La Justicia brasileña abre el sexto proceso judicial contra Lula

El juez Sérgio Moro, impulsor de la gran investigación contra la corrupción en Brasil, no da tregua al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tres semanas después de condenarle a nueve años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero, Moro abrió este martes un nuevo proceso judicial contra Lula, el sexto que acumula ya el líder de la izquierda brasileña. Los cargos son los mismos por los que fue ya condenado, y el caso presenta grandes similitudes con el anterior. Si antes Moro le consideró culpable de recibir bajo cuerda un apartamento en la playa de una constructora, el juez ha aceptado ahora la denuncia de la fiscalía, que acusa al presidente de ser agasajado también con una casa de campo a las afueras de São Paulo.

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El ministerio público sostiene en su denuncia que las constructoras Odebrecht, OAS y Schahin gastaron 1,02 millones de reales (unos 275.000 dólares) en la reforma de esa casa de campo en la ciudad de Atibaia a cambio de contratos con la petrolera pública Petrobras. El inmueble es frecuentado por el expresidente y sus familiares, aunque está a nombre de dos empresarios. Los fiscales aseguran que Lula es el "propietario de hecho" de la finca. La defensa del expresidente lo niega, tacha la decisión de "otro atentado al Estado de Derecho" y acusa a Moro de "aceptar una denuncia estrafalaria contra Lula solo en razón del cargo de presidente de la República por él ocupado". Según el abogado Cristiano Zanin Martins, la denuncia se "refiere a contratos firmados por Petrobras con contratistas que el propio juez ya reconoció en otra sentencia que no generaron ningún beneficio en favor de Lula".

En su decisión Moro apunta que las pruebas recogidas por la fiscalía y la policía "permiten, en un análisis sumario, concluir que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se comportaba como propietario de la casa de campo" y que las constructoras implicadas en la corrupción de Petrobras costearon diversas reformas del inmueble para favorecer al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Una de las empresas, OAS, es la misma que, según Moro, regaló a Lula el apartamento en la playa. "Evidentemente, se trata solo de elementos probatorios aquí consignados en un examen sumario, ante la necesidad de verificar si hay justa causa en la imputación", concluye el juez.

Además de Lula, otras 12 personas también han sido imputadas, ejecutivos de las constructoras, el propietario legal de la casa y uno de los abogados del expresidente. Antiguos ejecutivos de Odebrecht, que en su día realizaron confesiones premiadas ante la justicia, relataron que la fallecida esposa de Lula, Maria Leticia, les pidió en 2010 que le ayudasen a terminar una reforma en esa casa de campo para dar "una sorpresa" al expresidente en su 65º cumpleaños. Los exdirectivos, sin embargo, señalaron que el propietario no era Lula sino un exalcalde de su partido.

La decisión judicial se produjo un día antes de que la Cámara de los Diputados de Brasil vote si autoriza el procesamiento del presidente de la República, Michel Temer, a quien el fiscal general ha denunciado por corrupción. Para el PT, esa coincidencia temporal es la prueba de que el expresidente es víctima de una persecución política instrumentalizada por algunos jueces.