La CIDH y la ONU insisten en una nueva investigación del ‘caso Iguala’

Las nuevas generaciones de Ayotzinapa gritan por las anteriores. Y gritan fuerte. Este lunes, un centenar de estudiantes normalistas bajaron el camino de entrada a la escuela vociferando las viejas consignas, todas en recuerdo de sus compañeros desaparecidos: “¡Vi-vos se los lle-va-ron, vi-vos los que-re-mos!”. Era la bienvenida a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que venía a presentar su nuevo informe al centro.

Los 43 siguen presentes en la vida cotidiana de la escuela. A cuatro años de su desaparición, el patio sigue adornado con el recuerdo de los ausentes. Afiches enormes cuelgan del techo de la cancha de baloncesto, cada uno con la cara de uno de los muchachos, 43 carteles: Jorge Luis González, Antonio Santana, Leonel Castro… En la entrada, la consigna se ha convertido en parte de la fachada. Unas piedras enormes con forma de letra, de rojo colorado -V-I-V-O-S...- han cambiado su fisionomía.

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La visita de la misión de la CIDH les ha dado ánimos a las familias y a las nuevas generaciones de estudiantes. Han sido cuatro años de dolor, de no saber dónde están los suyos. Y cuatro años, también, de pelea con la fiscalía mexicana. De un lado, las familias, sus abogados, la CIDH, la ONU, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos reunidos este lunes en la escuela. Del otro, la Fiscalía y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en el fondo un gran dolor, una ausencia que revela las fallas de la procuración de justicia en México.

El desencuentro es total y viene de largo. La principal diferencia atañe nada menos que a la vida de los estudiantes. La fiscalía defiende que los muchachos murieron asesinados y sus cuerpos fueron quemados en un basurero. Las familias, la CIDH, etcétera, que no hay pruebas de que eso ocurriera.

Hay un punto de acuerdo: la desaparición de los 43 en Iguala, en el Estado de Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Hay, también, una parte que todos aceptan: una banda de delincuentes regionales, apoyados por policías municipales de Iguala y otros pueblos cercanos se encargaron de hacerlo. La discrepancia crece desde ahí. Y todo apunta a que es la fiscalía la que falla. En junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso, dada que la investigación de la fiscalía no había sido “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La primera en hablar en la escuela ha sido Esmeralda Arosemena, integrante de la misión de la CIDH. Una de sus primeras frases ha ido dirigida al Gobierno: “A la fecha no se han realizado cambios en la narrativa para enfocar las líneas de investigación. Tienen que dejar de una vez por todas esta posición que el señor presidente saliente plantea como verdad histórica. Lo que la CIDH ha rechazado. Lo que la CIDH no acepta”.

Arosemena se refería a las palabras que dedicó al caso Peña Nieto la semana pasada. En un vídeo divulgado en redes sociales, el mandatario insistió en que los muchachos habían sido incinerados. Arosemena, heredera del grupo de expertos de la comisión que investigaron el caso sobre el terreno durante dos años, ha insistido: “Tiene que haber, hoy, una nueva forma de enfocar las investigaciones de acuerdo a las líneas identificadas por CIDH y ONU”.

Esas líneas aluden a los teléfonos de los muchachos, por ejemplo. Al menos nueve siguieron funcionando pasada la medianoche del 26 de septiembre de 2014. Y uno lo hizo en manos de un policía de Estado de Guerrero. O a la posible participación de policías federales en la desaparición de los jóvenes. La CIDH pide que se investigue a todos los agentes activos aquel día en Iguala. O el rol que jugó el Ejército, en entredicho desde el primer momento. La comisión ha detectado contradicciones en las declaraciones de lo militares del batallón de Iguala. O el papel del tráfico de drogas internacional en la cacería desatada contra los delincuentes, definitivo, según Arosemena.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha recordado por su parte el resultado del informe que presentó la institución hace unos meses. En Doble Injusticia, la ONU informaba de que al menos 34 detenidos habían sido víctimas de tortura, una vez la fiscalía federal atrajo el caso. Hasta la fecha, las denuncias del informe no han tenido repercusiones.

Son muchas las líneas de investigación por agotar y muchos meses que han pasado las familias sin respuestas.

El evento lo han cerrado algunos de los padres de los 43. Uno de ellos, Mario César, ha dicho: “Les agradecemos mucho que por lo menos vengan y nos hablen a la cara. Les agradecemos que hayan caminado con nosotros”.