Cómo fabricar un escándalo político, mediático y judicial: Podemos y el ‘caso Neurona’

Teresa Arévalo recibe una llamada de Lidia Rubio, la jefa de prensa de Irene Montero:

—El Confidencial sacará una información sobre ti mañana.

—¿Cómo?

Arévalo era la directora adjunta del gabinete de la entonces ministra de Igualdad. Dice que no le desea a nadie lo que pasó esa madrugada del 3 de febrero de 2021. Tampoco lo que vino después. Nunca ha hecho declaraciones a la prensa sobre este tema. Ahora, más de tres años después, rompe su silencio. “Lo pasas mal porque sabes que lo que se va a publicar es mentira”, cuenta, “y empiezas a pensar en cómo se lo va a tomar tu familia y, sobre todo, cómo te va a afectar a ti personalmente”. Fue a terapia.

Aquella noche Arévalo dio vueltas por casa. Deambulaba por el piso con su hijo dormido. Cada dos por tres pulsaba F5 en el ordenador para actualizar la web. A las cinco de la mañana El Confidencial publica la noticia. Arévalo lee en su pantalla: Un informe revela que Iglesias y Montero usan como niñera a una alto cargo de Igualdad. El bautizado como caso niñera de Podemos acaba de nacer y Arévalo es la principal protagonista.

Tras el primer café, su cara y su nombre están en boca de casi todas las tertulias de España. “Es terrible. Me veo en todos los programas de la mañana y en todos los digitales”, recuerda. “Hicieron piezas horrorosas. Llegaron a acosar a mis padres”. Arévalo es de Miguelturra, un pueblo de Ciudad Real de apenas 15.000 vecinos. “Fueron hasta allí y sacaron la imagen de la casa”. También de su hijo. “El acoso fue terrible durante meses”.

La información de El Confidencial explica que una abogada de Podemos, que había sido destituida, había remitido un informe al juez Juan José Escalonilla para denunciar que se utilizaban recursos públicos para el beneficio personal de Montero y Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno. La letrada exponía que Arévalo ejercía como niñera, al mismo tiempo que cobraba un sueldo público como alto cargo del Ministerio de Igualdad: una presunta administración desleal, castigada con penas de prisión.

El magistrado Escalonilla dio luz verde a la investigación (aunque lo remite a otro juzgado, que acabará devolviéndoselo por orden de la Audiencia de Madrid). La decisión se conoce el 8 de marzo, día de la Mujer. Ella se entera de camino al ministerio. Al día siguiente, compartirá la portada de algunos periódicos con Luis Bárcenas, el extesorero del PP condenado por corrupción.

—¿Y qué piensa?

—La rabia que te entra.

Un mes más tarde es imputada por un segundo juez, José María Escribano, cuando apenas faltan unos días para las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a las que se presenta Pablo Iglesias como candidato por Podemos, que acababa de dejar la Vicepresidencia segunda del Gobierno.

El texto detonante de El Confidencial aportaba una imagen de Arévalo vestida de negro en un sofá blanco junto a Aitana, la hija pequeña de Iglesias y Montero, de apenas unos meses. La fotografía es un pantallazo de un debate electoral de Atresmedia dos años antes. La mecha está prendida. El supuesto escándalo durará meses en los medios. El Español escribe: “La ministra se hace acompañar por su jefa de gabinete adjunta con el fin de encargarse de su hija menor mientras la titular de Igualdad asiste a reuniones oficiales”. Eduardo Inda editorializa en la web Okdiario: “Irena [sic], ¿me puedes decir qué instancia debo rellenar para que el Estado me pague la niñera?”. También El Mundo: “Que Irene Montero y Pablo Iglesias utilizaran de niñera a un alto cargo público del Ministerio de Igualdad, vuelve a poner de manifiesto su corrompido modo de concebir el ejercicio de la representación popular”, reza el texto de este diario, que después publicaría un perfil sobre Arévalo titulado De panadera en Miguelturra a ‘niñera’ de la ministra de Igualdad con un sueldo A del Estado. Se sucederían así docenas y docenas de piezas, aún visibles con una simple búsqueda rápida en Google.

