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Human Rights Watch registra detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela

La ONG de Derechos Humanos dice que la OEA debe pedir a Nicolás Maduro la libertad de los presos políticos

El presidente Nicolás Maduro habla en su programa de televisión "En contacto con Maduro".
El presidente Nicolás Maduro habla en su programa de televisión "En contacto con Maduro". Reuters

Desde mayo de 2016, las fuerzas de seguridad de Venezuela han apresado sin garantías legales a 21 personas acusadas de planificar, instigar o participar de manifestaciones de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los detenidos denunciaron además torturas y abusos por parte de sus captores, como descargas eléctricas, golpes y hasta ataques sexuales. Los datos se desprenden del último informe de Human Rights Watch (HRW), presentado en Buenos Aires, Argentina, por José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York. “El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, dijo Vivanco, quién pidió a la región que se comprometa con la crisis. “Como parte de cualquier diálogo genuino, los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían presionar a Venezuela para que desista de encarcelar sus críticos y termine con la represión de la disidencia”, agregó.

El informe de HRW detalla paso a paso la veintena de casos de abusos de autoridad que denuncia. El más paradigmático ha sido el del estudiante José Gregorio Hernández Carrasco, de 20 años, detenido dos días después de participar de una marcha opositora el 18 de mayo pasado. El joven declaró a HRW que fue “golpeado y torturado, hasta que aceptó firmar una confesión luego de que los agresores amenazaran con violarlo sexualmente”. “Las torturas incluyeron aplicarle descargas eléctricas, cubrirle la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia, y colocarle un palo en el recto y amenazar con violarlo. Hernández Carrasco permanece detenido y ha sido procesado penalmente, a pesar de que el Ministerio Público no aportó pruebas creíbles en su contra”, dijo la ONG en su informe.

En la mayoría de los casos, bastó como prueba de un presunto delito poseer panfletos en apoyo de los presos políticos o a favor del referéndum revocatorio del mandato presidencial, una herramienta constitucional que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pretende activar. La oposición espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) valide 400 mil firmas presentadas para iniciar el proceso del revocatorio, paso previo a la recolección de las 4 millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para activar la consulta en forma automática.

Para HRW, sólo la presión diplomática de los países de la región puede torcer el rumbo político en Venezuela, sobre todo en momentos en que el Gobierno ha decidido demorar el dialogo con la oposición. La MUD, en tanto, ha pedido la libertad de los presos políticos como condición previa a una negociación. A finales de mayo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela en base a un informe que describe una grave crisis humanitaria y de Derechos Humanos en el país petrolero. El 23 de junio pasado, la mayoría de los países votaron a favor de seguir el caso Venezuela, pese a los reclamos de Caracas, que consideró la medida “violatoria de la soberanía”. “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”, advirtió Vivanco.

 

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