Juego oscuro del juez y la PGR en Tlatlaya

La noche del pasado viernes, la Procuraduría General mexicana, PGR, mandó un comunicado bomba por correo electrónico. Al filo de medianoche, la PGR informaba de un hecho crucial en un caso que ha marcado el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la matanza de Tlatlaya.

Un juez federal, decía la nota, ordenaba liberar a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, tres militares a quienes la propia fiscalía acusaba del homicidio de ocho personas en julio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, a unas cuatro horas de la capital. El juez, seguía el comunicado, desestimaba las pruebas de la PGR y exoneraba a los militares de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración del lugar de los hechos.

El sábado a mediodía, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que administra y coordina a los tribunales federales en México, divulgaba el auto del juez que desechaba la investigación de la fiscalía. El auto, en realidad, revoca la decisión anterior de otro juez, que había mandado a prisión a los soldados. Aunque en un primer momento los medios dijeron que la justicia los absolvía, ni siquiera llegaba a eso: la justicia elegía no procesarlos. El sábado por la tarde, Santiago Aguirre, del Centro Pro, abogado de Clara Gómez, una de las testigos de lo ocurrido en Tlatlaya, explicaba por teléfono: “El juez ha aplicado un estándar que de aplicarse a cualquier otro caso, quedaría todo el mundo libre. Esto suele hacerse en sentencias. No debe servir para revocar un auto de formal prisión”.

En un país donde la posesión de unos gramos de marihuana puede llevar a la cárcel, tres soldados acusados de matar a ocho personas, de modificar el lugar de los hechos y encubrir el asunto quedaban libres.

El auto de liberación consta de 522 páginas. De la 135 a la 146, el juez recoge contradicciones entre las declaraciones de las tres testigos sobre lo que ocurrió en aquella bodega.

La madrugada del 1 de julio de 2014, una camioneta del Ejército paró junto a un galpón a medio construir en una comunidad rural de Tlatlaya. Uno de los militares había visto gente armada. Era de noche. Empezó entonces un tiroteo entre los soldados y el grupo de la bodega. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional informaba de la muerte de 22 delincuentes en el tiroteo. Un soldado había resultado herido. Dos meses más tarde, la testigo Clara Gómez denunciaba sin embargo que los soldados habían asesinado a parte del grupo; que el tiroteo había concluido, los supuestos delincuentes se habían rendido y los militares habían matado a los supervivientes.

La PGR, que empezó a investigar el caso semanas después de que ocurriera, concluyó que la versión de la testigo era cierta: tres de los ocho soldados habían asesinado a ocho del grupo armado. La fiscalía tomó declaración a otras dos testigos. Sus testimonios, el de Clara y los distintos peritajes que habían practicado sus colegas de la procuraduría estatal integraron el caso que presentaron ante el juez.

Los soldados fueron a la cárcel. La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas intervino y ofreció apoyo a los familiares de los ejecutados. Su titular, Jaime Rochín, adelantó incluso los montos que se pagaría a las familias como indemnización. Y luego llegó la decisión del tribunal.

El juez apunta una decena de imprecisiones y contradicciones en los relatos de las testigos sobre lo que ocurrió aquella noche. Y todas son menores. Una refiere por ejemplo que las testigos difieren sobre la hora en que comienza el tiroteo: una dice que serían las tres y media y las otras dos dicen de madrugada; la segunda, una imprecisión, apunta que las testigos difieren sobre quién empezó a disparar, si los soldados o los de la bodega. El auto está cortado justo en esa página, por lo que resulta imposible saber qué dice cada una. En todo caso, Clara se refugió en una camioneta durante el enfrentamiento. Las otras dos estaban al fondo de la bodega. Difícilmente pudieron dar cuenta de ese detalle con precisión. Luego, el juez señala que los testimonios no coinciden sobre la duración del enfrentamiento. Una dice que media hora, otra que entre cinco y diez minutos y otra diez… Y así sucesivamente. Ninguna contradicción o imprecisión refiere a los asesinatos, cosa que el juez no cuestiona.

Santiago Aguirre, del Centro Pro, dice: “El juez pone énfasis al cuestionar los testimonios y es laxo con los militares como nunca se ha visto en un caso que tenga que ver con civiles. Además, no hace caso de los peritajes balísticos”. La PGR acusaba a los tres soldados de alterar el lugar de los hechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó en su informe que alguien movió armas y cadáveres de lugar.

El sábado por la tarde, la PGR reaccionaba a la decisión del juez. En un comunicado, dijo: “[Esta institución] aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que estos sean reaprehendidos y formalmente procesados”.

En su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Alejandro Medellín, especialista en las Fuerzas Armadas, integrante del Casede, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracía, escribía el viernes: “La liberación de los tres militares de Tlatlaya es la disculpa públcia de Enrique Peña Nieto a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa y la Sedena”.

Hace apenas un mes, la prensa mexicana descubrió un video en que soldados y policías federales torturaban a una mujer para sacarle información. Días después, Cienfuegos se disculpaba públicamente delante de miles de soldados en un acto de la Sedena. Más tarde, en una entrevista con el diario digital Pulso, Cienfuegos decía: “El Ejército debe salir de las calles; fue un error entrar en esa guerra”.