El Constitucional aparca desde junio fallos clave por el bloqueo del PP en el Poder Judicial

El malestar crece en el Tribunal Constitucional debido al bloqueo en la renovación de cuatro de sus magistrados. Un tercio del órgano de garantías lleva casi seis meses con el mandato caducado debido a la parálisis que imponen ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP, que se niegan siquiera a proponer candidatos para acometer el nombramiento de dos nuevos magistrados para...

El malestar crece en el Tribunal Constitucional debido al bloqueo en la renovación de cuatro de sus magistrados. Un tercio del órgano de garantías lleva casi seis meses con el mandato caducado debido a la parálisis que imponen ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP, que se niegan siquiera a proponer candidatos para acometer el nombramiento de dos nuevos magistrados para el Constitucional que, junto a los dos que corresponden al Gobierno, deben sustituir a los cuatro que tienen el mandato caducado.

El tribunal lleva cinco meses encadenando plenos con un orden del día de relleno y evitando las sentencias más relevantes. Lo hacen así para que no pueda decirse que el Constitucional está paralizado. Pero la realidad es que no se están tocando los asuntos más trascendentes, por expresa decisión del presidente, Pedro González-Trevijano, y del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, que rechazan resolver los recursos con mayor calado político mientras el tribunal siga en funciones, con una composición caducada desde el pasado 12 de junio.

Numerosos asuntos están pendientes de que los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial quieran acordar el nombramiento de dos magistrados del Constitucional, y que este pueda iniciar una nueva etapa, con los otros dos que le corresponde designar al Gobierno. En esta situación se encuentran, entre otras, las sentencias sobre el recurso del PP contra la ley de plazos del aborto (pendiente desde 2010), la eutanasia, la reforma educativa de la ley Celáa o la posible devolución del escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. También aguardan los fallos sobre la validez de los juramentos de acatar la Constitución prestados por parlamentarios de varias formaciones nacionalistas y de izquierda al asumir su escaño, o la legislación para evitar cumplir las sentencias que establecen un mínimo del 25% de las clases en castellano como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña.

Mientras esperan que se produzca esa renovación, los magistrados del Constitucional se las ven y se las desean para proporcionar al presidente ―a quien corresponde confeccionar el orden del día de los plenos― el material idóneo para dar sentido a la labor del tribunal, que a falta de sentencias sobre las leyes más importantes de la legislatura, se ha concentrado en resolver recursos de amparo de ciudadanos que denuncian vulneración de sus derechos fundamentales en toda clase de supuestos.

La sensación de provisionalidad e improvisación se ha instalado en el tribunal. La convocatoria del pleno que va a celebrarse esta próxima semana ha sido, en este sentido, algo accidentada. De entrada, van a participar en esa reunión solo nueve magistrados, salvo que cambien de planes los dos que tenían programados viajes para este final de mes, en que no estaba prevista sesión plenaria alguna hasta que el pasado miércoles se decidió organizarla.

Con nueve magistrados hay quórum suficiente, pero no es aconsejable someter a deliberación los asuntos de mayor calado. El orden del día se ha hecho a retales, con diversos recursos de amparo —entre ellos dos que afectan al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sobre los avatares de su reconocimiento como eurodiputado―, y otros asuntos que primero entraron en las previsiones y luego se cayeron. Y entre las que se mantuvieron, algunas que los magistrados, salvo el ponente de cada caso, han tenido que estudiar a marchas forzadas, porque el ritmo de elaboración de sentencias ya nada tiene que ver con los usos habituales del tribunal.

En el Constitucional, en suma, en este momento no hay método. “Caminamos sin rumbo”, confesaba a EL PAÍS uno de los miembros del tribunal, cuyos integrantes siguen con perplejidad la evolución de las conversaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados que le corresponde elegir. En el órgano de garantías se percibe claramente que el sector conservador del Consejo lleva desde septiembre pasado poniendo todo tipo de excusas para dificultar la renovación, primero con el argumento de que no encontraban candidatos, luego que no les parecía bien el propuesto por el sector progresista, más tarde con que discrepan de la metodología para la elección. Mientras tanto, cada aplazamiento supone semanas o un mes entero de retrasos para el siguiente intento de pacto, cuando para elegir a un candidato bastarían pocas horas.

Hasta ahora, lo que más temía el tribunal en este contexto era que el Gobierno se canse de esperar al Consejo, y nombre a los dos magistrados que le corresponde designar. Lo veía con preocupación a sabiendas de que el pleno del Constitucional encargado de dar el plácet a los nombrados se dividiría, porque los conservadores creen que el tribunal tiene que renovarse por tercios por mandato de la propia Constitución, lo cual implica a cuatro magistrados, y no solo a dos. Desde hace semanas, sin embargo, ese clima ha empezado a cambiar.

En el tribunal es muy mayoritario el criterio de que la renovación no puede ni debe esperar más. El sector conservador del tribunal tiene muy asumido, en paralelo, que la nueva mayoría del Constitucional será progresista, y que solo hay dos candidatos ―Cándido Conde-Pumpido o María Luisa Balaguer― para alcanzar la presidencia. Por tanto, consideran que prolongar esta situación de bloqueo solo puede incrementar el daño que se está provocando al tribunal.

En este contexto, ya han sido varias las sesiones de las dos Salas en que se divide el Constitucional que han terminado con despedidas entre los magistrados, convencidos de que cada una de ellas iba a ser la última. Los cuatro que van a cesar ―los mencionados Trevijano y Xiol, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares― tienen planes personales y profesionales comprometidos desde hace meses para el momento de su salida, que no llega y puede acabar desbaratando sus previsiones, porque afectan a Universidades, a la Fiscalía o a despachos de abogados que también funcionan con proyectos y calendarios que son difíciles de alterar.