Arévalo iba a trabajar en autobús. Su rostro comenzó a difundirse en los medios. Temía que la reconocieran y que relacionaran a su hijo con la causa. Renunció a llevarlo al colegio. Y a recogerlo. “No quería que nadie señalara a mi hijo por lo que le estaban haciendo a su madre”. El menor tenía seis años. La tele estuvo apagada durante meses en casa. No quería que el pequeño viera nada.

El caso Niñera no nació aislado. Forma parte de una gigantesca hidra. Una pieza más dentro del caso Neurona, que estalló en verano de 2020, cuando Podemos apenas llevaba medio año en el Gobierno.

Fue una especie de bomba de racimo con una gran detonación central: las pesquisas sobre una consultora mexicana, Neurona, que Podemos contrató como asesoría para las elecciones generales de abril de 2019. Pero la acompañan una decena de explosiones secundarias que, poco a poco, plagaron de sospechas cada rincón del partido —con acusaciones que iban desde supuestos sobresueldos a la presunta reforma irregular de la sede—. A partir de ese momento y durante más de tres años, la causa no ofreció un respiro a Podemos. Se abrían líneas de investigación. Se cerraban. Se volvían a abrir. Se clausuraban de nuevo. La formación de izquierdas fue imputada como persona jurídica. También varios de sus altos cargos. El torbellino mediático que provocaba el movimiento de cada papel en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, encabezado por el magistrado Escalonilla, se convertía en una recurrente arma arrojadiza contra sus líderes. Imputaciones. Portadas. Tertulias. Imputaciones. Portadas. Tertulias. Una cadena que se repetía una y otra vez. Podemos se adentró de lleno en el ojo de un huracán mediático, judicial y político.

Y llegaron las embestidas.

En ese tiempo, se sucedieron las exageraciones, tergiversaciones y manipulaciones del sumario por parte de determinada prensa. Esta se hacía eco, magnificándola, de una exacerbada y larga instrucción, que se topó pronto con la oposición de la Fiscalía ante los “rumores, sospechas o suspicacias” sobre las que se levantaba la mayor parte de la causa. Esta se inició con la denuncia de un abogado despedido de la fuerza política, José Manuel Calvente, por un supuesto acoso laboral con tintes sexuales (acusación archivada por los tribunales).

En ese camino quedaron marcados miembros de Podemos desconocidos para la opinión pública. El 11 de diciembre de 2023, hace ahora un año, el juez Escalonilla dio carpetazo a la última línea de investigación. El caso Neurona se cerró apenas unas semanas después de que se supiera que Podemos se quedaba fuera del Consejo de Ministros tras la pugna con Sumar. Y de esta forma, a la misma velocidad de infarto con que brotó y creció esta macrocausa, desapareció del debate público y político. Pero sin la misma resonancia mediática. Más de 1.000 días después, ya todo era solo humo.

Hace unas semanas, la Audiencia de Madrid confirmó el archivo tras el intento de revivirlo por parte de Vox, que se personó como acusación popular. “Ahora sientes alivio”, resume Daniel de Frutos, tesorero de la formación y una de las personas que ha permanecido imputada y en silencio durante todo el proceso: “Pero te queda un poso de… ‘todo esto, ¿para qué?’ Tanto sufrimiento, tanto ir y venir, tantas portadas, tertulias… ¿Por qué?”.

Para buscar la respuesta a esa pregunta hay que retrotraer la historia a las 13.47 del 2 de diciembre de 2019, cuando Podemos envía un burofax a José Manuel Calvente, coordinador de su equipo jurídico, para notificarle su “despido disciplinario”. En ese momento, Calvente mantenía una batalla con la cúpula del partido, después de que una compañera, la también abogada Marta Flor Núñez, lo acusara de sobrepasarse. “[Alababa] de forma desmesurada su profesionalidad, belleza e inteligencia”, destacaba el burofax, “dedicándole por escrito halagos y atenciones, instándole de forma insistente a quedar con ella a solas, bien a cenar, bien a pasar un fin de semana juntos [...] Con expresiones tales como: ‘Eres mi musa y no te voy a dejar escapar’, ‘Eres mi musa y te necesito para mi libro’. Todo ello consta en diversas conversaciones mantenidas con aplicaciones como Telegram o WhatsApp”.

