Once mujeres liberadas, dos de ellas menores, y 13 detenidos por explotación sexual

La Policía Nacional ha detenido en San Vicente del Raspeig (Alicante, 59.928 habitantes) a 13 personas por la explotación sexual de 11 mujeres, a las que mantenían encerradas, hacinadas y vigiladas permanentemente en tres prostíbulos distribuidos entre dos localidades de la provincia. Entre las víctimas hay dos menores, de 14 y 15 años, que, según fuentes policiales, se habían escapado de un centro de internamiento y fueron captadas por los miembros de la trama, encabezada por una mujer. Los arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del municipio alicantino, acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, prostitución de menores, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental. Las dos menores han sido devueltas al centro en el que estaban ingresadas, mientras que el resto, de edades comprendidas entre los 26 y los 42 años, han sido destinadas al programa Alba de atención a las víctimas de explotación sexual, impulsado por la Generalitat Valenciana.

La operación comenzó en febrero del año pasado, cuando una de las menores consiguió escapar de su cautiverio y denunciar que había permanecido encerrada y obligada a ejercer la prostitución. La declaración de la víctima condujo a los dos principales centros neurálgicos de la trama, dos chalets ubicados en San Vicente, municipio situado a apenas 10 kilómetros de Alicante. La vigilancia de estos dos inmuebles permitió a los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) y al Grupo de Menores (UFAM) de la Comisaría Provincial de Alicante trazar el organigrama de la red criminal, que estaba encabezada por una mujer “que mantenía todo bajo un control absoluto”, secundada por un entramado de personas que captaban a las mujeres, las trasladaban incluso a servicios a domicilio cuando así lo solicitaban los clientes, suministraban drogas o se encargaban de vigilar a las víctimas.

La organización criminal, totalmente desarticulada, según las mismas fuentes, localizaba a mujeres sin recursos económicos y en situación de vulnerabilidad en Venezuela (2) y Colombia (6), de donde proceden ocho de las 11 víctimas rescatadas. Las otras tres tienen nacionalidad española. Sin que hayan trascendido los detalles de los argumentos que utilizaban para convencerlas, trasladaban a las víctimas hasta España y las enclaustraban en los prostíbulos, en los que eran confinadas a habitaciones con varios camastros, sin más mobiliario personal que unas taquillas en las que apenas podían guardar algunas de sus pertenencias. Una vez allí, permanecían a disposición de sus captores las 24 horas del día, los siete días a la semana, sin posibilidad de salir a la calle, salvo cuando los clientes lo requirieran. Las mujeres estaban permanentemente vigiladas con un sistema de videocámaras y por las encargadas de los burdeles, que también contaban con habitaciones individuales dotadas con una cama de mayores dimensiones en las que tenía lugar la explotación sexual.

Una vez determinada la implicación de los sospechosos en la trama criminal, los investigadores, a los que se unieron varias dotaciones de las unidades de Prevención y Reacción (UPR), de Guías Caninos y de Medios Aéreos, procedieron al registro de los inmuebles en los que retenían a las mujeres, donde hallaron a las víctimas en condiciones muy precarias. Además, los agentes localizaron diferentes sustancias estupefacientes que suministraban a los clientes bajo demanda, como cocaína, tusi (cocaína rosa), metanfetaminas e incluso medicamentos contra la disfunción eréctil. También fueron intervenidos 2.555 euros en efectivo y el datáfono para pagos con tarjeta que los miembros de la organización utilizaban para cobrar los servicios sexuales.

Las dos menores sometidas a explotación sexual fueron devueltas al centro del que habían escapado, mientras que el resto de víctimas fueron derivadas al programa Alba de la consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, gestionado por una ONG especializada. Este programa ofrece desde alojamiento de emergencia hasta asistencia jurídica, intervención psicológica o itinerarios individualizados de inserción laboral a las víctimas.

Los 13 detenidos, de entre 21 y 60 años de edad y de nacionalidades colombiana y española, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de San Vicente del Raspeig, según las fuentes de la Policía Nacional.