Chile da un paso histórico hacia su ley de aborto

Justamente en la mitad del segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), la Cámara de Diputados de Chile después de un año de discusión ha aprobado este jueves uno de los proyectos estrella y más complejos de esta Administración socialista: la despenalización del aborto en tres causales (peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación). Aunque se trata recién del primer trámite legislativo, porque la iniciativa pasará ahora al Senado, representa una conquista histórica para los derechos civiles del país latinoamericano. “Este proyecto abre opciones y no impone posiciones. Hemos trabajado fuerte porque queríamos conseguir una fuerte mayoría”, señaló luego de la votación la comunista Claudia Pascual, ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

Chile es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en todas sus causales. Fue una de las leyes de amarre que la dictadura de Augusto Pinochet decretó poco antes de entregar el poder, en 1989, porque hasta entonces el aborto terapéutico no estaba penalizado. Después de 26 años de democracia y de decenas de proyectos de ley fracasados, el Gobierno de Bachelet intenta despenalizarlo en las que son probablemente las tres causales más complejas. De aprobarse en el Congreso antes de que finalice esta Administración en marzo de 2018, como pretende el Ejecutivo, resolvería un 5% de los 70.000 abortos clandestinos que, se estima, se realizan anualmente en condiciones de riesgo.

El proyecto de ley, que de acuerdo a diferentes encuestas es apoyado por más de un 70% de los chilenos, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 66 votos a favor y 44 en contra. Pero aunque la iniciativa limita estrictamente la despenalización del aborto para las tres causales, y no pretende abrir el camino hacia el aborto con mayores libertades, su tramitación en el Parlamento ha sido compleja. La oposición de la derecha y la resistencia de los sectores más conservadores del propio oficialismo, sobre todo de la Democracia Cristiana, han puesto cortapisas al proceso. Poco después de que se aprobara en la Cámara, de hecho, la alianza de derecha anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa.

La discusión pública parlamentaria, que arrancó el miércoles con una fuerte expectación ciudadana, ha reflejado la tensión que provoca la materia y las posiciones de los sectores más conservadores del Congreso. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Hasbún, indicó que el proyecto le parecía “tan permisivo, tan general, que abiertamente es la antesala a la legalización de la eugenesia”. “Y legalizar la eugenesia significa que se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad”, señaló en referencia a la iniciativa que todos los años se realiza en Chile para juntar dinero en favor de los menores con alguna discapacidad física. El diputado René Manuel García, de Renovación Nacional (RN), llegó a realizar comparaciones con las violaciones a los derechos humanos en dictadura: “Podríamos decir que el Gobierno Militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?”. Enrique Van Rysselberghe, de la UDI, hizo referencias a la historia mundial: “Hay quienes dicen, al igual que los nazis y comunistas, que la vida humana se puede limitar”.

Cada una de las causales fue votada por los diputados en particular. El aborto en caso de violación ha sido la más resistida de las tres, incluso desde parte del oficialismo. Finalmente, sin embargo, también fue aprobada por 59 votos a favor y 47 en contra. El proyecto establece que existirá un plazo máximo de 12 semanas de gestación en estas situaciones, aunque se extiende a 14 semanas si se trata de mujeres menores de 14 años. Sobre la confidencialidad, el proyecto de despenalización establece que los servicios de salud deben poner en conocimiento del Ministerio Público si una mujer invoca la causal de violación, aunque no se les puede obligar a declarar ante la Fiscalía o los tribunales. En el caso de las menores de edad, como hasta ahora, se mantiene la obligación de los médicos de denunciar el hecho ante la Justicia.

“Este es un momento histórico. Con todos los vaivenes que ha enfrentado esta discusión, que por décadas fue abortada, el movimiento social y la opinión pública ha empujado y enfrentado a la clase política chilena a dar respuestas a una realidad que refleja que, en Chile, las mujeres todavía somos ciudadanas de segunda clase”, ha señalado la abogado Lidia Casas, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP).