidad: la gente vive más y financiar condiciones de vida equiparables con las que la persona tuvo en su fase activa es caro. Si esto lo paga el resto de la comunidad, como en un sistema de reparto, las tasas de contribución serán altas y el impuesto al trabajo, distorsionador. Si lo paga cada uno con sus ahorros, las pensiones serán bajas porque el ahorro propio no alcanza. Es un problema de difícil solución.

Tampoco es novedoso querer fomentar el ahorro interno. Muchos países con sistemas de reparto han incluido mecanismos de fomento del ahorro individual. Sin embargo, si es ahorro obligatorio, las consecuencias no son nimias. Los requerimientos para con los afiliados en términos de trato y precio justos, transparencia y rendición de cuentas, representación de intereses de trabajadores y las estrategias de inversión permitidas, son más exigentes que las que rigen la gestión normal de instrumentos de ahorro privado.

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El modelo chileno original, en 1980, estaba basado en supuestos excéntricos de tasas de rentabilidad y persistencia del empleo formal que hizo a sus fundadores decir que las pensiones obtenidas serían iguales a los salarios de fin de carrera. Esto no se ha cumplido, y por un amplio margen.

La reforma de 2008 en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) reconoció este hecho creando un "pilar solidario" de cargo del fisco que introdujo un colchón básico universal cuyo grosor se reduce a medida que la persona tiene más ahorro acumulado. Se introdujeron formas novedosas de regulación de la competencia entre proveedores y medidas para mejorar la igualdad de género. Sin embargo, quedaron dos hilos sueltos: no se incrementó la edad legal de jubilación —aunque endurecimos los requisitos de jubilación anticipada, lo que ha sido exitoso— y no se incrementó la tasa de cotización.

El primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) sugirió incrementar la cotización obligatoria de 10% a 15% y el segundo Ejecutivo de Bachelet (2014-2018) propuso un mecanismo centralizado de gestión de dicho 5% adicional con elementos de seguro intra e intergeneracionales. El segundo Gobierno de Piñera (2018-2022) ha desechado esta opción y quiere que el 80% del nuevo ahorro vaya al sistema de ahorro individual y la porción restante financiaría elementos muy focalizados de seguro. El error del presidente es pensar que ahorro y seguro son antagónicos, que cualquier elemento de seguro intergeneracional, independiente de cómo esté estructurado, debilita los incentivos a la responsabilidad individual. Es una mirada cargada de ideología.

Esta restricción a priori Brasil debe ponderarla. La lógica del ahorro individual y del seguro intergeneracional son complementarias no sustitutas. Es verdad que el ahorro promueve comportamientos socialmente deseables, pero muchos eventos que afectan la capacidad de ahorro de las personas escapan al ámbito de su responsabilidad. En América Latina, con la volatilidad de los precios de materias primas lo sabemos: una caída suficientemente grande en el precio del cobre, soja, petróleo, café u otros, produce desempleo formal masivo y duradero. Pero, además, el costo de transición desde un sistema de reparto como el brasileño hacia uno de ahorro puro, es colosal. No veo cómo Brasil podría sumar un 100% del PIB en deuda pública que, como mínimo, le costaría una reforma a la chilena.

Brasil tiene un punto a favor para crear un sistema mixto que combine ahorro y seguro: su sistema financiero. Con una regulación prudente, este permitiría una razonable asignación de dicho ahorro. El problema es que las empresas necesitan señales creíbles que les permitan realizar inversiones de largo plazo y financiarlas en el mercado de capitales. Para ello, necesitan señales de estabilidad, no voladores de luces. Una reforma 100% a la chilena sería tan ideológica que es probable que no sea la señal de largo plazo que el sistema requiere para estabilizarse.

Pretender sustituir 100% un sistema por otro sería un error significativo. Es tal la complejidad del problema previsional en Brasil, Chile y el mundo, que solo sumando lógicas de ahorro y seguro será posible enfrentar los desafíos que vienen.

Guillermo Larraín es académico de la Universidad de Chile y ex superintendente de pensiones del país sudamericano.