Los socios del Gobierno salen unidos de la moción de censura pero la prueba de fuego será la ley de vivienda

La moción de censura le ha sentado bien a la coalición de gobierno, incluso mejor de lo esperado. En la última jornada, donde ya no habló Yolanda Díaz, Pedro Sánchez aprovechó para reivindicar en varias ocasiones la coalición. De nuevo, todos los ministros y diputados que apoyan al Ejecutivo, incluidos los de Podemos, aplaudieron en pie la intervención del presidente, un gesto repetido que tiene su relevancia política. “España no está al borde de la ruptura, el apocalipsis que pronostica la derecha no llega. España cuenta con un Gobierno de coalición progresista que protege a la mayoría social y hace reformas con paz social”, dijo Sánchez, tal vez con Francia y su revuelta contra la reforma de las pensiones en la cabeza, aunque sin citarla. El presidente insistió en lanzar mensajes positivos y de “esperanza”.

Luego, en los pasillos, las ministras de Podemos se concentraron como es habitual en los problemas que aún tiene la coalición, sobre todo en la discrepancia por la reforma de la ley del solo sí es sí. Ahí el acuerdo parece imposible, pero hay otra norma que sí puede ser una prueba de fuego para ver si la coalición logra superar los momentos difíciles que vivió en las últimas semanas o se instala en el bloqueo.

La reforma de las pensiones, acordada entre el PSOE y Unidas Podemos, pactada con Bruselas y con los sindicatos, ha sido un hito muy importante que demuestra que la coalición sigue negociando pese a la tensión y saca adelante leyes relevantes que marcan claramente su perfil progresista. El contraste entre este texto sin ajustes —al contrario, con mejoras en las pensiones mínimas y sin perjudicar a las demás— con la reforma francesa, contestada en la calle, es muy claro.

Pero ahora llega el turno de la ley de vivienda. Después del fiasco de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que decayó por el rechazo de ERC y Bildu, la de vivienda es el punto de discusión interno de la coalición más relevante. Fuentes del Gobierno de los dos sectores insisten en que la coalición no puede permitirse el lujo de no aprobar esta norma, algo que se viene arrastrando prácticamente desde el principio de la legislatura con intensas discusiones.

A diferencia de la ley mordaza, que llegaba a través de una reforma planteada por el PNV, esta es una ley estrictamente del Gobierno. De hecho, el problema inicial en este texto no era la coalición, que pactó la norma después de intensas negociaciones. El conflicto estaba en ERC y Bildu, que no consideraban suficiente lo que llegó al Congreso y exigían mejoras, sobre todo en el control de los alquileres para poner coto a las subidas desenfrenadas. Pero ahora que el acuerdo con ERC y Bildu parece más cercano, aunque no está ni mucho menos cerrado, Podemos plantea que el PSOE no es suficientemente ambicioso en esta reforma.

Los socialistas están molestos con esta actitud porque sostienen que la ley ya se pactó en la coalición, y es la que ha llegado al Congreso, y Podemos no puede reabrirla. Pero el grupo de Ione Belarra señala que las cosas han cambiado desde que se pactó, hace más de un año, y la situación ha empeorado y por tanto hay que ir más lejos. Podemos se ha colocado así al lado de ERC y Bildu, algo que molesta especialmente al PSOE porque cree que el grupo de Belarra debería actuar como Gobierno, y por tanto, defender la norma que está presentada.

Lo cierto es que por estas tensiones de la coalición y por la agenda parlamentaria intensa de las últimas semanas, con una moción de censura que concluyó este miércoles, se ha retrasado cualquier avance en la negociación. ERC y Bildu están esperando la respuesta a una contrapropuesta que enviaron al Ejecutivo con los puntos más delicados. Se esperaba que esta semana pudiera haber una reunión, pero las últimas noticias indican que como pronto se dejará para la próxima.

Las posiciones no están tan alejadas, según coinciden distintas fuentes negociadoras de todos los sectores, pero falta el remate final, y eso es casi más una decisión política que una negociación técnica. Ya está bastante claro hasta dónde llega cada uno.

El Gobierno fue bastante lejos en las negociaciones, y propuso un límite del 3% de aumento anual para todos los alquileres. Ahora mismo está en el 2% por la situación excepcional de la guerra de Ucrania y la inflación, pero este tope decae a finales de año. Después de poner esa idea encima de la mesa, el Gobierno la retiró porque Nadia Calviño, máxima responsable del área económica, la vetó claramente, según diversas fuentes. Calviño no quería ningún tope definitivo.

Podemos se indignó ante este movimiento de la vicepresidenta, y eso enrareció el ambiente en la coalición. ERC y Bildu dejaron claro entonces que sin 3% no habría acuerdo. El Ejecutivo cedió y planteó un 3% de tope pero solo para 2024, y a partir de ahí se elaboraría un índice específico para establecer límites que haría el Instituto Nacional de Estadística. Esta idea ya se acerca más a lo que piden ERC y Bildu, pero la negociación no avanza y el índice específico no queda muy aclarado en las conversaciones.

Límites

El otro gran asunto delicado es qué hacer con las viviendas que entren nuevas en el mercado. ERC y Bildu, con el respaldo de Podemos, quieren establecer ahí también límites, para impedir que las nuevas viviendas que se ponen en alquiler tiren hacia arriba de los precios o se generen fraudes sacando las casas un tiempo y volviéndolas a meter como nuevas.

Esa discusión es más difícil de resolver porque tanto Calviño como otros dirigentes del área económica del Gobierno temen que si se ponen muchas dificultades, algunos propietarios no meterán sus viviendas en el mercado del alquiler o las sacarán, y el efecto será incluso peor del buscado, con una subida de precios aún mayor. En esa discusión sigue el debate interno, a falta ya de una decisión política final.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tienen una conversación pendiente sobre este asunto, según aseguró la vicepresidenta segunda, lo que deja claro que el desbloqueo será político. Pero a estas alturas, todas las fuentes consultadas insisten en que confían en que habrá un acuerdo tarde o temprano. No queda mucho tiempo, tendría que ser en abril para que pueda aprobarse. Y esa sería la gran prueba de que la coalición sigue adelante pese a las tensiones.

Díaz llegó a decir en el Congreso que hay coalición “para muchos años”. En La Moncloa ya están diciendo que Sánchez necesitará al menos dos legislaturas para “deshacer todos los destrozos del PP”. Para eso antes tendrán que ganar las elecciones. Pero mucho antes, tienen que resolver el asunto de la ley de vivienda como prueba de que la coalición sigue funcionando bien pese al ruido.