Feijóo, ante la encrucijada del aborto

El 1 de junio de 2010 entró en el Tribunal Constitucional el recurso del PP contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero que ahora, 13 años después, van a estudiar dentro de unos días los magistrados. Aquel texto, comandado por Federico Trillo, miembro del Opus Dei, estaba firmado por 70 diputados del PP, en nombre del partido, contrarios a que las mujeres españolas abortasen de forma libre hasta la 14ª semana de gestación, como dice la norma aprobada por los socialistas en 2010 y que sigue vigente. El documento contiene pasajes durísimos, en los que el PP llega a comparar el derecho al aborto libre hasta la semana 14ª con los totalitarismos. “Cuando los derechos fundamentales miden su alcance por el tiempo de transcurso de la vida, su forma, o su raza, se entra en el camino que justifica todas las fechorías totalitarias que se han perpetrado contra la dignidad del ser humano”, sentencia el recurso. Alberto Núñez Feijóo no se ha atrevido a retirarlo, a pesar de que acaba de anunciar que el PP acepta, ahora sí, esa ley de plazos.

El líder del PP ha girado la posición de su partido tras la crisis en el Gobierno de Castilla y León, que los conservadores comparten con la extrema derecha, por un protocolo antiabortista promovido por sus socios ultras que han terminado rectificando. El Ejecutivo de Pedro Sánchez intervino con un requerimiento para frenar las medidas “en defensa de la vida” que había anunciado el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, de Vox, en una rueda de prensa conjunta con el portavoz del Gobierno, del PP, en la que declaró que su propósito era evitar abortos. “Si estas medidas son útiles para que solo un niño que iba a ser abortado pueda nacer, habrán hecho que merezcan la pena todas las consecuencias negativas de participar en un Gobierno”, confesó el dirigente ultra.

37 años después de que el Gobierno de Felipe González aprobara la despenalización del aborto en España, la interrupción voluntaria del embarazo vuelve al centro del debate sin que los conservadores —que encabezan las encuestas de intención de voto, salvo la oficial del Centro de Investigaciones Sociológicas— tengan resuelta su posición. En un país donde todavía la gran mayoría de los abortos se practican fuera de la sanidad pública, aunque esta los financie (de los 90.189 que se notificaron en 2021 en España, 76.064 fueron en centros privados, el 84,3%, según el Ministerio de Sanidad), la discusión política sigue enredada por los intentos de los sectores más reaccionarios de restringir este derecho reconocido en la ley. Feijóo quería sortear el terreno ideológico, pero el aborto vuelve a escena y lo enfrenta a una encrucijada.

Esta controversia siempre ha sido una patata caliente para el PP. Se llevó por delante incluso al eterno aspirante a suceder a Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, encargado del proyecto legislativo que pretendía retomar el sistema de supuestos de la ley de 1985 de González, que con Zapatero se convirtió en un modelo de plazos. El entonces ministro de Justicia dimitió en 2014 después de que el presidente, que le había encomendado elaborar la nueva ley, le ordenara desistir por el rechazo social que concitaba la reforma. Pedro Arriola, asesor demoscópico de Rajoy, le enseñó a Gallardón las encuestas internas que decían que el PP iba a tener un problema, sobre todo con los jóvenes, si seguía adelante con la ley. Ante el monumental fiasco, Gallardón abandonó la política, Rajoy metió la norma en un cajón y gobernó dos legislaturas con la ley de plazos.

Las encuestas también han estado muy presentes en Génova en la crisis en Castilla y León. La polémica pilló totalmente desprevenida a la dirección nacional y al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, un barón del ala moderada, pero sensible hacia las posiciones antiabortistas, que se sorprendió cuando escuchó a su vicepresidente. Había leído las cuatro medidas acordadas con sus socios ultras —entre ellas, la posibilidad de ofrecer a las embarazadas escuchar el latido fetal y someterse a una ecografía anticipada en 4D— y no había encontrado nada raro. No imaginó en ningún caso el descomunal revuelo que iba a montarse.

El problema, sostienen en el entorno del presidente autonómico, fue cómo vendió Gallardo la iniciativa en su comparecencia del jueves 12 de enero. Porque lo hizo como una actuación pensada para evitar abortos y como un conjunto de medidas obligatorias para los médicos, lo que, según el PP, no se había acordado así. “Lo peor es que frivolizó. Los de Vox son unos moralistas dogmáticos, y Gallardo no es capaz de distinguir lo institucional de lo político”, se escucha con malestar en el entorno del barón popular.

Mañueco ordenó la misma tarde del jueves a su consejero de Sanidad que desmintiera a Gallardo, pero el PP no fue capaz de aclarar en casi cinco días, hasta la declaración institucional del presidente autonómico del lunes, si rectificaba por completo o no. La dirección nacional pidió a Mañueco el sábado anterior en un cónclave de Zaragoza que hablara él mismo y zanjara el asunto. “Alfonso trató de tranquilizarnos, pero no nos tranquilizaba nada”, cuenta un dirigente al tanto de las conversaciones. “Se le pidió: ‘Zánjalo ya”. Feijóo, al habla con Mañueco, tuvo claro desde el principio junto a sus colaboradores que el debate no interesaba al PP, consciente de que la mayoría social está de acuerdo con el aborto.

