El Senado mexicano apura el debate del Sistema Nacional Anticorrupción

El Senado mexicano trabaja contrarreloj para aprobar un paquete de medidas anticorrupción antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso, el 30 de abril. Los legisladores tienen hasta ese día para aprobar un dictamen y votar en el pleno la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por siete leyes que pretenden combatir uno de los problemas más graves de México. La discusión entre los legisladores lleva empantanada varias semanas, pero los expertos confían en que este miércoles exista un texto inicial que sería debatido en la sesión tan pronto como el jueves. Hasta el momento, la palabra de los 634.000 mexicanos que respaldaron con sus firmas la lucha anticorrupción ante el Congreso está en el aire. 

“Hay que ir a fondo, la corrupción es el cáncer de México. O vamos en serio o mejor no vamos”, dijo este lunes Agustín Basave, el presidente del izquierdista PRD, en una visita a la cámara legislativa. Basave y su homólogo del PAN (derecha), Ricardo Anaya, han formado una alianza para pelear por la aprobación de las siete leyes que conforman el SNA, que lleva tres años tratando de ver la luz. El PRI, el partido en el poder, y sus aliados, que tienen la mayoría en el Senado, han mostrado disposición a aprobar tres normas. El resto es territorio de negociación. 

El SNA está formado por una ley de responsabilidad civil, conocida como la ley 3 de 3, que pretende exigir a los funcionarios o aspirantes a un cargo público a que transparenten su riqueza con una declaración patrimonial, una de intereses y un comprobante de estar al corriente con sus impuestos. La ley general del Sistema pretende coordinar siete instituciones encargadas de vigilar y perseguir actos corruptos, e incluye la creación de un comité de participación ciudadana formado por la sociedad. También se formará un Tribunal de justicia administrativa para sancionar a funcionarios que incurran en faltas administrativas graves. 

Uno de los puntos de debate es la creación de una Fiscalía especializada que persiga estos delitos. “Fue propuesto por el PAN y no ha tenido mucha resonancia. Es el tema menos trabajado hasta el momento”, señala Max Kaiser, director de anticorrupción del Instituto mexicano para la competitividad (IMCO), un organismo civil que ha impulsado el tema en el Congreso. El PRI, antes de crear un nuevo organismo, prefiere robustecer la Secretaría de la Función Pública, un ministerio de Estado que investiga irregularidades cometidas por servidores públicos. Los partidos de oposición solo están dispuestos a aceptar esto si el Senado ratifica el nombramiento de su titular, para que este deje de ser empleado del presidente. “Sobre este tema esperaríamos un compromiso formal”, señala Kaiser. 

El PRI también ha mostrado sus reticencias en otros temas. Entre ellos el sistema de recompensas, que premiaría a aquellos que denuncien actos de corrupción. Emilio Gamboa, el líder del PRI en el Senado, afirmó que esto desataría una “cacería de brujas”. Kaiser asegura que este modelo se tomó del False Claims Act, de Estados Unidos. “Permite a un despacho investigar una denuncia de daño patrimonial si firma un convenio con la autoridad. Si los elementos que aporten sirven para sancionar y recuperar el daño puede participar de él”, asegura. El SNA también contempla la figura del whistleblower, o delator, para dar beneficios a un implicado en un delito si alerta sobre el delito. 

La discusión de las leyes del Sistema Anticorrupción es una negociación a marchas forzadas presionada por el ambiente pre electoral rumbo a las elecciones del cinco de junio, donde se renovarán 12 gobiernos estatales. “Los partidos están ocupados de que las leyes salgan antes de mayo, al menos en una cámara de origen, para que no revolver el debate electoral con el tema anticorrupción”, dijo Kaiser.