Grande-Marlaska sitúa como número tres de Interior al exjefe de la lucha antiterrorista de la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto a Eugenio Pereiro Blanco, recientemente jubilado como jefe de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, como nuevo director general de Coordinación y Estudios, un cargo político que, entre otras funciones, tiene el control de los fondos reservados. Su designación se abordará en el Consejo de Ministros de este martes, según ha informado el ministerio. Cuando se formalice, Pereiro se convertirá en el número tres de facto de Interior, solo por detrás del propio Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado, Aina Calvo.

Desde 2018 ocupaba este puesto José Antonio Rodríguez, un comisario de la máxima confianza del ministro. Rodríguez, de 69 años, tenía que haberse jubilado en 2021, pero una remodelación en la estructura del departamento permitió que le prolongaran el tiempo de servicio. A finales de mayo ya dejó el ministerio el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez —que también llevaba en Interior desde 2018, como Rodríguez—, alegando el desgaste personal del puesto. Tras su salida, en plena tormenta sobre la UCO, el ministro situó a una número dos con un perfil político. Aina Calvo, exdelegada del Gobierno en Baleares, ejerce desde entonces como secretaria de Estado de Seguridad.

Pereiro, de 65 años, ingresó en la Policía Nacional en 1980 como inspector. Desde entonces fue ascendiendo hasta convertirse en comisario principal en 2015. En sus 44 años de servicio, en los que ha recibido una veintena de condecoraciones nacionales y extranjeras, ha desempeñado múltiples destinos, entre los que destacan la jefatura de la Brigada Central de Crimen Organizado, de la Unidad Central de Investigación Tecnológica y de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, todas ellas pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial. En diciembre de 2017 fue nombrado comisario general de Extranjería y Fronteras y en octubre 2018 comisario general de Información, cargo que ocupó hasta que se jubiló el pasado octubre.

Entre los cometidos iniciales del Gabinete de Coordinación estaban la redacción de los planes de seguridad ciudadana, las estadísticas de criminalidad y el diseño de las acciones formativas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, las funciones de este órgano han aumentado con el tiempo de manera “exponencial”, al asumir en los últimos años tareas relacionadas con la protección de las llamadas infraestructuras críticas, de ciberseguridad y de coordinación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. De él depende, por ejemplo, tanto el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC). El gabinete se ha convertido, de hecho, en el principal órgano a través del cual el Estado ejerce buena parte de sus competencias en materia de coordinación de la seguridad pública.

José Antonio Rodríguez, que ingresó en la Policía Nacional en 1977, ha sido director general de Coordinación y Estudios durante siete años. En sus 48 años de servicio en la Policía Nacional destacan destinos como la jefatura del Servicio de Análisis y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (1994-2000), consejero de Interior en China, Japón y Corea del Sur (2011-2015) o director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado.

En 2021 certificó al juez del caso Kitchen las graves irregularidades en el uso de los fondos reservados por la trama policial que espió al extesorero del PP Luis Bárcenas. También desempeñó un destacado papel en la recuperación de las relaciones con las diferentes policías autonómicas y, en especial, con los Mossos d’Esquadra, que quedaron maltrechas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La llegada del nuevo número tres se producirá en medio de la polémica por el dispositivo de seguridad dispuesto por Interior en la última etapa de La Vuelta ciclista y la cancelación del acto deportivo por la violencia de las protestas contra la guerra de Israel en Gaza. Tras salir en tromba los sindicatos contra el Gobierno, por las muestras de simpatía de Sánchez a las concentraciones y la limitación y falta de medios de los agentes, Grande-Marlaska ha defendido este lunes que el dispositivo fue “absolutamente suficiente”. Marlaska ha incidido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad gestionaron una situación especialmente “compleja” en “términos de proporcionalidad” para conjugar el derecho a manifestarse “de esa inmensa mayoría pacífica” contra la guerra de Israel y “la seguridad de los ciclistas y del resto de la sociedad”. “Lo que no entiendo es qué otra imagen hubieran querido ver otras personas”, ha añadido el ministro.