El problema de Feijóo es que el debate interno en el PP no está resuelto. El partido está dividido en una fractura que ni siquiera se corresponde con el esquema tradicional de los sectores más moderados o más duros. El recurso de inconstitucionalidad, sobre el que decidirá ahora un tribunal de mayoría progresista, contaba con la firma de algunos de los dirigentes del sector moderado del PP. Ahí figuran las rúbricas de José Luis Ayllón, Alfonso Alonso, Fátima Báñez… así como la de Rajoy y la de Soraya Sáenz de Santamaría. El PP, incluso su ala más pragmática, tenía muy claro, como dejó por escrito, su rechazo a la ley de plazos. Su argumento era que “dejar la continuidad o no de esa vida, su existencia o muerte, a la nuda decisión incondicional e irrestricta de la madre […] supone, por una simple medición de tiempo sin ningún fundamento biológico, ético, ni jurídico, proclamar el desvalor social de la vida concebida durante las 14 primeras semanas”, según se lee en el recurso de los populares.

Feijóo ha anunciado ahora que acepta esa ley de plazos sin que el partido haya celebrado ningún debate orgánico para ese cambio de postura, que sigue siendo polémica en el PP y en parte de su electorado. “Yo estoy en radical desacuerdo con que el aborto sea un derecho. El aborto es un fracaso y no puede utilizarse como un anticonceptivo”, afirma Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, en conversación con EL PAÍS. Aguirre se confiesa conforme con las medidas promovidas por Vox en Castilla y León, “siempre que no sean obligatorias” y pone voz a un sector del partido que se mantiene contrario, en línea con la Iglesia, a adoptar una posición más pragmática. “El aborto no puede ser considerado un derecho, pues niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana que sostiene todos los demás derechos”, han manifestado los obispos de Castilla y León tras la polémica del protocolo antiabortista.

En un nuevo ejercicio de equilibrismo, Feijóo ha virado la posición del PP sobre la ley de plazos, pero sin retirar el recurso al Constitucional —tampoco sería técnicamente sencillo, pues deben hacerlo los 70 firmantes—. El partido prevé un varapalo en la justicia, ya que va a decidir un tribunal de mayoría progresista. Algunos dirigentes del ala más liberal consideran por eso que deberían haber movido ficha ya, y en todo caso antes de que el Constitucional se pronuncie. “Hoy la ley está aceptada, teníamos que haberlo retirado y haberlo explicado”, argumentan estas voces. Pero Feijóo no ha llegado tan lejos.

El episodio de Castilla y León revela también la difícil cohabitación de los populares con la extrema derecha, sobre todo en un año electoral en el que los de Abascal se juegan mucho. Ante el agotamiento de algunas de sus banderas, como la crisis catalana, los ultras eligen un tema que electoralmente los beneficia y que pone en aprietos al PP. “Lo que ha pasado favorece a Vox y al PSOE. El PP siempre está acomplejado”, reconocen en el PP de Castilla y León. “El aborto es un tema muy delicado para nosotros, unimos a sensibilidades muy diferentes”.

Para el PP, este es un terreno pantanoso en el que nada tiene que ganar, y sí mucho que perder. La interrupción voluntaria del embarazo cuenta desde hace tiempo con apoyos muy mayoritarios. Según una encuesta de Ipsos de 2022, el 70% está de acuerdo con que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. En el electorado socialista, el respaldo se eleva hasta el 80%, y en el de Unidas Podemos hasta el 87%, pero en la derecha también hay bastante consenso. El 59% del electorado del PP está a favor, y hasta un 47% del de Vox.

“El PP tendría que desmarcarse aquí de Vox”, considera José Pablo Ferrándiz, investigador de Ipsos, que argumenta que “para que la derecha llegue al Gobierno necesita una importante desmovilización de la izquierda, y que se produzca un trasvase del PSOE al PP”. Sin embargo, la respuesta poco nítida del PP sobre el aborto es perjudicial para sus intereses, según el analista demoscópico, porque “una polémica de este tipo puede movilizar a la izquierda y, sobre todo, alejar al electorado moderado que podría plantearse votar al PP”.

Pero Feijóo, presionado también por los sectores antiabortistas de la derecha, va a dar la batalla contra la nueva ley del Gobierno de Pedro Sánchez, según explican en su entorno. Centrará su discrepancia en que las menores de edad a partir de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, una posibilidad que se recupera después de que Rajoy la eliminara de la norma de Zapatero. Ni siquiera sobre ese punto hay consenso en el PP. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defiende que puedan hacerlo con conocimiento de sus padres, pero en caso de conflicto ellas deben tener la última palabra. Feijóo plantea que en ese caso decida un juez. Los populares también reclaman que se mantenga un plazo de reflexión de tres días para que las mujeres se replanteen su decisión.

Después de bifurcarse en Castilla y León, el rechazo a la capacidad de abortar de las menores volverá a hacer converger al PP con Vox. Ambos partidos unirán sus votos contra la norma del Gobierno de Sánchez cuando se vote en el Senado, donde se encuentra en el proceso de enmiendas. Aunque el Tribunal Constitucional resuelva en las próximas semanas que la ley de plazos es constitucional, como se espera salvo sorpresa, el debate sobre el aborto seguirá abierto, espoleado por la derecha, casi cuatro décadas después de despenalizarse.