México cambia la cúpula fiscal en pleno huracán por la fuga del gobernador Duarte

El presidente Enrique Peña Nieto dio un vuelco a la cúpula fiscal mexicana. En pleno huracán por la fuga del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el mandatario sustituyó a la procuradora general de la República, Arely Gómez, por Raúl Cervantes, ex presidente del Senado. El cambio, que aún debe ser ratificado por el Parlamento, se interpreta como un intento de reactivar una institución de extrema sensibilidad en la lucha contra la corrupción. En esta línea, Cervantes, militante del PRI desde 1997, tendrá que lidiar con las espinosas investigaciones abiertas por enriquecimiento ilícito contra tres exgobernadores de su formación (Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua). Unas pesquisas de enorme repercusión social y cuya resolución puede afectar a las expectativas electorales de su partido.

A la anterior procuradora, Peña Nieto le ha reservado la Secretaría de la Función Pública. El cargo, una especie de ministerio anticorrupción, estaba vacante desde que Virgilio Andrade lo abandonase en julio pasado. La principal encomienda de Andrade fue investigar si el presidente había incurrido en conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca, la vivienda adquirida a crédito por su esposa a un importante contratista gubernamental. La conclusión, muy polémica por la cercanía del secretario al círculo presidencial, fue que no hubo ninguna práctica ilegal.

Ahora, Arely Gómez, de perfil más técnico que político, recupera el puesto y tiene que acelerar las transformaciones en el ámbito administrativo del recién estrenado sistema nacional anticorrupción. Un entramado legal destinado a combatir una lacra que le cuesta a México el 10% del PIB, y que impone, entre otras medidas, la exigencia de que todos los servidores públicos presenten su declaración fiscal y de intereses.

El trabajo más arduo, sin embargo, recaerá en Cervantes. La procuraduría general es el fusible de todos los escándalos del país. Y a lo largo de la historia ha sido la tumba de muchos de sus responsables. El primero en caer en este mandato fue Jesús Murillo Karam. Encargado de investigar la tragedia de Ayotzinapa, su figura se volvió el espolón contra el que se estrelló el gigantesco descontento levantado por el caso. Sometido a un proceso de erosión acelerado, fue sustituido a los cinco meses de la desaparición de los estudiantes y se le ofreció la secretaría de Agricultura, relativamente cómoda y sin excesiva exposición. Su sucesora intentó por todos los medios apaciguar los ánimos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Tampoco tuvo éxito y se tuvo que enfrentar al portazo que le dio el grupo de expertos internacionales encargados de revisar la investigación. La huida de Duarte y la crisis de confianza desatada han rematado su gestión.

El objetivo principal del nuevo procurador será darle buen rumbo a una nave zarandeada por enormes presiones. Con un poder excepcional, que aúna la fiscalía y la policía, Cervantes, de 53 años, tiene como primeras tareas rebajar la tensión por Ayotzinapa y capturar a Duarte, quien, a plena luz y con una miriada de investigaciones pisándole los talones, se ha esfumado de las autoridades y abierto una nueva fractura en la credibilidad gubernamental. Para lograr su cometido, este profesor de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) deberá propinar golpes contundentes, incluso dentro de su partido, y disipar la nube de desconfianza institucional que asfixia a México.

A su favor cuenta con talante político, apoyo del entrono presidencial (su primero es el poderosísimo consejero jurídico de Peña Nieto) y consciencia de la inseguridad que sufre el país. “No creo que nadie minimice el problema: la percepción es un elemento clave y, si la ciudadanía siente que la inseguridad es mayor es porque realmente lo es; así que los esfuerzos se tienen que multiplicar”, afirmó en una reciente entrevista con EL PAÍS. Por delante tiene dos años e innumerables escándalos por digerir. El reloj ha empezado la cuenta atrás.