México busca minimizar en los mercados el impacto por la cancelación del aeropuerto

El nuevo Gobierno mexicano empieza a allanar el terreno financiero para el anuncio definitivo de cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda ha confirmado a primera hora de la mañana de este lunes una oferta de compra de bonos emitidos para financiar las obras del nuevo aeropuerto capitalino —que el ya presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que no saldrá adelante— por valor de hasta 1.800 millones de dólares y que estará vigente hasta mediados de diciembre. La idea del Ejecutivo de Morena es retirar parte de la deuda que hay en manos de inversores internacionales, asumiendo el Estado el endeudamiento del fideicomiso que gestiona la obra. Hoy, el valor de las cuatro series de bonos emitidas asciende a 6.000 millones de dólares, por lo que esta operación —acometida con dinero público— únicamente reduciría el papel en un 30% el papel en circulación.

Las operaciones de venta de bonos del aeropuerto se cuadruplicaron respecto a su promedio diario, según datos recopilados por Bloomberg a media mañana hora de Nueva York, donde cotizan las obligaciones. A esa hora, el valor de la deuda cotizada subía un 15%, hasta superar los 87 dólares, aunque sigue casi un 13% por debajo de su valor de emisión (99,38): el desplome tras la consulta todavía pesa más. Esa es, exactamente, la prima de riesgo que el mercado asigna a un potencial impago. La oferta de recompra del Gobierno mexicano es a un valor casi un 10% inferior al de emisión y todavía no hay información oficial sobre la acogida de la propuesta en el mercado neoyorquino de deuda.

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De lo que no cabe ninguna duda es de que el Gobierno de López Obrador cancelará el nuevo aeródromo capitalino -una obra valorada en 13.000 millones de dólares y que ya llevaba un avance de casi la tercera parte- tras la polémica consulta popular convocada a finales de octubre, en la que el 70% de los ciudadanos que participaron (apenas el 1% del censo) votó a favor de dejar caer el proyecto. Sin embargo, las obras seguirán su cauce "hasta nuevo aviso", según ha confirmado el nuevo secretario (ministro) de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

¿Qué sentido tiene continuar gastando recursos en un proyecto que no va a llegar a buen puerto? La respuesta a esta pregunta es puramente legal: las autoridades mexicanas no quieren arriesgarse a un incumplimiento en los términos de los acuerdos alcanzados con las diferentes contratistas y con los bonistas, y prefieren continuar con el mismo guion hasta que alcanzar un pacto con todas las partes involucradas.

Este lunes el nuevo equipo de Gobierno se esforzó, además, por mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores tras un mes turbulento en los mercados financieros, al remarcar que el repago de los bonos que no sean recomprados, seguirán estando garantizados por la tarifa de uso aeroportuario (TUA) del aeropuerto actual. En el comunicado hecho público este lunes, Hacienda recalca que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México -de titularidad pública- atenderá "los derechos contractuales de las partes interesadas" y asegura "un trato justo de acuerdo con las prácticas de mercado para estas situaciones".

El valor de los bonos ha sufrido una bajada considerable desde la última semana de octubre, cuando la consulta, que no contó con censo oficial y que fue organizada por una fundación privada y no por el Instituto Nacional Electoral (INE, el organismo encargado de velar por la transparencia y el buen funcionamiento de cualquier elección o referéndum en México), arrojó una amplia mayoría a favor de la cancelación del proyecto.

En su primera rueda de prensa como presidente, López Obrador evitó polemizar sobre la cancelación del nuevo aeródromo capitalino y se limitó a decir que se están llegando a acuerdos con las empresas afectadas. “Yo reitero que están garantizadas las inversiones de los accionistas”, dijo en Palacio Nacional. Esta tarde, el mandatario se reunirá con su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la persona encargada de estudiar el delicado esquema financiero que permita echar definitivamente por tierra la obra esquivando una cascada de juicios con los bonistas y contratistas y, a la vez, sin que se desate otra tormenta en los mercados. El martes, el nuevo presidente ofrecerá pistas para los próximos pasos a seguir. Un grupo de fondos de inversión que posee, en conjunto, bonos por valor de 1.000 millones de dólares -la sexta parte de los que están en circulación- ya ha contratado a la firma legal Hogan Lovells para su defensa en un potencial proceso legal.

“Se está viendo lo del fideicomiso del aeropuerto, se tiene que mantener por los compromisos, que se van a cumplir”, afirmó el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Durante su toma de posesión, este sábado, el presidente mexicano anunció luz verde para su proyecto alternativo, que pasa por la construcción de dos pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía, que pasaría a operar conjuntamente con el aeródromo actual. Una opción que los expertos siguen sin ver del todo clara por la coincidencia en las trayectorias de los aviones que aterrizan y despegan en el aeropuerto actual y en Santa Lucía.