Ocho heridos en las protestas contra la reforma de la Seguridad Social en Nicaragua

Julio López, periodista del programa radial Onda Local, permanecía la noche del jueves en un hospital de Managua a la espera de atención médica tras ser agredido por simpatizantes del Frente Sandinista, movilizados para reventar las manifestaciones organizadas por ciudadanos como protesta contra la reforma a la Seguridad Social, impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega. Las nuevas medidas reducen la pensión a los jubilados e impone aumentos a las cuotas a la patronal y a los trabajadores para la Seguridad Social, lo que ha causado malestar en la sociedad. Los enfrentamientos entre fieles al régimen y contrarios a la reforma han menudeado por todo el país y han causado al menos ocho heridos en la capital.

López, joven periodista independiente, había recibido golpes en la cabeza, por los que perdió el conocimiento. En la represión del jueves también fueron atacados Alfredo Zúñiga, colaborador de la Associated Press; Carlos Herrera, fotógrafo de la revista Confidencial y un cámara de Canal 100% Noticias. Las huestes robaron cámaras y otros equipos periodísticos, denunciaron los afectados. La capital de Nicaragua y otras ciudades importantes del país estaban resguardadas el miércoles por miembros de la llamada Juventud Sandinista y seguidores del Gobierno, listos para amedrentar o reventar las manifestaciones contra las reformas.

La represión comenzó por la tarde, cuando decenas de personas se congregaban en las cercanías de Camino de Oriente, un importante centro comercial localizado en una de las principales vías de la capital nicaragüense. Hasta ahí fueron trasladados los simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación (FSNL), en camionetas modernas y portando garrotes, con los que golpearon a quienes exigían al Gobierno dar marcha atrás a las reformas. Se trata de jóvenes fanatizados movilizados desde los barrios más humildes de Managua para atacar a todo aquel que exprese oposición a la Administración sandinista.

Jubilados, empresarios y universitarios protestaron al grito de “ladrones” y “el pueblo unido jamás será vencido”, contra el paquete reformista, que los manifestantes calificaron de ilegal e inhumano. Las medidas incluyen un controvertido recorte del 5% a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores. El Gobierno aduce que con estos recortes busca rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un sistema en estado de coma debido a los 11 años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, según investigaciones de la prensa independiente nicaragüense.

Los ocho heridos en Mangua se produjeron cuando una de las protestas fue interrumpida por un grupo de personas que, con los rostros cubiertos por cascos de motociclistas, agredieron a manifestantes. Las 25 personas, que intentaban iniciar la protesta en la salida sur de Managua, fueron abruptamente interrumpida por al menos una treintena de varones que se bajaron de sus motocicletas para arrebatar mantas con leyendas contra las reformas.

El grupo de desconocidos, algunos luciendo camisas con logotipos gubernamentales, comenzaron a golpear a los manifestantes, que huían y se refugiaban en negocios de comida aledaños. Los motorizados también grababan con sus celulares a quienes intentaban llegar hasta el punto de reunión. Aunque no hay un recuento oficial de los heridos, las redes sociales se llenaron de fotos de jóvenes y adultos agredidos, entre ellos la activista Ana Quirós, quien resultó con heridas en la cabeza y dedos fracturados. Varios manifestantes se trasladaron hasta la jesuita Universidad Centroamericana, donde continuaron con las protestas. Hasta allí llegaron las huestes del FSLN, que atacaron las instalaciones de la universidad. Las autoridades decidieron evacuar el reciento para proteger a los estudiantes que se manifestaban.

Sin respuesta oficial

El Gobierno no se ha pronunciado por los hechos de violencia que, además de los heridos, dejó comercios dañados.

El Gobierno anunció la tarde del lunes las reformas a la Seguridad Social, pero fueron no fueron oficializadas hasta este el miércoles por Ortega, a través de un decreto publicado en el diario oficial del Estado. Además de Managua también hubo manifestaciones en León, que fueron reventadas por miembros del FSLN. Activistas y representantes de organizaciones políticas de oposición denunciaron agresiones en las redes sociales. Este viernes se espera otra manifestación en Masaya, a 30 kilómetros de Managua.

