La desaparición de siete jóvenes golpea de nuevo a la policía de México

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Marco Catalán Cabrera fue a visitar a su familia en Chilpancingo (capital de Guerrero) en las fiestas de fin de año y desapareció tras ser detenido por policías municipales. Su cuerpo y el del amigo que lo acompañaba en el momento del arresto fueron encontrados días después con huellas de tortura. No son los únicos jóvenes que desaparecieron durante las celebraciones de diciembre a manos de la policía. Entre el 24 y el 29 de diciembre, cinco más fueron levantados por agentes. Tres de ellos ya fueron localizados por sus familiares y otros dos siguen desaparecidos. Familiares, amigos y activistas locales denuncian que en todos los casos participaron agentes del Ayuntamiento de Chilpancingo —lo que ha provocado una purga en la policía local—, y ministeriales, del Gobierno del Estado de Guerrero.

El 30 de diciembre, Catalán Cabrera acudió a la feria local con su amigo Jorge Arturo Vázquez. Durante la noche fueron detenidos por policías municipales porque supuestamente participaron en una riña. “Le avisaron a la mamá que lo habían detenido y ella al día siguiente fue a sacarlo de barandilla (la comandancia), pero resulta que él ya no estaba. Ahí le dijeron que alguien había pagado la multa y lo habían liberado. Su mamá pensó que algún amigo lo había sacado, pero no fue así”, cuenta una amiga de la familia que prefiere omitir su nombre.

Los amigos y familiares comenzaron una campaña en redes sociales para pedir información sobre su paradero. El 3 de enero los cuerpos de Catalán y Vázquez fueron encontrados en bolsas de plástico en un basurero al norte de la ciudad, cubiertos de tierra y con signos de tortura. “Creemos que los cuerpos ya habían sido enterrados, pero debido a la presión social, por ser un chavo muy conocido, pensamos que los desenterraron para hacer aparecer los cuerpos”, cuenta la amiga de Marco. Catalán, de 34 años, vivía en Cuernavaca, en el Estado de Morelos, donde tenía un bar. “Era chef y trabajó un tiempo en el estadio Azteca en la Ciudad de México”, añade.

Tres días antes de la desaparición de Catalán y Vázquez, ocurrió otro rapto. Alan Alexis, Juan Miguel y Héctor Josué, de 20, 16 y 15 años, fueron secuestrados por policías mientras caminaban por una calle de Chilpancingo y posteriormente entregados a agentes ministeriales de la Fiscalía estatal. Julia Alonso Carvajal, defensora de derechos humanos, asegura que hay un testigo que vio a los tres jóvenes golpeados en las instalaciones de la Policía Ministerial en Acapulco, a poco más de 100 kilómetros de Chilpancingo.

“Los papás me dijeron que un señor que había estaba detenido ahí vio a los muchachos golpeados en una celda. Cuando iba a ser liberado, uno de ellos le pasó un teléfono escrito en un jabón y la esposa de este señor llamó a ese teléfono y se contactó con la novia de uno de los tres muchachos; por eso se pudieron salvar”, cuenta la activista.

Ante la pista, los padres se trasladaron a Acapulco. La activista acudió a las instalaciones de la ministerial con ellos y les pidió a los agentes que liberaran a los jóvenes. “Yo los quiero para mañana –les dijo--, no sé dónde los vayan a dejar, pero los quiero vivos porque ustedes están metidos en un serio problema por solapar a policías municipales y están siendo cómplices de desaparición forzada”, relata Alonso. Al día siguiente, el 3 de enero, dos de los tres desaparecidos fueron encontrados vivos en un terreno baldío contiguo al Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Estaban atados de manos y golpeados.

