La Fiscalía responde al GIEI: “El caso Ayotzinapa no concluirá hasta que el último culpable sea juzgado”

Nadie quedará impune. Con este mensaje respondió la Procuraduría General de la República al demoledor informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa. Frente a las acusaciones de haber obstruido las pesquisas y evitado que se indagara en el papel del Ejército, el ministerio público tomó aliento y ofreció un largo y detallado recordatorio de todas las medidas tomadas en el sumario “penal más exhaustivo de la historia en México”. “La investigación no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces”, remachó el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.

A diferencia del malestar mostrado por el GIEI, cuya abrupta salida ha supuesto un demoledor golpe a la credibilidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto, los fiscales mexicanos mantuvieron la calma y trataron con guante de seda a los expertos internacionales. Siguiendo la instrucción de presidente, que expresó su agradecimiento al GIEI y anunció que se analizará su informe, el organismo público evitó el enfrentamiento y puso la respuesta en manos del subprocurador Betanzos, conocido por su moderación y conocimiento del gigantesco sumario.

Betanzos arrancó recordando que la presencia del GIEI fue un “acto de apertura al escrutinio internacional” decidido por el Gobierno y que en todo momento se brindó a la comisión internacional “las mayores facilidades y el pleno acceso” a la información. “Esta Procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones del GIEI, de las cuales el 85% ha sido cumplidas en su totalidad y el resto se encuentran en vías de serlo”, indicó.

En un detallado recuento, el subprocurador insistió en que a lo largo de las pesquisas se han detenido a 123 sospechosos (54 agentes de Iguala, 19 de Cocula y 50 supuestos integrantes de Guerreros Unidos) y que los casos de tortura denunciados por el GIEI están siendo estudiados por iniciativa de la propia Procuraduría.

Más beligerante se mostró el subprocurador al tratar la espinosa cuestión del Ejército en la noche de Iguala. El GIEI sostiene en su informe final que las autoridades mexicanas han dejado sin investigar a las fuerzas armadas pese a que su conducta omisiva durante la persecución de los normalistas puede constituir una “violación de los derechos humanos”. Betanzos insistió en que “permitir las entrevistas a militares en los términos en que pretendía el GIEI vulneraba el debido proceso”, dado que, a su juicio, la responsabilidad de este tipo de pesquisas recae en la Procuraduría. “Cabe comentar que en la indagatoria constan más de 50 declaraciones ante el ministerio público de elementos militares del 27 Batallón de Infantería. La Procuraduría las ha ampliado según ha sido necesario para esclarecer los hechos, de modo que algunos de sus integrantes han comparecido hasta cuatro veces, sin que se haya encontrado evidencia que los incrimine”, afirmó.

En sus conclusiones, el subprocurador de Derechos Humanos reiteró la voluntad del Gobierno del llegar hasta el final en este vertiginoso caso. “Los hechos de Iguala han representado una de las más grandes ofensas y uno de los más grandes desafíos para el Estado mexicano. Reiteramos nuestro compromiso con la apertura y la transparencia. La investigación está abierta”, concluyó.