Núñez asegura que le paró los pies (“Yo le digo: ‘No. No sé qué parte del ‘no’, no estás entendiendo”) y que él, como represalia, comenzó a “castigarla” laboralmente. Él lo niega y, al contraataque, la acusa a ella de no hacer bien su trabajo e, incluso, de mantener una relación íntima con el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, donde Podemos estaba personado como acusación popular. La cúpula de Podemos (con su secretario de Organización, Alberto Rodríguez, a la cabeza) abre una investigación interna y respalda a la abogada. El partido le notifica a Calvente su despido ante la “negativa” a facilitar información a su superior jerárquico (Alberto Rodríguez) y por su “hostigamiento” hacia Marta Flor Núñez.

Y todo estalla.

Esta guerra salta a los medios el 5 de diciembre. Él, que llevaba en el partido desde sus orígenes en 2014, asegura que lo han echado porque estaba investigando “irregularidades” internas junto a otra abogada también expulsada, Mónica Carmona: “Creo que toqué cosas que no debía”, repite en la prensa.

Y va más allá.

El 27 de diciembre, se dirige a la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para relatar las presuntas ilegalidades. “Al principio, yo creía que lo que Calvente quería era destruir mi imagen”, cuenta la abogada Marta Flor Núñez. “Pero ahora veo que el objetivo no era yo. El objetivo era vengarse del partido”.

Contactado por EL PAÍS, Calvente arguye que nunca actuó por venganza, y que las acusaciones de acoso son “falsas” y fueron “el ardid empleado por Podemos para defenderse ante la denuncia que sabían que podría interponer si seguía investigando”. “Presenté la denuncia por responsabilidad, por coherencia con mis principios”, se defiende por email. ¿Volvería a hacerlo? “Sí, sin lugar a dudas. Nuestra obligación como ciudadanos es denunciar aquellos hechos que presenciemos y pudieran ser constitutivos de delito”.

El abogado achaca el archivo del caso a que se “instruyó mal”. “La mediatización del caso tampoco ayudó”, dice. Critica que no se declarara el secreto de sumario y que el juez “apartara” de la investigación a la Guardia Civil —cuerpo al que él acudió— para dejarla en manos de la Policía Nacional. “La Guardia Civil tenía previsto solicitar una serie de diligencias de investigación contundentes cuando se decretara el secreto de las actuaciones”, asegura: “Pero todo se desbarató al publicarse la noticia [con el contenido de la denuncia]”. “Muchas pruebas se perdieron [...], la intervención de la Fiscalía fue testimonial, algunos testigos mintieron por cuestiones que algún día explicaré, otros tuvieron miedo y el juez no estuvo acertado en algunas de sus decisiones”. Calvente sigue ejerciendo a día de hoy en Barcelona.

Esa denuncia de Calvente dio vueltas por varios juzgados hasta recalar en el de Escalonilla, que abre la investigación el 16 de julio. El 28 de julio acepta a Vox como acusación popular. El 29 toma declaración a Calvente, que afirmó que no tenía pruebas. Solo “indicios” y “sospechas” que le habían contado terceras personas. Con ello y solo un día después de sus palabras, Escalonilla dicta el auto que trasladará la tormenta a los tribunales.

Escalonilla impulsa de inmediato seis líneas de investigación. Solicita una ingente cantidad de documentación a media docena de organismos y entidades. Pide información sobre empresas vinculadas a Juan Carlos Monedero, fundador del partido. E imputa a la formación y a tres de sus cargos relevantes, impactando de lleno en las entrañas de Podemos: a su tesorero Daniel de Frutos, a su gerente Rocío Val y a uno de los colaboradores más estrechos de Pablo Iglesias, Juan Manuel del Olmo. Estarán bajo sospecha durante tres años.

