López Obrador manda una señal de certidumbre con los presupuestos
El presidente mexicano responde a sus votantes y a los mercados financieros con un plan austero que prioriza los programas sociales que prometió en campaña
Andrés Manuel López Obrador ha desvelado el rumbo que quiere para México en su primer año de Gobierno con unos presupuestos equilibrados que atienden tanto a sus votantes —que buscan un giro social, en un país con 50 millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza— como a los mercados financieros, que escrutan cada paso del nuevo presidente tras la cancelación del proyectado aeropuerto de la capital. El mandatario mexicano lanza el mensaje de que pretende la estabilidad económica con un gasto prudente y con el objetivo de lograr un superávit fiscal primario (antes de intereses) entre ceja y ceja.
Las cuentas públicas son el reflejo de la visión del político de izquierda que históricamente se ha inclinado por los programas sociales —uno de sus lemas de campaña fue “los pobres, primero”—, pero que trata de preservar la ortodoxia fiscal que ha llevado a México, la segunda economía latinoamericana, a ser uno de los países más estables de la región a ojos de los siempre temerosos grandes inversores.
La presentación de los presupuestos del nuevo presidente mexicano despeja, al menos en parte, las dudas que inundaban el país norteamericano en los primeros 15 días de Gobierno. Nada más llegar al cargo, anunció programas de impacto social, obras de infraestructura pública y reformas constitucionales sin aclarar cómo iba a lograr cada uno de los objetivos. Sus detractores temían el dispendio de la billetera mexicana para atender a la base que le votó en julio, mientras que sus partidarios titubearon ante la posibilidad de que el presidente no se acercara en lo mínimo a sus promesas de campaña.
En el México polarizado, López Obrador ha conseguido acercar los extremos con un gasto sumamente prudente. “Hay una observación escrupulosa al principio de austeridad”, subrayó su secretario (ministro) de Hacienda y mano derecha para asuntos económicos, Carlos Urzúa, al entregar el proyecto a los legisladores. Este lunes, a la apertura de los mercados, se sabrá la credibilidad que le dan los inversores.
Tras las turbulencias financieras causadas por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un proyecto del anterior presidente, Enrique Peña Nieto (PRI), que llevaba un avance superior a un tercio, el nuevo Gobierno sabe que el margen de error es escaso. En plena negociación con los acreedores de esa obra fallida, todo mensaje de tranquilidad es poco. Y el presupuesto busca ser la primera señal de un Ejecutivo sobre el que millones de personas han depositado su esperanza pero que sabe que sin la complicidad gran capital, no podrá sacar adelante su ambicioso programa social.
Más dinero para Defensa, menos para Sanidad
La cartera más beneficiada de los presupuestos del izquierdista López Obrador es Defensa, que recibe un 11% más. La Guardia Nacional dependerá de este departamento y el combate a la criminalidad se instrumentalizará, en buena medida, desde aquí. Le siguen Energía —con un incremento del 960%, en parte por la construcción y remodelación de refinerías— y Trabajo —que multiplica casi por diez sus recursos sobre todo para la puesta en marcha de contratos de aprendices para jóvenes en empresas. Educación también recibirá un 3% más. En cambio, carteras como Sanidad, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente sufren recortes.
Pobreza
López Obrador busca, repite una y otra vez, una nueva transformación de un país plagado de oportunidades y con un futuro prometedor, pero asolado por la violencia. Quiere pasar a la historia como el presidente más cercano a los pobres. Pero también como alguien que respetó el principio del rigor fiscal y la “austeridad republicana”, una de sus expresiones favoritas. El espejo en el que se mira es el del primer mandato del brasileño Lula da Silva, dicen en privado sus más estrechos colaboradores.
Las directrices para el primer año del primer presidente de izquierda de México apuntan, en primer lugar, a la atención urgente de ese casi 44% de la población que vive en la pobreza a través de un amplio abanico de programas en el que destacan dos: incentivos como las pensiones a los mayores de 68 años —un total de 13 millones de personas, donde el 70% no cuenta con ingresos por jubilación— y la entrega de becas para dos millones de jóvenes en búsqueda de su primer empleo.
Al mismo tiempo, asegura la dotación presupuestaria suficiente para dos de sus proyectos de obra pública más ambiciosos: el Tren Maya, un circuito turístico en la península de Yucatán; y la conversión de la base militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros de la Ciudad de México) en un nuevo aeropuerto civil que complemente al actual, sobrecargado y sin margen de crecimiento. Por departamentos, Energía, Defensa, Educación, Trabajo, Turismo y Bienestar (antes conocida como Desarrollo Social) son los que más ven incrementados los recursos a su cargo, mientras que carteras como Medio Ambiente y Recursos Naturales ven mermados sus fondos.
Los empresarios mexicanos ven los presupuestos con cierta reserva. El sector privado reconoce el esfuerzo de la Administración entrante por reducir la deuda pública —del 45% del PIB, tras el fuerte incremento registrado en la última década— y por evitar comprometer los recursos, aunque desconfían de los buenos resultados que la estrategia de López Obrador pueda traer. “Pone el énfasis en proyectos sociales de baja eficacia y asignación opaca”, apuntó Gustavo de Hoyos, presidente de la mayor patronal mexicana, Coparmex.
Estabilidad
El primer año de López Obrador al frente del Gobierno pone sobre la mesa un gasto para estabilizar las finanzas públicas para acercarse a la transformación de México en los siguientes años de su sexenio. Un objetivo a medias con un gasto corriente que continúa creciendo, a pesar de las promesas de reducirlo, y los recortes a los salarios de unos 6.000 altos cargos, con excepción de los jueces, que se han opuesto de forma contundente a su plan de austeridad.
Las dudas sobre el político de izquierda también se han posado sobre su estrategia de seguridad: con una subida de 11,3% al presupuesto de Defensa, el presidente ha declarado su intención de que las Fuerzas Armadas tomen el control, a través de la creación de la Guardia Nacional, del combate a la violencia que se ha extendido en la última década en el país norteamericano.
La promesa de López Obrador de no aumentar o crear impuestos se ha mantenido intacta. El presidente confía en el aumento de los ingresos petroleros en los próximos años a través de la empresa estatal Pemex y no ha ocultado su deseo de que la petrolera tome las riendas del futuro energético del país, como lo hizo en el pasado. El presupuesto contempla un notable incremento de recursos para Petróleos Mexicanos, toda una declaración de intenciones: uno de los objetivos es recuperar la producción petrolera a 1,8 millones de barriles diarios —ahora es de 1,7 millones y bajando—, en los próximos 12 meses. La petrolera estatal ha conseguido un aumento en su presupuesto del 14%, mientras que el organismo encargado de supervisar los contratos privados generados tras la reforma de Peña Nieto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ha sufrido un recorte del 30%. Un mensaje un tanto equívoco tras la apertura del mercado energético mexicano y, sobre todo, en el que las grandes potencias tratan de dar carpetazo a los combustibles fósiles.
En el capítulo de promesas, sin embargo, el balance es agridulce: el presidente llegó con la firme intención de recortar el gasto corriente para centrar sus esfuerzos en la inversión pública y en 2019 esta partida seguirá creciendo —un 2,3%, según el desglose del propio Gobierno—. Las primeras cuentas públicas de López Obrador marcan un giro social sin olvidar la ortodoxia fiscal, pero la exigencia ciudadana y de los mercados financieros será tanta como la expectativa creada tras su llegada a la presidencia.
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