Los Estados de México malgastan los recursos destinados a la educación

En México, donde el gasto anual por estudiante es uno de los más bajos de los países que integran la OCDE, los estados destinan incorrectamente los recursos que el Gobierno federal les otorga para elevar la calidad educativa. En 2014, la federación transfirió a las 31 entidades del país 1.255 millones de pesos (cerca de 70 millones de dólares), pero al momento de rendir cuentas no pudieron comprobar en qué gastaron el 93% de los recursos, revelala Auditoría Superior de la Federación.

El dinero es para el programa Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica. El objetivo es mejorar el aprendizaje de los alumnos, reducir el rezago educativo y apoyar al personal docente en la generación de condiciones de aprendizaje “con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas”. Los recursos, que se encuentran sujetos a reglas de operación, se destinan para apoyar el desarrollo curricular, impartir clases de inglés y para que las escuelas adquieran materiales educativos.

En una revisión hecha a las finanzas del programa, el máximo órgano fiscalizador encontró que sólo ocho de los 31 Estados exhibieron documentación comprobatoria por 231,3 millones de pesos (12,8 millones de dólares). Sin embargo, el 65% de los recibos de pago que presentaron para detallar cómo usaron los recursos, presentaron irregularidades. Con el dinero transferido por la federación pagaron vales de gasolina, materiales de oficina que no tienen relación con el programa, artículos deportivos, y se realizaron eventos que no se justifican.

El 43,1 % de los 1.255 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) transfirió eran con la finalidad de apoyar los procesos de estudio del inglés y el 15% al financiamiento de proyectos locales para la calidad educativa. Para el restante 41,9% la Auditoría Superior no pudo identificar a que se destinó ese dinero. La mala aplicación de los recursos no es culpa nada más de los Estados, la federación también tiene responsabilidad. “Con la auditoría se constató que en 2014 la SEP careció de criterios y lineamientos normativos en los que se establecieran la forma y las características con que se otorgan los apoyos técnicos o en especie”, se lee en el dictamen.

Las anomalías detectadas perjudican a los 23.4 millones de alumnos de educación básica

La Secretaría de Educación no llevó a cabo acciones para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en las reglas de operación, no estableció sanciones para los Estados que incumplieran, y careció de esquemas para evaluar los procesos y resultados del programa. La dependencia federal no exigió que los gobiernos presentaran contratos de apertura de las cuentas bancarias del programa y no establecieron plazos máximos para que las secretarías de finanzas y las de educación estatales remitieran a la SEP los recibos comprobatorios de los recursos transferidos. 

Las consecuencias sociales de las anomalías detectadas es que no es posible saber cuántas de las 199.753 escuelas y de los 23,4 millones de alumnos de educación básica fueron beneficiados. Además la Secretaría de Educación no contó con información para asegurar que las escuelas beneficiadas por el programa fueron las que tenían mayor necesidad de mejorar su logro educativo. Tampoco definió ni realizó un diagnóstico para enlistar las condiciones que debe presentar una escuela para ser apoyada por el programa.

México es de los que siempre aparecen en los últimos lugares de los países con problemas educativos en los informes de la OCDE. En las evaluaciones oficiales los alumnos siempre salen mal calificados. El año pasado se dieron a conocer los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) y estos revelaron que los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria tienen un bajo aprendizaje en lenguaje, comunicación y matemáticas.

En el plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 también se reconocen las fallas en materia educativa. El informe destaca que aun con la implementación de este tipo de programas “persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la organización del Sistema Educativo Nacional”. La calidad de la educación básica sigue siendo un reto mayor. En la evaluación PISA más reciente, México se ubicó en el lugar 48 de 65 países participantes y en el último de los entonces 33 países de la OCDE.