Nicaragua y Siria, los otros países que se oponen al acuerdo de París

Los Gobiernos del nicaragüense Daniel Ortega y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez tienen más cosas en común. Ortega gobierna Nicaragua a golpe de decretos, ha cerrado las fronteras del país a los migrantes, tiene lazos muy estrechos con la Rusia de Vladimir Putin, es un autócrata que ha manipulado las instituciones para su beneficio y en 2015 se negó a firmar el acuerdo sobre el cambio climático alcanzado en París, aislando a Nicaragua, un país pobre y atrasado, del concierto de las 190 naciones que buscan una salida a la crisis climática del planeta. Una decisión que también tomó Siria, nación sumida una sangrienta guerra. Desde este jueves ambos países no están solos, Trump puso a Estados Unidos en la misma línea de Nicaragua. O como dijo un comentarista en Facebook: “Por primera vez en la historia del mundo, la primera potencia del planeta sigue la onda de un país tercermundista”.

Ortega ha mantenido su cerrazón en relación al acuerdo de París. El mandatario decidió no aceptar el acuerdo sobre cambio climático, culpando a Estados Unidos, Europa y China de los estragos causados por su economía capitalista en países vulnerables como los de Centroamérica y exigiendo una indemnización por daños a causa del aumento de las temperaturas, lo que, según el discurso oficial, entre otras cosas daña la agricultura de estos países. El Gobierno nicaragüense ha dicho que el acuerdo de París no es suficiente para detener el cambio climático y que los países ricos no lograron compromisos reales o sacrificios mayores para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Sólo ellos (los países más ricos) pueden lograr el objetivo. Ciertamente, no puede venir la solución de los 100 emisores más pequeños que representan el 3% del total de carbono del mundo. Ciertamente, no puede venir de Nicaragua, con 4,8 millones de toneladas de emisiones de CO2e el año pasado, lo que representa 0,03% del total mundial”, dijo el año pasado Paul Oquist, secretario privado para políticas nacionales del presidente Ortega. “Luchamos para que haya más ambición por parte de los grandes países emisores, luchamos para que haya indemnizaciones para los países que año con año están sufriendo los daños y pérdidas de los resultados del cambio climático”, agregó el asesor presidencial.

La negativa de Nicaragua de adherirse al acuerdo, sin embargo, generó fuertes críticas de grupos ambientalistas y científicos nicaragüenses. Jaime Incer Barquero, uno de los científicos más respetados del país y quien ha sido asesor de Ortega en temas ambientales, catalogó la decisión del Gobierno como “aberrante”, acusó al Ejecutivo de poner al país en “una situación incómoda y ridícula” y de mantener una posición “como niño malcriado”. Incer Barqueró instó al Gobierno a “enmendar esas fallas, presentar un plan y ratificar el acuerdo”.

“No podemos perder esta oportunidad, no podemos buscar resentimiento porque no cabe, ya hubo voluntad de atacar el problema de parte de aquellos países que señalamos como culpables. Estos países que están en situaciones aún mejores que las que estamos nosotros, si están aprovechando la oportunidad”, argumentó el científico.

El Gobierno de Nicaragua también defiende su posición argumentando las inversiones que se han hecho en el país en energías renovables. Entre los planes del Ejecutivo están cambiar la producción de energía a base de petróleo y sus derivados por energías limpias, con una inversión de casi 3.000 millones de dólares proyectada hasta 2020. Los planes, sin embargo, se han visto truncados por la cancelación de la construcción de una central hidroeléctrica valorada en 1,100 millones de dólares, cuyos socios mayoritarios eran las empresas brasileñas Eletrobras y Queiroz Galvão, que el año pasado fueron investigadas por las autoridades brasileñas por supuestos casos de corrupción vinculados al caso Lava Jato. El proyecto, hasta el momento, sigue sin fondos ni inversionistas interesados, así como la otra gran obra anunciada por el gobierno de Ortega: La construcción de un Canal Interoceánico valorado en más de 50 mil millones de dólares y que causaría enormes daños ambientales en el país, a decir de científicos y ambientalistas.