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El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los “crímenes” de Israel en Gaza

El decreto permite a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia

Un grupo de palestinos huye de Ciudad de Gaza ante los bombardeos de Israel, este jueves. Vídeo: EPV (CADENA SER)
Reyes Rincón

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado la apertura de una investigación para que se determine si los actos llevados a cabo por Israel en Gaza podrían ser “graves violaciones del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, según ha adelantado este jueves la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS. Horas más tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha secundado la actuación de García Ortiz porque, según ha declarado en un acto en Vigo (Pontevedra), ve “razonable” y “necesario” que se investiguen los crímenes ocurridos en Gaza ante el “genocidio” y la “barbarie” que vive su población.

La investigación ha sido solicitada por la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y en ella estarán involucrados el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional para que se determine si los actos llevados a cabo por Israel en la franja de Gaza podrían ser “graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal”, según el decreto de la Fiscalía. Marlaska ha lamentado, por su parte, que a “determinados partidos les cueste reconocer una realidad”, en velada referencia al Partido Popular.

Delgado abrió un expediente en junio pasado tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre las acciones del ejército israelí contra la población civil en la franja de Gaza, que podrían ser contrarias al derecho internacional. El documento policial recogía el testimonio de testigos protegidos y aportaba otras pruebas “sobre las acciones y circunstancias en el terreno”, que, según el decreto firmado por el fiscal general, constituirían graves violaciones contra los derechos humanos.

España, según el decreto firmado por García Ortiz, ha asumido la obligación de colaborar y canalizar la asistencia necesaria para la investigación de los ataques de Israel a Gaza, lo que legitima la investigación en el marco de las competencias de la Fiscalía para hacer efectivo el principio de cooperación internacional. El escrito recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que España tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los tratados suscritos por España. El decreto recuerda también que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado ha calificado estos hechos de genocidio, en aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y ha urgido a Israel a cumplir con sus obligaciones legales del derecho internacional, al tiempo que ha instado a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El artículo 23.4 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) otorga jurisdicción a los tribunales españoles para investigar hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. A su vez, el artículo 23.4, atribuye jurisdicción a los tribunales españoles respecto de “cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determinen en los mismos”.

En una entrevista en la Cadena SER, Delgado ha asegurado este jueves que hay constancia de víctimas españolas en la franja de Gaza. La fiscal de Derechos Humanos ha recordado que los tribunales españoles no pueden enjuiciar a jefes de Estado o Gobierno de otros países, esto solo lo hace la Corte Penal Internacional. “Nunca podríamos acusar a [Benjamín] Netanyahu. Pero lo que tenemos que hacer es buscar indicios y pruebas de la posible comisión de, por ejemplo, un genocidio. Nosotros tenemos que recabar los hechos y preservar ese material probatorio. Luego trasladar a la corte esas pruebas”, ha añadido Delgado. “Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario”, ha añadido el titular de Interior.

El decreto de la Fiscalía explica que, “a la vista de la situación actual en los territorios de Palestina”, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en España debe ser incorporada a una investigación oficial que permita su utilización posterior. La ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, que establece que “España prestará plena cooperación con la CPI”, señala al ministerio fiscal como la autoridad de ejecución de esa norma. Y, según el decreto firmado por García Ortiz, en el caso de Gaza concurren los requisitos legales para atribuir a la fiscal de sala Derechos Humanos y Memoria Democrática la competencia para asumir la investigación preprocesal (la llevada a cabo por la Fiscalía antes de decidir si se eleva a un tribunal) dada su “especial trascendencia, gravedad y número de víctimas hasta el momento”.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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