El Gobierno valenciano rebajará el agua desalada y recurrirá todo lo que sea “lesivo” para el Tajo-Segura

La Generalitat Valenciana pondrá en marcha una línea de ayudas para rebajar en 10 céntimos el precio final del metro cúbico del agua procedente de las desaladoras, ha anunciado este miércoles el presidente Ximo Puig durante la sesión de control en las Cortes Valencianas. El jefe del Consell ha encargado también a la Abogacía de la Generalitat que recurra los aspectos más lesivos para la Comunidad Valenciana del decreto del plan del Tajo aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que en la práctica reducirá el trasvase a la cuenca del Segura.

Desde la tribuna del Parlamento autonómico, el presidente valenciano ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez fijará el precio del agua desalada en 34 céntimos el metro cúbico, por debajo de los 36 céntimos que planteaba inicialmente; y ahora la ayuda adicional del Ejecutivo autonómico rebajará el coste final a los regantes hasta los 24 céntimos. Los regantes siempre han incidido en que el precio del agua desalada es muy elevado y no es competitivo con respecto al agua del trasvase.

El presidente valenciano ha avanzado también que solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica la constitución inmediata de la comisión bilateral para el seguimiento de las inversiones anunciadas en la cuenca del Segura, que deben garantizar el “agua para siempre” a la comarca alicantina de la Vega Baja. Puig ha lanzado estas iniciativas entre reproches de los grupos de la oposición, que le acusan de no defender el trasvase del Tajo-Segura ni a los regantes alicantinos.

El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto ley que fija por primera vez un caudal ecológico en la cabecera media del Tajo que, según denuncia el sindicato de regantes, supondrá un recorte del agua transferida desde hace más de 40 años a Alicante, Murcia y Almería. En una primera lectura, el Consell se mostró “moderadamente satisfecho” con su contenido porque los cambios introducidos a última hora por Transición Ecológica permitirán la revisión anual de los caudales del Tajo y del Segura.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha recriminado a Puig su falta de mordiente con el Gobierno de Pedro Sánchez en su defensa del trasvase del Tajo-Segura y le ha preguntado si recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, como han anunciado los gobiernos de Murcia y Andalucía, gobernados por el PP.

“La hoja de ruta está clara: queremos agua para siempre y sin guerras entre territorios, que lo único que provocan es barro”, ha espetado Puig, que ha añadido que la defensa del trasvase es “irrenunciable” para su gobierno porque existe un derecho desde hace años: “Nadie tiene más interés de que el Tajo esté bien que los valencianos”. No obstante, el presidente ha insistido en que la Comunidad Valenciana necesita más fuentes de agua y la desalinización “funciona, pero necesitamos que tenga un precio más asequible; y nosotros vamos a apoyar que se rebaje todavía más. Tenemos que ser más autónomos con el agua”.

La Abogacía de la Generalitat estudia en estos momentos el decreto ley validado por el Consejo de Ministros sobre el plan del Tajo y tiene el encargo de recurrir “todo aquello que sea lesivo para los valencianos, pero vamos a mantener los elementos positivos del acuerdo”, ha manifestado Puig, quien ha anunciado también que habrá un puesto para los regantes en la comisión bilateral que debe crearse con el Ministerio para la Transición Ecológica para fiscalizar las inversiones del Gobierno.