La Ley de desapariciones en México, olvidada por los legisladores

La ley sobre desaparición de personas está atorada en el Congreso mexicano, pese a la insistencia de los colectivos por contar con una legislación en la materia. Las últimas estadísticas del Registro Nacional de Extraviados o Desaparecidos muestran que al 31 de julio de este año había 28.407 personas sin localizar. En diversos Estados del país los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos, ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones. Tamaulipas es la entidad que encabeza el mayor número de averiguaciones previas relacionadas a personas que permanecen sin localizar con 5.560 casos.

Mirna Medina cuenta que su hijo Roberto Corrales desapareció en julio de 2014. Unos hombres lo subieron a un coche de una gasolinera en El Fuerte, un municipio de Sinaloa. La madre acudió a la policía local a pedir ayuda, pero le dijeron que no buscaban desaparecidos. Ella sola comenzó la búsqueda de su hijo y después se le unieron otras 14 mujeres. “Nosotros tuvimos que empezar a buscar a los nuestros en vez de ser el Gobierno el que diera la cara”, relata en entrevista con este medio. Desde entonces Las rastreadoras del Fuerte -como se les conoce- han explorado ranchos, caminos sinuosos y territorios inhóspitos para buscar a los suyos. En dos años han encontrado cerca de 71 cuerpos escarbando con picos y palas. Ahora exigen a los legisladores que aprueben una ley en la materia donde se contemplen sus peticiones. “Lo más importante para nosotros es localizarlos, porque eso te desgasta física, moral y económicamente. Nosotros queremos que se haga un mecanismo nacional de búsqueda, donde participemos los familiares”, explica la sinaloense.

El Senado organizó durante este año tres foros regionales para debatir el tema con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y familiares dedesaparecidos. Sin embargo el tema no fue aprobado en el pasado periodo ordinario de sesiones que concluyó el 30 de abril. El Movimiento por NuestrosDesaparecidos en México ha exigido a los legisladores aprobar la ley en el actual periodo que inició el primero de septiembre e incorporar las observaciones que han hecho al dictamen. Se busca, han expuesto en diversos comunicados, que la ley contemple una instancia para hacer exhumaciones e identificación de restos y se lleve a cabo un registro de las fosas comunes y clandestinas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se ha sumado a los exhortos al Congreso para urgir que se apruebe una norma que cree una estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación que tenga garantizados los recursos para su funcionamiento. “Esta estructura debe coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal", expuso la ONU en un comunicado. A principios de este mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que es necesario que en la ley se genere una base de datos donde se aclare cuántas son desaparicionesforzadas, (con la participación de un servidor público) o ausencias y cuántos casos son atribuibles al crimen organizado. 

Desde que el Gobierno anterior encabezado por Felipe Calderón (2006-2012) emprendió el combate frontal al crimen al organizado, la desaparición forzada (donde hay implicación de servidores públicos), las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes han estado en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos, destaca un informe del Senado. Entre los casos más recientes está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios de este año. En ambos casos la policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.

Mirna Medina, de Las Rastreadoras del Fuerte, expone que en el 90% de los casos de desaparecidos registrados en Sinaloa, hay participación de la policía local. “Son los que nos están desapareciendo a nuestros familiares cuando tienen el deber de velar por nosotros”, manifiesta. El Gobierno tiene la obligación de hacer una depuración para expulsar a los policías corruptos o mejorar las condiciones laborales de estos para que no se coludan con el crimen organizado. “Nosotros no tenemos esperanzas de que nuestros hijos estén vivos, la mayoría creemos que están muertos, pero seguiremos buscando hasta encontrarlos y sobre todo buscamos que esto no se repita”, menciona.