El día que se conoce la imputación del partido en la causa, Irene Montero estaba en la sede de Podemos. Recuerda encender la televisión, poner La Sexta y ver los rótulos de la investigación al partido. Juanma del Olmo estaba en un parque de columpios de un pequeño pueblo de Soria, junto a su pareja, la ahora eurodiputada de la formación Isabel Serra, y su hijo. “Hablo con Isa”, recuerda ahora, “sobre el recorrido que puede tener esto para los próximos meses, porque en ese momento ya pensábamos que iba a ser para los próximos meses”.

El tesorero Daniel de Frutos estaba veraneando en Segovia con su familia: “Me enteré por la radio”: “Entras un poco en shock [...] No sabes qué hacer en ese momento, no entiendes muy bien por qué, ni tienes ninguna otra información más allá de [lo que cuentan] los medios de comunicación”. La gerente Rocío Val conoce la noticia por la prensa en una playa de Santander, donde disfrutaba de las vacaciones con su hijo: “Yo, al principio, fui muy inocente. Fue como: ‘Esto no pasa nada. El día que nos citen, vamos, lo explicamos y se cierra”. Pero ambos declararon ante el juez el 20 de noviembre de 2020 y la causa no se archiva hasta diciembre de 2023.

“Yo sentía mucha rabia”, rememora Val: “Porque, además, nosotros revisábamos una y otra vez qué era lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho… Y constatábamos que todo estaba bien, que era correcto, que evidentemente no había nada, que esto no se sostenía”. En opinión de De Frutos, existía una “predisposición” del juez a considerar que “todo tenía que ser delictivo”. Contactado por EL PAÍS, Escalonilla ha rechazado participar en este reportaje: “Me remito al contenido de la instrucción. Sugiero en todo caso que para obtener y publicar una información objetiva analicen el procedimiento, en cuanto a su inicio y su desarrollo, lo que les permitirá contrastar la veracidad del contenido de las críticas vertidas”, ha contestado el magistrado a este periódico a través de un correo electrónico.

La onda expansiva del caso Neurona llegó hasta Izquierda Unida, que se presentó a las elecciones de 2019 en coalición con Podemos. La primera tesis del juez era que se pagaron servicios de consultoría a Neurona por labores inexistentes. Carlos García Ramos, que tenía 36 años y figuraba como administrador por parte de IU, también fue imputado: “Yo tenía clarísimo que no había nada [irregular en esa campaña]. Yo sabía perfectamente todos los gastos en los que había incurrido la coalición y nos informábamos de los trabajos y hacíamos un seguimiento”.

—¿Cómo lo vivió?

—Pues mal, bastante nervioso. Imagínate mi familia.

Su círculo más cercano lo entendió, asegura García Ramos: “Pero siempre hay alguno que te dice ‘por qué coño te metes en estas mierdas, qué ganas tú con esto’. La militancia [en un partido] es algo voluntario y hay gente que no milita, que ve que sufres por cuestiones que podrías evitar, y no lo entiende. Pero luego, con el tiempo, cuando van viendo que se van archivando una tras otra todas las líneas de investigación, pues se hace más evidente para todo el mundo (en mi familia también) que es una persecución y un sinsentido”.

La causa alcanzó igualmente a un bufete de abogados de la localidad sevillana de Carmona (29.000 habitantes), que figuraba en el registro mercantil como primer administrador de Neurona en España. Su principal responsable fue imputado: “Si en vez de llevar 35 años en la profesión y tener una cartera de clientes sólida, lleva solo 10 años, el despacho hubiera tenido que cerrar”, afirman en su entorno.

A la investigación judicial se sumaba la gran repercusión que adquiría el relato mediático. “Yo, compulsivamente, buscaba por la mañana mi nombre y a Podemos [en la prensa], porque era cotidiano que surgieran noticias de esto”, describe la gerente Rocío Val. El tesorero Daniel De Frutos prosigue: “Te levantas un día en el cual, en un medio de tirada nacional, hay en portada un artículo sobre ti y te nombran como al contable de Al Capone. En otro medio digital se publica torpemente tu nombre completo, tu DNI y tu número de teléfono particular sin estar tachado. Y, claro, eso genera incredulidad, ansiedad y un poco de inseguridad para ti y los tuyos. También empiezas a aparecer en ciertos chats o foros un poco peligrosos y te recomiendan que, si vas a recoger a tu hijo al colegio, cambies de ruta”. “Tu conducta se modifica”, apostilla De Frutos: “Te metes mucho más en ti mismo, te haces una persona más desconfiada. Es un tema al que no dejas de darle vueltas…”.

