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La oposición nicaragüense pacta una unión para plantar cara a Daniel Ortega

Más de 40 organizaciones forman una coalición para lograr una salida pacífica a la crisis política

Una joven participa de una manifestación contra Ortega.
Una joven participa de una manifestación contra Ortega. EFE

Más de 40 organizaciones opositoras nicaragüenses presentaron el jueves un acuerdo de unidad para definir una estrategia con el fin de lograr una salida pacífica a la profunda crisis política que dura ya casi medio año y que suma más de 320 muertos tras la represión del Gobierno del sandinista Daniel Ortega. Al mismo tiempo, representantes de esta nueva coalición comunicaron que desarrollarán acciones conjuntas para presionar el regreso del mandatario a las negociaciones en el marcado del llamado Diálogo Nacional y un adelanto de elecciones con garantías de transparencia y observación internacional.

El documento de unidad, presentado en un hotel de Managua, señala como prioridad del nuevo bloque opositor –denominado Unidad Nacional Azul y Blanco, por los colores de la bandera nicaragüense– iniciar una “nueva etapa de organización y movilización para profundizar la lucha que lleve a la salida pacífica de la dictadura”, en referencia al régimen que lidera Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Desde que estallaron las protestas en abril, el mandatario desató una brutal represión que ha sumado centenares de muertos y miles de heridos, además de al menos 204 presos -según las cifras oficiales- que están siendo juzgados por delitos relacionados al terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA alertó de que el régimen pasó de la represión a las protestas, el desarrollo de la llamada Operación Limpieza, que consistía en atacar y desmantelar las barricadas alzadas en todo el país a la captura de los líderes de las manifestaciones, abiertamente contrarios al Gobierno.

Hasta ahora, la principal característica de las manifestaciones es que eran “autoconvocadas”. Es decir, que ningún partido político estaba detrás de las convocatorias. La nueva coalición opositora informó este jueves de que ha conformado un “comité” que estará a cargo de organizar las manifestaciones y otras acciones de protesta contra el Gobierno. También de tratar de garantizar la seguridad de los manifestantes, dado el asedio de la policía, de las huestes de Ortega y grupos armados irregulares que actúan bajo órdenes del Ejecutivo.

El nuevo grupo opositor no cuenta con un liderazgo visible y está conformado por agrupaciones políticas como el Frente Amplio por la Democracia, del que forma parte el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1995 por el escritor Sergio Ramírez y que agrupa a los disidentes del Frente Sandinista, como la mítica exguerrillera Dora María Téllez. El Gobierno de Ortega ha acusado al MRS de financiar las protestas y de estar detrás de la organización de lo que ha catalogo como un intento de golpe de Estado. La nueva unión también reúne en su seno a organizaciones de campesinos, estudiantes, feministas, empresarios, académicos, sindicalistas, agrupaciones de la comunidad gay y activistas de derechos humanos.

La nueva organización es “un salto de calidad que viene de la exigencia que se ha planteado en todas las movilizaciones, una demanda de unidad de la gente”, dijo a EL PAÍS Lea Guido, integrante de la denominada Articulación de Movimiento Sociales. “Todos hemos hecho propuestas y ha habido un diálogo con mucha madurez para avanza en este primer paso. No ha habido una discusión de quién dirige, sino de qué nos une, que es fundamental para vigorizar la resistencia ciudadana”.

La nueva coalición recuerda a la Unión Nacional Opositora (UNO), que a finales de los ochenta se formó bajo el liderazgo de Violeta Barrios de Chamorro -a la postre, presidenta de Nicaragua- para enfrentar a Ortega en las elecciones de 1990. En aquella cita electoral, el bloque salió triunfante con más de la mitad de los votos, lo que significó un duro golpe al Frente Sandinista y el fin del gobierno revolucionario. Sobre la comparación entre ambos movimientos, Azahalea Solís, integrante de la Alianza Cívica, dijo a EL PAÍS que la actual unidad nacional "no solo se enfrenta a un régimen, sino también va más allá de eso: quiere construir justicia y democracia". "Estamos consientes", agrega, "de que hay que pensar en un plan de nación, en la Nicaragua que queremos de aquí a 50 años".

La "unidad" convocó el próximo domingo a una gran manifestación contra el Gobierno en Managua. Está por ver cómo se enfrentarán a la política de intimidación del régimen, empeñado en aplastar cualquier forma de protesta. Tras la presentación del jueves comienza un largo camino para demostrar la solidez y consistencia de este bloque en un país necesitado de una salida a la crisis en la que se ha instalado en los últimos meses. La pregunta que queda abierta es si esta coalición perdurará en el tiempo o si terminará desintegrándose por diferencias entre las organizaciones que la conforman.

Situación "crítica" de la economía

I. F. / Agencias

Nicaragua ha entrado en una peligrosa espiral económica derivada de la crisis política en la que está inmersa desde hace meses. "La situación es muy crítica", ha sintetizado este viernes Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe en la presentación de informe semestral sobre la región, que crecerá mucho menos de lo previsto hasta ahora.

"Ya van cinco meses de problemas sociales y políticos. Lamentablemente, está tomando un costo importante", ha dicho Végh en respuesta a una pregunta sobre el complejo momento que atraviesa la economía nicaragüense. Tras crecer un nada despreciable 4,9% el año pasado, el país centroamericano cerrará el año en curso, según la última proyección del Banco Mundial, una contracción del 3,8% que arrastrará al resto de la región. El sector turismo, clave en el engranaje económico nicaragüense, es uno de los que peor lo está pasando ante la fuerte disminución en la afluencia de visitantes. Según cifras citadas de la institución con sede en Washington, Nicaragua logró disminuir la pobreza de 29,6% al 24,9% entre 2014 y 2016, pero sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica.

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