La familia de Déborah Fernández a la fiscalía y al juzgado: “Dejemos de una vez este paripé”

“Si abrieron el caso para lavar conciencias, no lo lograron”, ha reprochado esta mañana Ramón Amoedo, uno de los abogados que representan a los padres y hermanos de Déborah Fernández-Cervera Neira, cuando corre ya la cuenta atrás para que el delito de asesinato que se persigue prescriba al cumplirse 20 años desde la fecha del crimen sin nadie en calidad de investigado.

“Dejemos de una vez este paripé”, ha clamado el letrado en una rueda de prensa convocada hoy en Vigo y a la que ha asistido la familia casi al completo. “Hemos hecho dos peticiones: la primera, que se llame a declarar como investigado a... vamos a llamarle ciudadano”, ha explicado Amoedo en referencia a un hombre muy próximo a la muchacha que nunca fue imputado. “Y la segunda, que en caso de no aceptar [llamarlo a declarar] seamos consecuentes cada uno con sus actos y que la fiscalía de Pontevedra solicite el archivo de la causa”. “Si quieren cerrarla el 30 de abril de 2022 por prescripción del delito, ¡ciérrenla ya!”, ha exigido el abogado, “no vamos a permitir una segunda muerte de Déborah”.

La viguesa de 22 años desapareció la última tarde de abril de 2002 y su cadáver fue descubierto 10 días después por una vecina de Portocelo, junto al arcén de la carretera de la costa que pasa por esta localidad de O Rosal (Pontevedra). La torpe investigación, desorientada desde el principio por todo un atrezo de pistas falsas colocadas por la persona o personas que depositaron su cuerpo desnudo en aquel lugar, desembocó en el archivo de la causa, que fue reabierta en 2019 por el trabajo de fondo de la familia de la víctima, al hallar nuevos testimonios. Pero cada paso que ha dado el juzgado desde entonces ha sido a costa del esfuerzo de los parientes de Déborah, que han contratado abogados, peritos informáticos, criminólogos, forenses... y buscado pistas y testigos por su propia cuenta. Después de conseguir, incluso, que se exhumase el cadáver de la joven y de haber obtenido material genético de las uñas, que no habían sido inspeccionadas en la primera autopsia, ahora se declaran desalentados y critican la actitud pasiva del juzgado de Tui y del fiscal del caso, que se opuso a sucesivas diligencias.

“Si abrieron el caso para investigar, que investiguen”, ha pedido el representante de los Fernández-Cervera Neira: “Si la policía señala a un sospechoso [según la familia, hay varios atestados en ese sentido], que lo llamen a declarar”. Amoedo ha asegurado que existen “indicios bastantes para investigarle por la desaparición y muerte de Déborah”. Y ha preguntado: “¿Si no fuese sospechoso en 2021 por qué se volvió a inspeccionar su vehículo? ¿Por qué se inspeccionó un arcón [congelador] que fue de su propiedad? ¿Por qué se inspeccionó una ropa de cama que fue de su propiedad?”.

Al tiempo que ha lanzado el órdago a la fiscalía y el juzgado, Amoedo ha descrito los obstáculos con los que ha tenido que enfrentarse desde hace dos años y que se suman a las presuntas negligencias que la familia ha denunciado desde el principio de la instrucción, en 2002. El 26 de noviembre, el letrado ha vuelto a solicitar formalmente que se cite a declarar al principal sospechoso. Una persona cercana a la fallecida “que no ha sido señalada por la familia”, sino por “su propia declaración y las de otros testigos”, y por varios atestados.

Así, se ha referido al atestado de 2010, conocido como Informe Arkano, recientemente ratificado en sede judicial por el agente responsable. Según Amoedo, el policía que lo instruyó expresa “con contundencia” sus sospechas, e incluso alude al perfil psicológico de esa persona. El abogado ha insistido en que los investigadores recogieron por escrito su “absoluta convicción” de que ese sospechoso “está implicado”. Ahora, el juzgado “no quiere citarlo como testigo porque hay muchas pruebas contra él, pero tampoco como imputado porque se supone que las pruebas no son suficientes”, ha lamentado Amoedo.

Disco duro borrado “a conciencia”

La familia de Déborah y sus representantes legales han denunciado siempre, especialmente tras la reapertura del procedimiento, las numerosas irregularidades y actuaciones tanto policiales como judiciales “inexplicables” o “sorprendentes”, que han obstaculizado la investigación. Ramón Amoedo ha citado este jueves algunas, y ha añadido una que hasta hoy se desconocía. El informe encargado a una firma especializada (que ya había participado en el caso de Diana Quer), después de tener acceso al ordenador personal de Déborah para analizarlo, revela que fue “manipulado concienzudamente” para “borrar su contenido”.

El análisis aún no ha concluido, pero de momento todo indica que alguien con conocimientos informáticos eliminó todo rastro de correos electrónicos, descargas, historial de conexiones a internet o mensajes de Messenger. El equipo estuvo en la casa familiar hasta 2006, cuando lo recogió la policía nacional, y siguió bajo custodia policial hasta que se reabrió el caso. La Guardia Civil, en su día, tampoco había logrado obtener información del ordenador.

Amoedo ha denunciado esta mañana que el informe del forense que defiende el homicidio de la joven (y niega la hipótesis de una muerte súbita) fue “ninguneado”. También, ha dicho el letrado, que “se han permitido declaraciones falsas en el juzgado, de gente que ha mentido de manera reiterada”, y que incluso se ha dejado que unos testigos se comunicasen con otros por WhatsApp antes de comparecer. Como ejemplo de estos “despropósitos”, el abogado se ha referido a la actuación de un inspector de homicidios de la Comisaría de Vigo que llevó el caso en 2002, y que llegó a manifestar ante la jueza que no había participado en la toma de declaraciones, cuando su firma figura en casi una veintena de ellas.

Según ha relatado también en la rueda de prensa, al preguntar a los policías por qué no habían detenido al principal sospechoso ante las pistas que tenían, los investigadores reconocieron que querían confirmar indicios solicitando otras diligencias, como el pinchazo telefónico o la realización de un informe psicológico, pero que les fueron denegadas por el juzgado. Ante esto, hay que “poner las cartas boca arriba”, ha reclamado Amoedo. “Si considera la fiscalía que esto no tiene recorrido, que pida el archivo, y que explique por qué”, ha reiterado. “Lo que parece”, ha concluido el abogado, es que “quieren que llegue el 30 de abril para cerrar el caso y decir que han hecho todo lo que han podido”.