El Supremo confirma la condena de 8 años de cárcel al hombre que propuso matar a Pedro Sánchez
El acusado comunicó sus intenciones de acabar con el presidente “con un tiro preciso” tras la exhumación de Franco

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 8 años y 9 meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Manuel Murillo, un hombre que propuso asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y poseía un arsenal de armas. El condenado manifestó sus intenciones en un grupo de WhatsApp llamado Terrasa por España. “Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez, antes de que hunda del todo a España”, manifestó en 2018 en los mensajes que llevaron a su detención ante la inminente exhumación del dictador Francisco Franco.
“Si lo sacan (a Franco) me cargo a Sánchez”; “Mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco” o “No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera (...) Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo”, fueron algunos de los mensajes que han motivado la pena. La defensa alegó que estos mensajes eran simples “fantasías narcisistas” sin intención real de ejecutarlas, argumentando además que el acusado sufría trastornos psicológicos que debían considerarse.
El Supremo ha rechazado estos argumentos, señalando que existió “una proposición seria para la comisión del homicidio”, avalada por la posesión de armas, su entrenamiento en tiro y detalles como tener la agenda del presidente. Los magistrados subrayan que la propuesta resultó tan creíble que la interlocutora decidió alertar a la Policía. “No ofrece duda que la sentencia describe una propuesta seria y firme de cometer el homicidio”, concluye el tribunal. El alto tribunal confirma así la pena de 5 años por depósito de armas de guerra y 3 años y 9 meses por proposición de homicidio impuesta por la Audiencia Nacional, desestimando íntegramente el recurso del condenado.
Una receptora de los mensajes, entonces dirigente local de Vox, fue quien los denunció, y los Mossos detuvieron finalmente al acusado cuando iba en su vehículo. Al condenado, que trabajó como vigilante de seguridad, se le incautaron un conjunto de armas tras su arresto, 13 reglamentarias y siete prohibidas. Entre el armamento incautado figuraban una carabina Chiapa, dos revólveres Astra y Taurus, una escopeta Sarasqueta con los cañones recortados y un fusil de asalto Cetme operativo, junto con abundante munición.
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