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El robo de combustible se dispara en México

El Congreso de la Unión ha advertido que esta actividad contribuye de manera importante a las finanzas del crimen organizado

Trabajadores de Pemex en una plataforma en el Golfo.
Trabajadores de Pemex en una plataforma en el Golfo.

El robo de combustible en México es un negocio para el crimen organizado y un lastre para Petróleos Mexicanos (Pemex), que cada hora pierde casi dos millones de pesos (111.000 dólares) por este delito. Durante 2006, antes de que el expresidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico y el robo de gasolina se convirtiera en una actividad de los grupos criminales, las autoridades localizaron 204 tomas clandestinas. El año pasado la cifra ascendió a 5.252 tomas, informó Pemex en respuesta a una solicitud de información. El Congreso de la Unión ha advertido que esta actividad contribuye de manera importante a las finanzas del crimen organizado.

Los hurtos de combustible ocurren de dos formas: una es a través de los ductos de la empresa del Estado y la segunda es mediante el robo de pipas. Para llevar a cabo esta actividad se requiere de gente capacitada y bien enterada de la operación de los ductos, se explica en un diagnóstico de Petróleos Mexicanos. “El combustible se surte a diferentes horas y, previo a cada evento, se pasa agua por el tubo, por lo que se presume la participación de personal especializado, con vínculos con la delincuencia organizada como informantes clave, quienes reportan la hora en que pasa el combustible”, se expone.

En el primer trimestre de 2016 el número de tomas clandestinas en la red de ductos de la petrolera aumentó 12,3%  respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de 1.211 a 1.360. Los robos se dan principalmente en zonas cercanas a refinerías donde el ducto es perforado sin precaución alguna y luego es conectado a un camión cisterna. La actividad repercuta en el medio ambiente y ha ocasionado incendios en diversas ciudades del país. Las localidades donde el año pasado se encontró el mayor número de tomas se localizan en Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Jalisco.

Durante 2006, antes de que  iniciara la guerra contra el narco, se localizaron 204 tomas clandestinas; el año pasado la cifra ascendió a 5.252 tomas

En promedio cada dos horas se perforan ductos para extraer combustible de manera ilegal y quienes trafican con él obtienen ganancias de hasta 250.000 pesos (unos 13.800 dólares) por cada camión cisterna que venden, ha advertido el Senado mexicano. “Sin embargo, la transportación la realizan de manera insegura y sin medidas de seguridad, lo cual también pone en riesgo la vida de miles de personas que viven en las rutas de tráfico”, señala el Legislativo.

Las pérdidas económicas derivadas de esta actividad ilícita también van al alza. En 2011, el valor de los hurtos de gasolina y diésel ascendió a 4.300 millones de pesos (238,8 millones de dólares) y en 2014 se disparó a 20.645 millones (1.119 millones de dólares). Ante este panorama, la comisión permanente del Congreso de la Unión ha solicitado a la Procuraduría General de la República (Fiscalía) agilizar las investigaciones. Los legisladores también exhortaron a la Comisión Nacional de Seguridad un reporte detallado sobre las medidas implementadas para prevenir el robo de combustible y garantizar una adecuada vigilancia en ductos e instalaciones en las que se almacenan hidrocarburos.

El Instituto Belisario Domínguez, un centro de investigación del Senado, ha señalado que el robo de hidrocarburos en México ha ocasionado pérdidas económicas superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía y mayor al presupuesto que recibe anualmente la Cámara de Diputados.

El año pasado se aprobó en México una ley que sanciona con una pena de 15 a 25 años de prisión a quien sustraiga ilegalmente hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos o instalaciones. También sanciona con penas de tres a seis años de cárcel a quienes alteren los sistemas de medición en la venta de gasolina o diésel. En lo que va de la actual administración encabezada por el mandatario de PRI, Enrique Peña Nieto, se han iniciado un promedio de 2.800 carpetas de investigación al año por el delito.

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