El Gobierno no hacía uso de sus huestes desde 2013, cuando reprimió una protesta de ancianos que exigían el pago de una jubilación por vejez. En esa ocasión atacaron el campamento de jóvenes en apoyo a los ancianos, que se había instalado en las cercanías de la sede del INSS, en Managua. Anteriormente los motorizados habían sido usados para silenciar las protestas contra el fraude en las elecciones municipales de 2008, que marcó la forma de Gobierno represiva del exguerrillero nicaragüense, que parece empecinado en repetir el autoritarismo de Somoza, el dictador a quien en su juventud combatió.

Reforma criticada

Estas reformas, criticadas por economistas y despreciadas por las cámaras empresariales, establecen un aumento sustancial en los aportes que deben dar a la Seguridad Social tanto la patronal como los trabajadores, además de disminuir el valor de las futuras pensiones en hasta un 12%. Pero la medida que más ha generado estupor entre los nicaragüenses es un recorte del 5% de las pensiones que reciben cientos de miles de jubilados, que en la mayoría de los casos la convierten en una mísera pensión, a pesar de haber trabajado una vida para garantizarse este derecho. Esa reducción en las pensiones –según la explicación oficial– es para financiar el acceso de los jubilados a la atención médica y a las medicinas.

Manuel Ruiz, uno de los principales expertos en la materia en Nicaragua, explicó que la medida es inconstitucional y viola las leyes del país, porque es el Parlamento el que debe crear tributos y no funcionarios del Estado, además de que violenta los derechos de los pensionados a recibir atención médica y medicamentos sin que estos se le deduzcan de sus pensiones. Ruiz, que catalogó las reformas como “inhumanas e insensibles”, criticó que el Gobierno no redujera el altísimo gasto administrativo del INSS, que mantiene empleados a miles de trabajadores súpernumerarios o que se conozcan los resultados de los préstamos para inversiones, que han beneficiado a personas cercanas al presidente Ortega.

Las principales cámaras empresariales del país también rechazaron las reformas, al considerarlas un golpe a la de por sí raquítica economía nicaragüense. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) informó en un comunicado que rompía el “diálogo y consenso” con el Gobierno, en alusión a la relación cercana que hasta ahora funcionaba bajo un esquema en el que las dos partes tomaban todas las decisiones importantes en Nicaragua, sin involucrar a organismos de la sociedad civil, organizaciones sindicales o agrupaciones políticas. La decisión de Ortega fue calificada por el COSEP como una “señal política sobre temas económicos que provoca desconfianza” y que envía “señales inciertas” para preservar el clima de negocios, atraer inversiones y generar empleos.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) también mostró su preocupación por las reformas. Sus directivos dijeron a través de un comunicado que estas golpean de forma directa “los ingresos de miles de nicaragüenses en la economía formal, y la competitividad del país”, además de tener efectos en el desarrollo.

El economista Adolfo Acevedo advirtió que estas medidas afectarán a miles de medianas y pequeñas empresas que tendrán que asumir la carga del aumento en el aporte a la Seguridad Social impuesto a la patronal. “Significaría un incremento considerable en los costos que se agregan a los salarios”, dijo Acevedo, por lo que las empresas grandes o medianas “buscarían mecanismo para reducir la afiliación de sus trabajadores al sistema”, mientras que las pequeñas tendrían “problemas financieros y de liquidez muy serios para hacer frente a estos costos más altos, creando un formidable desincentivo para la formalización” de los trabajadores. Es decir que se podría producir un aumento en el desempleo y en el sector informal de la economía. “Todas las empresas se verían compelidas a reducir personal y los incrementos salariales para compensar el aumento del aporte patronal”, advirtió.

Ortega recibió en 2007 –cuando asumió el poder en Nicaragua– el sistema de Seguridad Social saneado y con superávit. Once años después de ineficiente administración sandinista, la institución está en banca rota y con un déficit de más de 71 millones de dólares. El Gobierno espera recaudar unos 220 millones de dólares para “salvarla”, mientras que los nicaragüenses expresaron su rechazo a las reformas, consideradas un “asalto” del Estado a su economía. El miércoles, cuando centenares de ellos intentaron manifestarse en Managua y otras ciudades importantes del país, se encontraron con la orden oficial de movilizar a sus huestes para intimidar o reventar cualquier protesta. Es la política orwelliana de “amor y paz” promulgada por Rosario Murillo, la vicepresidenta, esposa de Ortega y administradora de hecho del Estado.