Más allá de la instrucción judicial y de su reflejo en los medios, el caso Neurona fue una gran bola de nieve con repercusiones políticas. Según admiten varios altos cargos del partido, condicionaba su discurso y les impedía colocar el foco en los asuntos que ellos querían. Las preguntas de los periodistas se repetían sobre las supuestas irregularidades y la derecha las usaba como arma arrojadiza en muchos debates, sin importar el tema de fondo que se tratase.

Por ejemplo, si el Congreso debatía el 15 de septiembre de 2020 una propuesta de Unidas Podemos para que las encuestas del CIS recuperasen preguntas sobre la monarquía, le sacaban el caso Neurona.

—Están tejiendo una cortina de humo para que nadie hable del fraude y de la estafa que ha supuesto Podemos para la sociedad española. Es un fraude decir que venían a hacer la política contra la corrupción y acabar imputados por tener una caja b. Han falsificado contratos para unas campañas electorales —proclamó ese día Sergio Sayas, diputado entonces de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ahora en las filas del PP tras protagonizar un episodio de transfuguismo.

Si el 19 de abril de 2021, el Senado abordaba una moción en favor de la igualdad de la mujer en el ámbito rural, le sacaban el caso Niñera.

—[Las mujeres] tienen que observar perplejas cómo la ministra de Igualdad utiliza a un alto cargo del ministerio, pagado con fondos públicos, de niñera para su hija —arremetió la popular Ana González García.

Podemos encuadra el caso Neurona dentro del lawfare, un concepto de límites indefinidos que puede traducirse como guerra jurídica. “El objetivo era tenernos secuestradas judicialmente durante mucho tiempo para generar miedo, para generar también desafección en nuestro entorno, para que todo lo que esté cerca de Podemos manche”, resume Ione Belarra, actual secretaria general de la formación y exministra de Derechos Sociales. “Eso es lo más antidemocrático de todo: una fuerza política que es perfectamente legal, que defiende sus ideas a través de las instituciones, ha sido perseguida judicialmente en nuestro país de forma totalmente ilegal, únicamente para buscar su desprestigio”.

“El término lawfare es moderno, tiene poco más de 20 años. Pero la idea o el concepto (si lo entendemos como el ‘uso estratégico o incluso abusivo del derecho’ para conseguir fines políticos que no conseguimos en la arena política) es tan antiguo como el propio Derecho”, ilustra José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona: “Lo encontramos en el Derecho Romano, donde era habitual que se procesase a alguien que era un oponente político para acabar con su carrera política”.

El problema no radica en el desarrollo de una investigación, sino en cómo esta instrucción judicial (sobre todo si se producen excesos) es utilizada a sabiendas como instrumento para influir en la opinión pública y perjudicar al adversario. Es decir, no importa el resultado final y la verdad, sino el daño que se inflige mediante la construcción del relato. “Supone un grave daño a la democracia”, ahonda Irene Montero, que añade: “El daño reputacional que a nosotras nos han hecho no tiene reparación. Aunque hayan archivado el caso, no hemos obtenido justicia porque el daño que nos han hecho, ya nos lo han hecho, y de eso se han beneficiado otros actores políticos, empezando por el PSOE”.

“Todavía no hay nadie que haya respondido mínimamente por esta guerra sucia”, prosigue la eurodiputada de Podemos, que recuerda que el partido ha sufrido otros ataques gestados desde la irrupción de la fuerza de izquierdas en 2014. La Audiencia Nacional investiga cómo se fabricaron informes policiales falsos contra el partido en el seno del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) para desprestigiar a los miembros de Podemos.

