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Tribuna
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Las fosas de Veracruz y el colapso del Estado

El hallazgo del cementerio clandestino más grande de México agudiza la crisis de violencia de la entidad

Alberto J. Olvera

Veracruz es de nuevo el centro de atención nacional debido al reciente descubrimiento de múltiples fosas clandestinas y a otro asesinato de un periodista. Recientemente salió a la luz pública el macabro caso del cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe, el mayor a la fecha en México (se han hallado 250 cráneos hasta ahora), y hoy 19 de marzo se sabe de otro en Alvarado, con 49 cráneos, a los cuales hay que sumar los hallados en meses recientes. La fiscalía reconoce que hay fosas en 44 de los 212 municipios de la entidad. Por otra parte, el 18 de marzo fue asesinado en el pueblo de Yanga un periodista local, Ricardo Monlui, el primero en el nuevo gobierno, todo ello en el marco de la agudización de la violencia criminal en todo el estado.

Las investigaciones realizadas por valientes periodistas y por las familias de las víctimas revelaron, desde hace 5 años, la participación directa de las fuerzas policiacas estatales en muchos de los asesinatos y desapariciones atribuidos al crimen organizado. El nuevo gobierno de Veracruz está intentando documentar esta alianza. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia carece de los más elementales recursos humanos, técnicos y operativos para llevar a cabo las investigaciones necesarias. Lo mismo aplica para el nuevo asesinato de un periodista, el cual, como los 19 acontecidos en el gobierno anterior, puede quedar en la impunidad.

El cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe, apenas 10 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, fue descubierto en agosto de 2016, con la ayuda de una denuncia anónima, por el Colectivo El Solecito, una agrupación de familiares de desaparecidos que con sus propios recursos inició la búsqueda de restos humanos en dicho predio. Casi seis meses después, con el apoyo reciente del gobierno federal, se han localizado 250 cráneos, pero solo se han podido identificar a dos víctimas. La Fiscalía carece de recursos para almacenar tan impresionante cantidad de cadáveres y para tomar las muestras de ADN, tanto de los restos como de las familias de las víctimas.

La elemental tarea de identificar los cientos de cadáveres producto de la violencia había sido iniciada por el fiscal anterior, quien creó una base de datos genéticos de restos y de familiares de víctimas. Pero las tomas de muestras de ADN a casi mil personas durante 2015 y 2016 fue, al parecer, un engaño criminal pues sólo 266 de ellas son útiles. La renuncia del fiscal anterior, Luis Ángel Bravo, fue sorpresiva, dado que por ley tenía aun más de seis años de gestión por delante. Se habló de un pacto con el gobierno entrante que le permitió irse sin asumir responsabilidades políticas o penales. Tal pacto implicaría el perdón a una gestión caracterizada por la protección sistemática a las fuerzas policiacas, claramente penetradas por el crimen organizado, y la ceguera ante la brutal corrupción de los altos funcionarios estatales. Es responsabilidad del gobierno actual llevar ante la justicia a las autoridades del gobierno anterior, no sólo por la alianza criminal que prohijaron y permitieron, sino por la falta de respeto a las víctimas y sus familias.

De 2010 a la fecha hay 2.345 carpetas de investigación abiertas por desaparición. Las morgues de Veracruz tienen 300 cadáveres sin identificar y hay cientos más, que se están localizando en las fosas clandestinas. La magnitud de esta tragedia es casi indescriptible. El gobierno estatal no tiene capacidad para almacenar más cadáveres y tampoco para procesar su ADN. Se requiere, como lo reconoce el fiscal, ayuda internacional para construir instituciones mínimamente operativas en las policías, la procuración de justicia y el poder judicial de Veracruz.

En México apenas estamos entendiendo el increíble vacío de Estado que ha caracterizado al régimen. La violencia extrema, los muertos y desaparecidos por miles, las familias desesperadas, son sólo la manifestación más dramática de un gigantesco colapso del Estado.

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana

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