La Fiscalía investiga por delito de odio al jefe policial que equiparó inmigración con delincuencia

La sección especializada en delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación contra el inspector jefe de la Policía Nacional en Valencia Ricardo Ferris tras la denuncia por “equiparar inmigración con delincuencia y atribuir todos los delitos a las personas extranjeras” interpuesta el pasado miércoles por una treintena de asociaciones solidarias y de inmigrantes, como València Acull o SOS Racisme.

El mando policial afirmó el pasado 14 de octubre que “la práctica totalidad de los detenidos son extranjeros” en un acto organizado por el grupo de Vox en las Cortes Valencianas y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) en el Ateneo de Valencia. Los denunciantes consideran que aquellas palabras no están amparadas por la libertad de expresión: “No estamos ante un comentario aislado, sino ante una intervención extensa plagada de falsedades que consideramos no solo tendenciosas, sino delictivas”.

Tras conocerse las manifestaciones de Ferris, el Ministerio del Interior lo destituyó como máximo responsable de la comisaría centro de Valencia y le abrió una información reservada, paso previo a un expediente disciplinario, tanto por sus palabras como por hecho de que no había pedido autorización a sus superiores para intervenir en el acto en su condición de policía.

Este mando policial, que ha solicitado el pase a segunda actividad tras ser expedientado, aseguró: “Hace unos cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales”, al tiempo que bromeó al señalar que cuando detienen a algún español “en vez de llevarlo al juzgado” deberían trasladarle “al centro de especies protegidas de El Saler”.

Según consta en la denuncia, facilitada este jueves por la organización Valencia Acull, el policía “instó públicamente a actuar y echarle narices a la situación actual” y afirmó que “los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo”.

Las entidades y plataformas sociales que respaldan la denuncia piden a la Fiscalía contra los Delitos de Odio que acuse a este agente de incitar al odio contra las personas extranjeras, un delito “castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses”.

Los denunciantes exponen en el texto remitido a la Fiscalía que Ferris fue presentado “no como un particular, sino como inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la comisaría Centro de València y asesor de tres delegados del Gobierno, entre otros cargos”. Recuerdan, en este sentido, que Ferris fue “coordinador de la Policía Nacional en el barrio de Ruzafa”, y que en 2003, durante la presentación de un plan de intervención policial en el barrio -con el difunto Juan Cotino como delegado del Gobierno y Miquel Domínguez (también del PP) como concejal de Seguridad Ciudadana- “ya identificó a migrantes con delincuentes al asegurar que antes de seis meses, o abandonan el barrio como centro de operaciones o estarán todos en la cárcel o en sus lugares de origen”.

Por su parte, el sindicato policial Jupol anunció que acudirá a los tribunales para denunciar el cese de Ferris y acusó de “poca valentía” a la Jefatura Superior y la Dirección General de la Policía al esgrimir motivos organizativos al apartarlo de sus funciones.