El profesor Martí, sin entrar en concreto en el caso Neurona, profundiza en la idea del lawfare como herramienta de “erosión del Estado de Derecho”: “Provoca que la ciudadanía no confíe en la justicia”. “Hay momentos particulares en que, en determinadas sociedades, aumentan las persecuciones de oponentes políticos”. “Actualmente, parece que está pasando”. ¿Por qué? “Al no haber un concepto bien delimitado de lawfare, eso dificulta la respuesta [...] Tiene varias causas, pero una es la polarización política de las sociedades. Cuando se tensionan y las opciones políticas dejan de tenerse un respeto y se abre así la vía del ‘todo vale”. “Es una preocupación global. Lo que no se sabe es cuál es la solución”, reflexiona el docente de la UPF.

“El caso Neurona no nace como una acusación con fundamento, sino que nace precisamente para golpear a una fuerza política que era determinante para que gobernase la izquierda en España”, opina Monedero, que estuvo imputado dos años y medio acusado de haber intervenido como comisionista para que se contratara a Neurona.

La causa comenzó a desinflarse pronto. Al mes y medio, Escalonilla ya cerró una línea de investigación. Pero, pese a que cada indagación que se hacía resultaba infructuosa y provocaba el archivo de más partes, el proceso prosiguió hasta diciembre de 2023. En la recta final, Escalonilla llegó a modificar su tesis sobre la contratación de la consultora: cuando vio que Neurona sí había hecho trabajos para el partido, puso sobre la mesa la teoría de que podían haber pagado mucho para lo que se hizo.

Así que, pese a que la Fiscalía no le veía ningún sentido al nuevo camino emprendido, el juez buscó durante 15 meses un perito que valorase esos trabajos. El elegido fue el consultor Aleix Sanmartín, que concluye que el precio pagado no solo se ajustaba a mercado, sino que en algunos aspectos se movió en rangos “inferiores” al coste previsto para servicios similares. “Encima somos un poco ratillas, es decir, austeros; y habíamos pagado lo justo”, ironiza la gerente Rocío Val. El volantazo acabó condenando a la instrucción.

“Neurona se dilató porque nació para dilatarse”, incide Monedero. Otro gran ejemplo de ese “dislate”, según varios cargos de Podemos, fue esa derivada “mal llamada” caso Niñera y su recorrido. Tras no encontrar pruebas contra Teresa Arévalo, el juez Escalonilla (que había recuperado estas pesquisas por orden de la Audiencia de Madrid) dirigió la causa contra Gara Santana, que había trabajado como responsable de prensa del partido. A petición de Vox, la imputó en abril de 2022 al considerar que quizás ella había ejercido como la cuidadora de los hijos de Montero e Iglesias. Como sustento se apoyó en la declaración de una exescolta de la exministra, que le dijo al juez que había escuchado a Santana quejarse de tener que hacerlo en ocasiones.

Santana, de 37 años, cuenta que se enteró de su imputación porque sus amigas vieron su nombre y su rostro en la televisión. “Mi miedo era no poder explicárselo yo a mi madre antes de que ella lo viera en la tele”. Llegó tarde.

En julio de 2022, declaró ante el juez Escalonilla. Le aclaró que le gustan los niños, pero que ella en ningún momento ha ejercido como niñera. “Lo que es fuerte es que, con esa sola declaración, se me abre una imputación por malversación de fondos públicos”. Seis días después de su declaración, el magistrado cerró el caso Niñera. “No consta acreditado”, escribió Escalonilla, “que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.

Santana abandonó el partido meses más tarde. Y volvió a Canarias, donde nació, para rehacer su vida como periodista. Según narra, en una de las primeras entrevistas de trabajo, su interlocutor le dijo: “Yo a ti te aprecio mucho porque apreciaba a tu padre, pero es que tú tienes un tatuaje muy grande escrito en la cara”. Ella, un tanto sorprendida, creía que se refería a su labor de asesora para una formación política. “¿Pero cuánta gente no ha estado en un gabinete de un partido político y luego ha vuelto?”, le replicó. Pero él fue ya más preciso. “No me refiero al tatuaje de gabinete, me refiero al tatuaje de niñera”. Santana rememora que salió de la entrevista entre lágrimas. Cogió el móvil y llamó a su madre:

—Mamá, no hay trabajo, la cosa está difícil.