Daniel Ortega acusa a la ONU de “injerencia política”

La carta del Gobierno de Ortega, firmada por la vicecanciller de Cooperación Externa de Nicaragua, Arlette Marenco, es el episodio más escabroso de una serie de desencuentros con el sistema de Naciones Unidas en el país. En septiembre de 2010, el Gobierno exigió la “salida inmediata y sin hacer ruido” de María Jesús Conde, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como castigo por unas declaraciones que la diplomática dio a la agencia EFE, en las que advertía de un aumento de las muertes neonatales en Nicaragua, y que fue reproducida por la prensa del país. En octubre del año pasado, la coordinadora del Sistema de Naciones Unidas, Silvia Rucks, dejó intempestivamente el país por presiones del Gobierno y la decisión del Ejecutivo de Ortega de asumir el control directo y “sin intermediarios” de programas de ayuda al desarrollo generó la suspensión de siete proyectos administrados por el PNUD, que sumaban 20 millones de dólares.

En la carta oficial, el Gobierno señala un “proceso de injerencia política y tergiversación que se ha venido desarrollando desde el PNUD, utilizando sus oficinas para intromisiones en la política interna, financiamiento a agrupaciones políticas y tergiversación de información sobre los datos de desarrollo del país, todas realizadas por funcionarios bajo sombrilla del PNUD”. En la misiva, además, el Ejecutivo afirma que pidió a la dirección de la organización de la ONU que realizara “una limpieza”, sin aclarar a qué se refería. “Desde inicios de septiembre de 2015 se transmitió claramente que el Gobierno de Nicaragua no permitirá más que las oficias del PNUD sean utilizadas como oficinas de un partido político, lo cual indicaron que entendían, respetaban y que realizarían las limpiezas correspondientes para transmitir confianza en el gobierno de que su labor es acompañar al desarrollo de los países”, se lee en la nota oficial, en que tampoco hay referencias a partidos políticos específicos.

El PNUD aseguró que “no ha participado de ninguna injerencia política ni ha financiado partidos políticos en Nicaragua o en cualquier otro país”. “Servimos a los países en los cuales trabajamos y a su gente, sin ningún tipo de afinidad ni inclinación política. Lamentamos profundamente las afirmaciones no fundamentadas contra nuestros funcionarios, que carecen de evidencia que le podría permitir al PNUD tomar acción, según nuestros rigurosos procesos internos”, afirma el organismo.

Tras el incidente con el Gobierno, el PNUD anunció la suspensión de proyectos de desarrollo en el país, la reducción de sus oficinas y el despido de 75 personas “exclusivamente por esta razón”.