El regreso a clases atiza el fuego entre los maestros y el Gobierno en México

Las vacaciones se acaban para los estudiantes de primaria en México. El próximo lunes regresan al colegio más de 25 millones de niños, según el ministerio de Educación, pero mientras unos preparan sus uniformes y cuadernos, otros esperan que el Gobierno derogue la reforma educativa que mantiene a sus maestros en paro, para volver a su escuela. El magisterio disidente ha advertido que al menos en cinco entidades no habrá clases, y el Gobierno ya respondió: el que falte será sancionado.

Los niños que estudian en primarias públicas del central Estado de Michoacán y de los sureños Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como la Ciudad de México, no empezarán su ciclo escolar 2016- 2017 con el resto de su generación, pues se encuentran en medio de un añejo conflicto entre los maestros que se oponen a la reforma educativa de 2013, y el Gobierno que la promovió. Los inconformes pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -una escisión del sindicato magisterial nacional- que se ha caracterizado por exigir el cumplimiento de sus derechos con plantones y marchas, algunas de ellas violentas. La CNTE está en desacuerdo con la legislación que, entre otros puntos, busca someter a los maestros a evaluaciones para definir su situación laboral, y ha exigido que se le dé marcha atrás. Ante la negativa del ministerio de Educación, advirtió este viernes que no regresarán a sus labores y que el Gobierno provocará más violencia con su negativa.

“Si hay intereses superiores al Gobierno que lo obligan a no ceder -que son los empresarios-, la salida que le queda, si no hay solución, es la salida sangrienta”, dijo José Luis Pavel, vocero de la coordinadora en el Estado de Chiapas en una entrevista radiofónica con Grupo Imagen. El maestro admitió que con esta decisión afectarán nuevamente a los estudiantes, pero aseguró que la responsabilidad no es del magisterio, “es de este gobierno intolerante, intransigente. Que esto llegue a las últimas consecuencias”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, Aurelio Nuño, respondió también en una entrevista radiofónica al amago de los maestros. Dijo que es lamentable que las posiciones radicales de la CNTE dejen a los estudiantes sin clases, e indicó que el ministerio a su cargo sancionará a los maestros que se ausenten de su empleo durante tres días consecutivos, como aplica la ley federal del Trabajo para los trabajadores en el país.

“Lo que más lamentamos es esa amenaza de que el lunes no regresarán. Nos parece francamente lamentable que el conflicto los lleve a dejar a los niños sin clases, con métodos de presión a la autoridad, cuando lo más importante es garantizar el derecho de los niños”, expresó Nuño a la cadena Radio Fórmula.

Los maestros disidentes aseguran que no se oponen a una reforma educativa, pero exigen que el proyecto sea consultado y consensuado con ellos, acusando al ministerio de Educación de redactarla y aprobarla de manera unilateral. También afirman que están abiertos a ser evaluados, siempre que sea en las mismas condiciones para todos y que la evaluación no ponga en riesgo su empleo.

Por su parte, el Gobierno rechaza que la Reforma haya sido diseñada para despedir a los profesores que no aprueben la evaluación, sino sólo para definir su estatus, elevar el salario a los que tengan buenos resultados y “capacitar a los que reprueben” para que practiquen un nuevo examen, sin ser despedidos ni perder sus prestaciones laborales.

Ambas partes parecen coincidir y estar dispuestas al diálogo para destrabar el conflicto magisterial, pero difieren en un punto irrenunciable para ambos: la evaluación. Los maestros son irreductibles en su demanda de que la reforma educativa, como fue aprobada, se derogue y un nuevo proyecto sea planteado. Mientras el Gobierno, desde la Presidencia y el ministerio de Educación, sentencian que todos los maestros deben ser evaluados, y que todo el que se ausente de su empleo durante tres días –situación que generalmente ocurre cuando asisten a las protestas- será sancionado o cesado.

En este contexto, a dos días de que inicie el nuevo ciclo escolar para el nivel primaria, ambas partes del conflicto mantienen su postura y no ceden un ápice, lo que de inicio, afectará a los estudiantes de tres de los Estados más pobres del país (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y de uno de los más convulsos: Michoacán, donde la población civil se reunió en grupos armados para defenderse de la violencia del crimen organizado en ese mismo año, 2013.

Son también esos Estados los más rezagados del país en materia educativa. Según el Consejo que evalúa la política social del país (Coneval), más de la mitad de la población en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero vive en condiciones de pobreza, y la mitad de los habitantes mayores de 15 años no completaron su educación básica.

El conflicto magisterial data ya de más de tres décadas, con distintas motivaciones que desde los años 80 han puesto a los maestros a protestar por su situación laboral y por las condiciones paupérrimas en que deben impartir clase. La sociedad mexicana está dividida respecto a los maestros y sus demandas: una parte considera que deben alzar la voz y demandar que estas condiciones mejoren –al precio que sea- y otra parte cree que es excesivo afectar a los estudiantes y a la población con sus constantes paros laborales, sus manifestaciones y bloqueos.

El más reciente punto de quiebre entre maestros y el Gobierno fue la Reforma Educativa, propuesta por el presidente Enrique Peña y aprobada por el Congreso en 2013. La legislación ha sido motivo de numerosas protestas, y tuvo un violento estallido el pasado junio en el municipio de Nochixtlán, del sureño Estado de Oaxaca, donde maestros disidentes sostuvieron un violento enfrentamiento con policías armados, que terminó con un saldo de nueve personas muertas y más de 100 heridos, entre maestros, policías y civiles.

Luego de aquel choque, las manifestaciones han seguido en el sur del país y en la capital. Durante las vacaciones, los maestros protestaron casi cada semana con la misma demanda, pero el Gobierno no cedió y este viernes anunció el regreso a clases de 1,2 millones de docentes en 225.919 planteles educativos. La CNTE lo contradijo con la consigna: “no regresaremos a clases”.

Por otra parte, la población civil de las entidades afectadas por el conflicto magisterial tampoco ha dejado de quejarse. Exigen a sus gobiernos locales y a la presidencia que detengan las marchas y bloqueos que afectan el comercio, la movilidad y hasta la vida de los ciudadanos ajenos al magisterio, pues con los cierres carreteros los maestros han impedido el paso de mercancías, alimentos y hasta ambulancias; además de incendiar vehículos de transporte comercial, lo que genera graves pérdidas económicas en las regiones afectadas, principalmente en Oaxaca.

Un grupo de ciudadanos oaxaqueños que conforman la organización ‘Por un Oaxaca en paz’ difundieron un documento dirigido al presidente Peña, en el que afirman que en lo que va de 2016, el Estado ha padecido 92 días de bloqueos a las vías de comunicación, de tomas de oficinas públicas y de comercios privados, así como de la ocupación del Centro Histórico de Oaxaca, ciudad considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Esta situación ha impedido el libre tránsito de personas y de bienes, lo que ha generado una grave afectación a la economía del Estado de Oaxaca, pues a la fecha se estima en una pérdida de ingresos de aproximadamente 4.500 millones de pesos para las familias oaxaqueñas y la pérdida de miles de empleos”, reza el comunicado de la organización, que pide una condonación de impuestos para paliar estas afectaciones.