Comienza un juicio a varios militares por la matanza de Calera en México

Un juzgado federal acogió ayer en Zacatecas, en el centro de México, la primera audiencia del juicio a militares por la matanza de Calera. De acuerdo a la investigación, un coronel y tres soldados secuestraron en julio del año pasado a siete jóvenes en el pueblo de Calera, a diez minutos de la capital del estado. En las semanas siguientes, sus cadáveres aparecieron a pocos kilómetros de allí. Algunos cuerpos presentaban signos de tortura y otros el tiro de gracia. La justicia les acusa de homicidio y desaparición forzada.

Justo entonces, en julio del año pasado, se cumplían doce meses de la matanza de Tlatlaya. El 31 de junio de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, divulgaba un comunicado en que informaba de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con militares. Aquello ocurrió en una comunidad de Tlatlaya, en el Estado de México, a tres horas de la capital del país. Meses más tarde, una testigo desbarataba la versión de la Sedena, al explicar que los militares habían ajusticiado a varios de los 22. La justicia civil y la militar encausaron entonces a los elementos del Ejército implicados.

En el caso de Calera, la Sedena actuó con mayor diligencia. Tras las quejas de los familiares de los desaparecidos, que incluso acudieron al congreso del Estado; después de que las autoridades estatales hallaran los cuerpos sin vida de los jóvenes, cinco hombres y dos mujeres, varios menores de edad, la fiscalía militar consigno a un coronel y tres soldados. Luego la justicia civil se haría cargo del caso.

Este es el primer juicio civil en el nuevo sistema oral en que se actúa contra militares por delitos de este tipo. Las audiencias inician en un momento en que el Ejército atraviesa una situación delicada. Hace unas semanas, el general de división Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, hubo de pedir disculpas por el contenido de un vídeo que se había divulgado en redes sociales. En apenas cuatro minutos, se observaba cómo militares y policías federales torturaban a una joven, con la intención de sacarle información de los grupos delictivos que operan en una zona del estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

Ayer mismo, el grupo de expertos de la OEA que investigaba en México la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014, criticaba en su último informe los obstáculos que le ha puesto el Gobierno mexicano, para investigar el papel del Ejército en lo sucedido.