Odebrecht impugnará las sanciones impuestas por el Gobierno mexicano

La filial de Odebrecht en México impugnará las sanciones administrativas impuestas la semana pasada por la Secretaría de la Función Pública (SFP). En un desplegado publicado en diarios mexicanos la compañía afirma que estas sanciones son infundadas, improcedentes, injustas y desproporcionadas. La dependencia federal anunció que había impuesto una multa en contra de dos filiales mexicanas por un monto de alrededor de 1.000 millones de pesos (unos 55,5 millones de dólares) y las había inhabilitado por dos años y seis meses para que ninguna dependencia y entidad de la administración pública pueda realizar contratos con esas filiales.

Las autoridades mexicanas también anunciaron un castigo para los dos representantes legales de la constructora. La sanción para el director de finanzas, Gleiber José de Faria, y su director en México, Alberto de Meneses Weyll, fue una multa de 1 millón 262.000 pesos (unos 70.000 dólares ) a cada uno y una inhabilitación de dos años y tres meses. De Meneses Weyll fue quien declaró en Brasil que otorgó un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Esta sanción anunciada la semana pasada por la SFP, un ministerio encargado de vigilar el desempeño de los servidores públicos a fin de prevenir el desvío del dinero público, es la primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada. Cinco días después de darse a conocer los castigos, Odebrecht ha salido a declarar que estos son injustos. "Odebrecht México rechaza categóricamente las consideraciones de la SFP e impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcance y efectos de dichas sanciones", afirma en el escrito.

La constructora brasileña recordó que desde inicios de 2017 formalizó su intención de colaborar con las autoridades de distintos países, entre ellos México, con el fin de aclarar los hechos en los que se les relaciona, Sin embargo, la SFP en junio pasado rechazó la solicitud de cooperación por considerar que no existían elementos  de juicio suficientes que permitieran presumir una probable infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Con las sanciones anunciadas el miércoles pasado por la Función Pública suman cuatro inhabilitaciones para filiales de Odebrecht: dos en contra de servidores públicos y dos a representantes legales de la compañía. En México ningún funcionario ha pisado la cárcel por este caso de corrupción, a diferencia de otros países. Las medidas anunciadas por la SFP son de carácter administrativo. La Fiscalía mexicana (PGR) es la encargada de investigar y determinar la implicación penal, pero tampoco ha dado a conocer avances en la trama de sobornos.