Un hombre torturado por el Ejército mexicano lleva tres años encerrado

Lupita Meléndez va camino de su casa en la calurosa Ciudad Juárez, al norte del país, cuando responde al teléfono. En unos minutos atravesará el umbral de su hogar y se quedará incomunicada. Varios agentes la esperan día y noche apostados en la puerta y el techo de la vivienda. En cuanto llegue le revisarán las bolsas y le sacarán su celular. Es su particular bienvenida diaria desde que hace siete meses su casa se convirtió en la cárcel de su hijo.

Israel Arzate, de 27 años, fue detenido en febrero 2010 acusado del asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, una de las peores masacres que se recuerdan en la ciudad fronteriza del Estado de Chihuahua. La Comisión Nacional de Derechos Humanos probó en 2011 que los militares que lo arrestaron obtuvieron su confesión bajo tortura, pero la justicia avanza despacio en México.

Por aquellos días Israel se ganaba la vida vendiendo CD piratas y ropa en un puesto ambulante que montaba cada mañana frente al centro de estética de su mujer y su suegra. “Si tiene algún delito es por piratería, no por esa cosa tan terrible de la masacre”, apunta sincera su madre.

La tarde del 3 de febrero cuando volvía a su casa del trabajo varios militares le dieron el alto en la calle. En las siguientes 30 horas el joven sufrió todo tipo de agresiones en una base militar, sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial. Bolsas en la cabeza, descargas eléctricas en el pecho, golpes y amenazas de muerte hicieron mella en el chico, que se acabó declarando culpable.

Culpable pese a que aquella noche terrible en Villas de Salvárcar, Israel estaba con su mujer, su hijo de ocho años y su cuñado en su casa. La juez nunca tuvo en cuenta los testimonios de su familia ni la denuncia de Israel, que le aseguró que había sido torturado y trató de enseñarle las heridas. Esgrimiendo como prueba su confesión, la magistrada dictó su ingreso en prisión.

Una vez allí el joven fue entregado ilegalmente hasta en un par de ocasiones a los militares, que volvieron a torturarlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó en 2011 todas estos atropellos. La Fiscalía de Chihuahua tampoco investigó nunca la participación de Israel en el crimen, pero en lugar de dejarlo en libertad tras un año preso sin ser juzgado, como dicta la ley, otro juez decretó su arraigo domiciliario.

Simón Hernández, el abogado del centro de Derechos Humanos Pro Juárez que lleva el proceso explica que la Suprema Corte de Justicia decidió el pasado mes de octubre ser la instancia que decida sobre la libertad de Israel por “la importancia jurídica y social” del caso.

Tanto Naciones Unidas como la ONG internacional Human Rights Watch o Amnistía Internacional han pedido a las autoridades mexicanas que investiguen el proceso y las torturas a las que fue sometido Israel, pero en Chihuahua el ambiente es otro. El gobernador del Estado César Duarte dijo el pasado mes de octubre que le parecían “aberrantes” las acusaciones de la familia y que el joven debería estar pagando “más de 200 años de prisión” y no en su casa. Duarte se quejó también de que la seguridad de la vivienda le cuesta 20.000 pesos diarios (1.650 dólares). El abogado sostiene que las declaraciones del gobernador son “muy graves” porque, decidan lo que decidan los jueces, “ya existe la percepción social de que Israel es culpable”.

Lupita no da pábulo a las acusaciones y asegura que en el vecindario “todos están muy contentos de que ya esté en casa”. Israel pasa ahora sus días leyendo, viendo películas o cocinando (tiene prohibido tener ordenador), a la espera de la resolución de la Corte, que se espera para el verano. “Esta es otra cárcel, estamos prisioneros, pero aunque a veces es estresante yo le doy gracias a Dios por tenerlo conmigo. Ahora ya sé que come, cómo duerme, me despierto y lo veo”, cuenta su madre, contenta porque hace unos meses pudo poner un aire acondicionado. “Menos mal, el calor está terrible y como Israel está gordito sin él no aguantaría”.