Héctor Josué le contó a su papá que los sacaron con los ojos vendados de donde los tenían escondidos y los fueron a aventar al terreno baldío, pero en ese lapso él logró escapar. “El papá de este adolescente me dijo que su hijo ya estaba en su casa, escondido y que tiene miedo porque ahora lo están acusando de homicidio”, cuenta la activista. Los otros dos jóvenes fueron llevados a la comandancia de Chilpancingo y quedaron detenidos. Pese a que ya se presentaron tres denuncias y las familias cuentan con evidencias y testigos, las autoridades no han investigado. “Ellos declaran que los torturaron para que confesaran un delito. Es impresionante que violaron todos sus derechos y no hay una investigación”, cuestiona.

El drama no cesa aquí. Efraín Patrón Ramos conducía su coche el 29 de diciembre sobre una de las avenidas principales de Chilpancingo cuando agentes municipales le indicaron que se orillara. La familia sabe que el último contacto del joven de 24 años fue con unos policías municipales, porque en ese momento hablaba por teléfono. “Iba hablando entre las 3.40 y las 4 de la madrugada con una amiga y le dijo: ‘Permíteme, me acaba de parar la municipal’. Ella escuchó que le pidieron los papeles del carro y de pronto se cortó la llamada. Le volvió a marcar, pero ya no contestó”, cuenta Natividad Patrón, hermana del desaparecido. Desde entonces no se sabe nada de él y las autoridades no han hecho nada, pese a que hay videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde se observa que los agentes lo suben a una patrulla. “Ya presentamos la denuncia en la fiscalía, pero no nos han dado ningún resultado. El fiscal ni siquiera una llamada nos ha hecho”, se queja la hermana.

Otro de los siete desaparecidos es Abel Aguilar García, un joven de 18 años que estudiaba la preparatoria en Chilpancingo. Aguilar salió la mañana del 23 de diciembre de la casa del estudiante –donde vivía— con rumbo a su trabajo en una frutería, pero no llegó. Pioquinto Damián Huato, líder de los empresarios locales en Chilpancingo y quien ha estado en contacto con la familia, cuenta que existe la sospecha de que fue levantado por policías locales porque desapareció en el mismo punto donde agentes interceptaron y raptaron a Efraín Patrón. “Él alternaba sus estudios con un trabajo, y ese día, a las 6 de la mañana, caminaba a tomar un transporte que lo llevaría a su trabajo. Su familia cree que pudieron haber sido policías”, expone.

Ante la presión social que suscitaron los casos, el 4 de enero policías estatales, federales y militares irrumpieron en las instalaciones de la policía de Chilpancingo, desarmaron a los agentes y se hicieron cargo de la seguridad de la localidad. Las autoridades del Estado han informado que se investiga a los uniformados sólo por su implicación en el asesinato de dos jóvenes, sin relacionarlos en el resto de los casos. Los delitos por los cuales se les investiga son privación ilegal de la libertad, desaparición de personas y homicidio calificado.

Hasta el momento solo un policía ha sido encarcelado por el homicidio de Marco Catalán y Jorge Arturo Vázquez. Pioquinto Damián Huato dice que no pudo haber participado sólo un policía en el crimen y que se está tratando de encubrir al resto. Amnistía Internacional se pronunció sobre estos hechos y también reprochó que sólo un policía municipal ha sido detenido, a pesar de que se tiene evidencia que indica que las redes de colusión serían mayores. Tras una misión de investigación en Chilpancingo, el organismo confirmó la desaparición forzada en cinco casos a manos de policías que usaron “tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado”, según señaló en un comunicado.

No es la primera vez que los policías de Guerrero están bajo la lupa por su implicación en el delito de desaparición forzada. El caso más emblemático ocurrió en 2014 cuando los agentes de Iguala y Cocula detuvieron a 43 estudiantes y los entregaron a un grupo criminal sin que hasta la fecha se sepa con claridad qué fue lo que ocurrió. El hecho conocido como el caso Ayotzinapa dio la vuelta al mundo y sumió al Gobierno de Enrique Peña Nieto en una profunda crisis política y social.