El magistrado que pedía suspender el voto de los hijos de los ‘nietos’ reprocha al Supremo que se ampare en la cercanía del 29-N

La decisión del Supremo de no suspender el derecho de voto a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos ha llegado con dos opiniones discordantes dentro de la Sala de lo Contencioso. Un voto particular a favor, el de la magistrada María Alicia Millán —que ha discrepado de todas las decisiones de sus compañeros en lo relativo a la suspensión al voto—, que difiere no de la decisión final, sino de la forma en la que se ha pronunciado la mayoría. Y otro en contra, el del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien sostiene que sus compañeros le han dado demasiada importancia a la cercanía de las elecciones para tomar esta decisión, y que deberían haber ampliado la suspensión también a los descendientes de los nietos para preservar la integridad de las elecciones.

Fonseca-Herrero incide particularmente en la idea, sostenida por la Sala, de que a una semana de que empiece la campaña, aplicar esta medida y, por tanto, volver a revisar el censo electoral de los residentes en el extranjero, sería “contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”. Para el magistrado, esta es una causa insuficiente para rechazar la extensión, pues se ha demostrado que la Administración, aunque con tirones de oreja del Supremo, es capaz de realizar esta tarea a tiempo.

El juez defiende que para ejecutar esta medida basta con comprobar quiénes son ―de entre los más de 189.000 hijos de― los descendientes de las 901 personas que han obtenido la certificación para poder votar, porque acreditaron su condición de descendientes de exiliados. “Las actuaciones de ejecución”, subraya el magistrado, “no parece que integren una tarea con una complejidad tal que impida su realización dentro de los plazos electorales y la coexistencia y desarrollo normal de las demás actuaciones electorales”.

“Se trata de garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de todos los españoles”, insiste Fonseca-Herrero. “Máxime cuando no sería posible una revisión posterior al estar consumadas las votaciones realizadas y agotado el periodo temporal durante el cual hubiese sido posible prevenir eficazmente las consecuencias derivadas de una posible votación de 189.678 personas”, añade.

Por su lado, la magistrada María Alicia Millán sostiene que la Sala de la que forma parte hizo bien en rechazar esta pretensión, pero no porque las elecciones estén cerca, sino porque la petición de extender la suspensión no cumplía con los requisitos legales: a su juicio, el tribunal reconoce erróneamente que hay circunstancias sobrevenidas que permiten revisar su decisión (aunque luego no lo haga) y entiende equivocadamente que la solicitud de ampliación tiene que ver con el objeto de la medida cautelar (aunque luego no la admita).

Millán, que ha sido hasta ahora la gran voz discordante de este proceso dentro del Supremo, sostiene en su voto particular que no se ha producido ningún cambio de circunstancias (como justifica Iustitia Europa, el recurrente junto a Vox) que permita analizar si la medida cautelar de suspender el voto debe ampliarse a los hijos de los nacionalizados. La magistrada defiende que el hecho de que ahora se haya observado que los afectados podían ser muchos más de los inicialmente previstos, incluidos sus hijos, era una cuestión que ya existía antes; lo que pasa es que las partes no lo habían puesto de manifiesto.

“Si la dimensión cuantitativa del colectivo afectado constituía un elemento relevante para fundamentar la adopción de las medidas solicitadas o su eventual extensión a otros colectivos, correspondía a las partes interesadas ponerlo de manifiesto en el momento de promover el incidente cautelar”, defiende la magistrada. O, en otras palabras: que se hayan dado cuenta ahora de que los nacionalizados por la ley de nietos podían votar aunque no lo hiciesen sus padres es, básicamente, su responsabilidad. Ya eran sus hijos cuando empezó el pleito y ya tenían la nacionalidad. No hay, pues, un cambio de circunstancias: así, Millán viene a afirmar que la petición ni debía haberse analizado, pues no se cumplían las condiciones para modificar una medida cautelar.

El objeto del proceso

En la misma línea, la jueza de la Sala de lo Contencioso argumenta ante sus compañeros que, en su opinión, no se cumple otra de las condiciones legales: que la modificación solicitada tenga que ver con el objeto de la medida cautelar. Millán recuerda que los hijos de los nacionalizados son españoles por una disposición de la ley de nietos que en ningún momento se ha puesto en entredicho en la causa. Y va más allá: subraya que, en puridad, toda la controversia jurídica en torno a la ya polémica ley no es tanto por el texto legal, sino por la orden ministerial que vino a interpretarla.

En su momento, el Supremo decidió suspender la inscripción en el censo electoral de residentes en el extranjero de aquellos que hubiesen adquirido la nacionalidad española por la ya polémica disposición adicional octava 1, inciso primero de la ley, pero, y sobre todo, en aplicación de una orden del Ministerio de Justicia que se emitió poco después de que esta entrase en vigor. La orden venía a decir que, para justificar que uno descendía de un exiliado por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual —los requisitos de la famosa disposición adicional—, bastaba con acreditar que su antepasado había salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Este y no otro es el objeto del pleito ante el Supremo.

Por ello, Millán defiende que los hijos de los nacionalizados por esta combinación de norma e instrucción no pueden verse afectados ahora por la suspensión de su derecho a votar: porque ellos no solo obtuvieron la nacionalidad por otra disposición legal —la que les reconoce el derecho a ser españoles por ser hijos de nacionalizados—, sino que tampoco estuvieron afectados directamente por la instrucción de marras. Y, de hecho, sostiene, tampoco lo estarán por la eventual sentencia del Supremo: “La extensión de la medida supondría exigir a los hijos, para poder ejercer su derecho de sufragio, que acreditasen el exilio de su ascendiente, pese a que la ley no establece ese requisito para ellos”, subraya la magistrada.

La jueza insiste en su voto particular en que no por ser hijos de estas personas tienen que acarrear el peso de una medida que, en puridad, no afecta al modo en el que ellos obtuvieron la nacionalidad. Y defiende que, además, hay que proteger a las personas que han actuado de buena fe y en cumplimiento de la ley. Así, concluye, “la mera existencia de un vínculo jurídico entre ambos colectivos no basta para justificar la extensión automática de la tutela cautelar previamente acordada”. Y, de hacerlo, esto supondría “privar provisionalmente de eficacia electoral a sus inscripciones censales” por las dudas suscitadas en torno a la adquisición de la nacionalidad de “terceros”: “Esto es, por sus progenitores”.