El Estado mexicano de Michoacán retira un proyecto que reducía la pena por aborto si “no tiene mala fama”
La polémica generada obliga al gobernador del izquierdista PRD, Silvano Aureoles, a retractarse sobre el proyecto de reforma del código penal


Una veintena de días ha durado un proyecto de reforma del código penal del Estado de Michoacán (oeste de México). La iniciativa, que ocupa 146 páginas con distintas modificaciones que costaron tiempo y recursos al Gobierno estatal, ha sido fulminantemente retirada tras la polémica generada por los cambios que volvían a penalizar con cárcel el aborto en una entidad en la que la interrupción libre del embarazo intenta abrirse paso, poco a poco, en las bancadas del Congreso. En la iniciativa, la mujer que abortara sin acogerse a ninguno de los supuestos contemplados por la ley se enfrentaba a hasta cinco años de cárcel, pero solo a uno si no tenía "mala fama", si había "logrado ocultar su embarazo" y si este era "fruto de una unión ilegítima".
Polémica y contradicciones han provocado que este lunes el Gobierno del izquierdista Silvano Aureoles (PRD) emitiera un comunicado para acallar el escándalo. En él, el gobernador "ratifica su compromiso con los derechos de las mujeres" y asume "con responsabilidad" que esta iniciativa "va en contra de la línea del PRD", asegura la diputada perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nalleli Pedraza. "[El proyecto] no fue debidamente revisada, no sé por qué salió adelante".
El proyecto del gobernador Aureoles suponía un retroceso y una contradicción con la línea legislativa de su propio partido. Pedraza lleva ahora en el Congreso una iniciativa para la interrupción libre del embarazo hasta la semana 12, algo que solo está permitido en la capital del país desde hace justo una década.
Michoacán se encuentra entre los Estados más progresistas en este punto, ya que, entre los supuestos para poder abortar, admite la existencia de una situación económica precaria, un riesgo grave para la salud de la madre o una malformación del feto. La legislación mantiene, sin embargo, sanciones cuando no se acoge a ninguna de estas circunstancias: de seis meses a un año de trabajo comunitario. "En comparación con el resto del país, Michoacán está avanzado, excepto porque el aborto debería ser libre", apunta la abogada Rebeca Muñoz, del organismo de defensa de los derechos reproductivos GIRE. En muchos otros Estados de México, el aborto solo se permite si se prueba que el embarazo fue resultado de una violación.
Socorro Quintana, parlamentaria del PRI y presidenta de la Comisión de Género, asegura que sea cual sea la razón por la que se presentó tal reforma del código penal, de manos de un partido considerado de izquierda, su retirada ha sido "acelerada". "Desconozco quién ha asesorado al gobernador, pero celebro que haya sido abandonada porque atenta contra los derechos de la mujer", apunta Quintana. "Algún asesor se acercó al gobernador y este, para ganarse su simpatía...", remata la diputada. Cuando leyó los nuevos supuestos, ahora retirados, se dijo: "Espérame, ¿cuál es el índice para medir si tiene mala fama?"
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