La discoteca que ardió en Murcia abrió sin pedir la licencia y aprovechó el caos administrativo para eludir la orden de cierre

La discoteca Fonda Milagros, en la que murieron 13 personas en la madrugada del domingo, abrió sus puertas antes de solicitar una licencia al Ayuntamiento de Murcia. Lo hizo, al menos, desde mayo de 2019, tal y como desvelan las publicaciones en las redes sociales en las que publicitaron fiestas y noches temáticas. No fue hasta el 27 de junio cuando la empresa Teatre Murcia S. L., trató de legalizar su situación, a través de una modificación de la actividad, un trámite menor. Con esta solicitud pretendía dar cobertura legal a una operación que ya había llevado a cabo: dividir la gran nave con el fin de albergar dos negocios distintos: se mantenía Teatre, la discoteca que la empresa ya operaba desde 2008, con música discotequera y ambiente juvenil, y se abría Fonda Milagros, con música latina. La operación exprés para legalizar los dos locales no salió bien: la administración fue lenta y denegó que pudiera tomar la vía rápida. Sin embargo, y pese a que desde 2022 tenían una orden de cierre, nadie la ejecutó. Entre alegaciones, recursos, silencios administrativos, falta de coordinación entre departamentos y la apertura por parte de la empresa de un expediente paralelo para legalizar el negocio, Teatre eludió el cierre y ambas discotecas siguieron abiertas hasta que, la madrugada del domingo, ardieron. Y 13 personas murieron.

Fonda Milagros operaba desde 2019 junto a Teatre y no se trataba de locales precisamente clandestinos: eran muy populares en la zona de ocio y en sus instalaciones se celebraban fiestas de graduación, cumpleaños y todo tipo de eventos. El trámite para legalizar la división de una nave en dos discotecas que inició la empresa era una “comunicación de modificación no sustancial para el ejercicio de actividad de discoteca” que no obtuvo respuesta hasta enero de 2022. El Ayuntamiento no dio por bueno el trámite: requirió a la empresa que presentara un proyecto completo con el que se pudiera dar licencia a los dos negocios, dado que se trataba de un cambio “sustancial”. A la vez, se comunicó a la empresa que debía cerrar. En ese mismo expediente, el 117/2019, se incluyó después, en octubre de 2022, el decreto de orden de cierre en el que se da traslado a los servicios de inspección “para comprobar el cese de la actividad”.

Los locales no cerraron. Y la certificación de la inspección no era la única vía para que el Ayuntamiento hiciera cumplir su decisión de clausurar los locales. Como señala el decreto de cierre, “en el caso de que no se hubiese producido el cese voluntario [tal como ocurrió], se procederá por esta administración a la ejecución forzosa del acto administrativo utilizando para ello los medios que sean necesarios, incluidos el precinto del establecimiento”. Así, en el mismo documento oficial, el Ayuntamiento se atribuye la capacidad de tramitar esa ejecución forzosa, que nunca se dio y que debería haber resuelto el propio departamento de urbanismo. Incluso, se hace referencia a otros recursos recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, como son las multas coercitivas, que tampoco se impusieron. En la misma orden de cierre, el Ayuntamiento advirtió a la empresa de que el incumplimiento del cese de actividad podía ser considerado desobediencia grave, un delito recogido en el Código Penal que conlleva pena de cárcel. E incluso informa a la empresa de ocio del procedimiento a seguir en el caso de querer legalizar el negocio, trámite que la sociedad ya había iniciado.

Tras este decreto, sí hubo una actuación de la inspección, el 21 de octubre de 2022, en la que el funcionario emitió un acta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El inspector de actividades señala que “en respuesta” a la orden de cese que pesa sobre el local, “una vez contactado con la titularidad, declaran y aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización”. Este documento es el último que figura en el expediente abierto en el Ayuntamiento en 2019 a raíz de la petición de la empresa para dividir el local en dos espacios diferentes. No especifica si el local está o no abierto. Tampoco si esa documentación aportada es o no válida. Solo da acuse de recibo. Y después de la actuación de ese inspector, que no acudió al lugar, sino que, únicamente, contactó con la empresa, el Ayuntamiento no llevó a cabo ningún otro trámite.

Un expediente paralelo para legalizar los locales

Los documentos que menciona el inspector en la última acta —los que la empresa alega que registró por vía telemática— ni siquiera hacían referencia al expediente original que acabó rechazado en el Ayuntamiento. Los papeles que dicen haber enviado son parte de otro expediente, el 248/2022, iniciado cuando, tras la negativa de la administración a dar el visto bueno a la división del local y ordenar el cierre, los propietarios decidieron presentar un proyecto, tal y como reclamaba el Ayuntamiento. Esta nueva carpeta se gestionó en paralelo a la otra, que quedó en el limbo, con una orden de cierre no ejecutada. El nuevo expediente, donde Teatre solicitaba el cambio de actividad con un proyecto más amplio, sí siguió su curso en la administración, con revisiones e inspecciones: entre otras, hay un acta de Sanidad, fechada en marzo de 2023, que sostiene que se han subsanado las deficiencias detectadas por el mismo servicio un mes antes.

Así, en el Ayuntamiento de Murcia existen dos expedientes, el que incluye la orden de cierre que quedó varado y el iniciado para legalizar la existencia de los dos negocios que, en cualquier caso, llevaban funcionando de forma separada desde, al menos, abril de 2019. Además, para eludir la ejecución de cierre, Teatre utilizó el proceso de legalización y el Ayuntamiento no hizo nada. Tampoco saltaron las alarmas cuando Sanidad, entre otros servicios, acudió a Teatre para inspeccionar las cocinas, pese que se trataba no solo de un proyecto de legalización, sino un establecimiento sobre el que pesaba una orden de cierre. La falta de comunicación entre los departamentos, que además están separados físicamente en dos dependencias municipales, posibilitó que la empresa aprovechara el embrollo administrativo y funcionara con impunidad.

Las dos empresas que regentan actualmente los dos negocios, Teatre y Fonda Milagros, se han señalado mutuamente. El abogado de la discoteca latina, Francisco Adán, asegura que su cliente tiene un contrato de arrendamiento de un local con licencia de actividad, mientras que la de Teatre, María Dolores Abellán, sostiene que la documentación del suyo está en regla. En el Ayuntamiento nadie explica por qué la orden de cierre nunca se ejecutó.