Villacís se lanza a la gestión de la libertad ‘pospandémica’ con la nueva ordenanza de las terrazas

Una cosa es presumir de libertad y otra cosa es la gestión de la misma. Sin previo aviso y por sorpresa, la coalición de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento llegó ayer a un acuerdo sobre la nueva ordenanza de terrazas; la última es de 2013. La nueva norma local prevé regular antes del 31 de diciembre el futuro de las terrazas hosteleras de la ciudad tras la pandemia, que desde hace unos meses se había convertido en uno de los principales problemas del Ayuntamiento de la capital. La solución, por ahora y a falta de la aprobación en el pleno y de las aportaciones del resto de partidos de la oposición —PP y Ciudadanos necesitan cuatro votos al no tener mayoría absoluta—, es que, aquellas mesas y sillas que se instalaron en las plazas de aparcamiento tras la segunda ola de 2020 en la ciudad, continúen. Al menos, hasta 2023. ¿Todas, todas? No, todas salvo aquellas que se sitúan en zonas que la coalición de PP y Ciudadanos han denominado como “tensionadas”.

Para entender la magnitud de las terrazas y de las sillas que hay en Madrid solo hay que mirar los datos. Un reportaje de eldiario.es analizaba el pasado mayo que ahora mismo existen 6.276 terrazas en la ciudad, con 60.912 mesas y 198.466 sillas. Si se pusieran todas en fila desde la Puerta del Sol, se llegaría nada menos que hasta Guadalajara: 48 kilómetros. El dilema que se abre ahora es saber qué calle o qué zonas de la capital serán declaradas como “zonas tensionadas”.

Este criterio lo establecerá la comisión de terrazas, el lugar donde se reúnen los portavoces políticos de cada partido que llevan estos asuntos, junto a los informes de Medio Ambiente, que valoraran el nivel de ruido acústico de estas calles o barrios. De pilotar la declaración de “zona tensionada” se encargará el concejal presidente de cada distrito, que recibirá las peticiones de los vecinos. Si un vecino quiere que su calle sea declarada como tal, porque en los alrededores de su casa hace mucho ruido, deberá de acudir a su junta distrito. Posteriormente, los concejales dirimirán si, finalmente, su calle será declarada como “tensionada” con los informes que se aporten de ruido y del espacio público que ocupen las mesas y las sillas, que nunca deberá superar el 30%. El plazo para declarar una zona tensionada comenzará un mes después de la aprobación de la ordenanza en el pleno; como muy pronto en enero o febrero de 2022.

Una vez que se declare la calle o las calles como “zonas tensionadas”, las terrazas desaparecerán de las plazas de aparcamiento. Fuentes del Ayuntamiento asumen que la calle de Ponzano, en Chamberí, o la calle de Menéndez Pelayo, en Retiro, serán declaradas como tensionadas. La ordenanza también prevé la creación de una figura novedosa. PP y Ciudadanos han pactado crear un “responsable de la terraza”. El titular de cada local hostelero deberá designar a una o a dos personas para que se encargue de atender “los eventuales conflictos” que pudiesen plantearse con los vecinos u otros locales. Esta condición podrá ostentarla el titular del local o una tercera persona que, en ningún caso, asumirá futuras sanciones u obligaciones legales que corresponden al dueño del negocio. También se instalarán sonómetros, que medirán el ruido. Con tres infracciones graves o dos muy graves en dos años se perderá la autorización de la terraza.

Nuevo horario

Más novedades de la ordenanza. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas en periodo estacional —de domingos a jueves— será hasta la una de la madrugada y los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la una y media. El resto del año las terrazas tendrán que cerrar a las doce. En toda circunstancia, se tendrá que comenzar el desmontaje del mobiliario media hora antes del máximo permitido.

A falta de la aprobación en el pleno, lo único seguro hasta ahora es que el 1 de enero de 2022 desaparecerán todas las terrazas que se ampliaron por la pandemia en las aceras. Sí continuarán, sin embargo, las mesas altas con dos taburetes. También se regularán las normas para la instalación de los food trucks, aquellas caravanas que reparten comida en festivales o eventos se podrán instalar por los distritos y tendrán un régimen similar al de los quioscos de prensa.

Esta nueva ordenanza abre otro capítulo pospandémico en Madrid. Tirar una caña en la capital es una cuestión política desde el inicio de la pandemia. La hostelería es uno de los sectores que más empleos ha generado en España en los últimos años. “Nosotros celebramos esta aprobación”, cuenta Juan José Blardony, director de la hostelería madrileña. Con esta medida, calcula, continuarán abiertas 948 terrazas en plazas de aparcamiento durante dos años más.

En la capital son cerca de 270.000 familias las que viven gracias a este negocio, que aporta el 4,6% del PIB a la ciudad. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, apostó por ellos desde principios de año como antagonismo al zarpazo del coronavirus en la ciudad. Se anotó un tanto político. Meses después, el ruido y el hastío de los vecinos ha colmado la paciencia de muchas calles y barrios, mayoritariamente conservadores.

Almeida se posicionó entonces contra la prórroga de las licencias que quería la vicealcaldesa. “Este acuerdo”, cuentan fuentes del entorno del alcalde, “cumple con lo que dijimos nosotros desde un primer momento: priorizar el descanso de los vecinos”. Ahora solo falta convencer a la oposición.

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